A 31 años del atentado a la AMIA: la impunidad sigue, el terrorismo también

El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, una explosión sacudió el corazón de Buenos Aires y desgarró para siempre al pueblo argentino. La bomba que estalló en la sede de la AMIA dejó 85 muertos, más de 300 heridos y una herida abierta que todavía supura impunidad, dolor y vergüenza. Han pasado 31 años, pero la memoria no descansa. No puede hacerlo mientras la justicia siga ausente.

Hoy, como cada año, el sonido de la sirena volvió a romper el silencio de la calle Pasteur. Pero no hay sonido que supere el estruendo de las preguntas sin respuesta, ni acto oficial que tape la ausencia de condenas firmes. Porque a más de tres décadas del atentado más grave en la historia argentina, no hay un solo detenido. Porque la impunidad no es una herida del pasado, es una política de Estado que se renueva cada día.

La Justicia argentina señaló hace años al Estado iraní como autor intelectual del atentado. Se identificó a Hezbollah como brazo ejecutor. La Interpol emitió circulares rojas contra exfuncionarios iraníes. Y, sin embargo, seguimos esperando que el Estado argentino actúe con la firmeza que exige una masacre como esta.

Este año, en el acto central, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, lo dijo sin rodeos: “El atentado contra la AMIA no puede ser comprendido como un hecho aislado. Debe entenderse a nivel regional, en el marco de una política sistemática de penetración, cuidadosamente articulada desde Teherán”. Pidió que Argentina designe como terroristas a las Fuerzas Quds, parte de la Guardia Revolucionaria iraní, y que se consolide una alianza global contra el terrorismo. También denunció el abandono del Estado frente al deterioro de la documentación clave de la SIDE, contaminada por asbesto y guardada en edificios en ruinas.

Todo esto ocurrió ante la mirada atenta del presidente Javier Milei, que repitió frases vacías sobre "no parar hasta que haya justicia". Pero la contradicción es tan brutal como dolorosa. Porque mientras en los discursos se exige justicia, en los hechos se honra la impunidad.

¿De qué justicia hablamos si el actual ministro del área, Mariano Cúneo Libarona, fue acusado de encubrimiento en la causa AMIA? ¿Cómo se explica que un hombre que estuvo preso por retener un video clave del atentado, que fue señalado por extorsionar a un juez, hoy sea el encargado de administrar el sistema judicial de nuestro país?

Ese no es un detalle menor. Es una afrenta directa a las víctimas, a los familiares y a todo el pueblo argentino. Es una muestra brutal de que no se trata solo de lo que no se hizo en el pasado, sino de lo que se sigue haciendo en el presente para garantizar que la verdad no salga nunca a la luz.

La memoria sin justicia es solo un acto ceremonial. La verdad sin consecuencias es apenas un gesto retórico. No podemos rendir homenaje a las víctimas del terrorismo mientras premiamos con cargos de poder a quienes encubrieron a los responsables. No se puede exigir justicia con una mano y proteger a los cómplices con la otra.

Hoy, más que nunca, el reclamo debe ser doble: memoria, sí, pero con justicia real. Justicia, sí, pero con coherencia. Porque si los sospechados de encubrimiento ocupan los despachos más altos del Estado, entonces la impunidad no es un accidente, es un proyecto.

Y así como el terrorismo sigue activo, como denunció la AMIA, la complicidad política también. La verdadera memoria exige romper con la lógica de los mismos de siempre. Exige que dejemos de premiar a quienes garantizaron la impunidad.

Porque no habrá justicia completa mientras los que encubrieron caminen impunemente.
Y no habrá memoria plena mientras el poder siga en manos de los que la borraron.