Argentina vuelve a las cavernas: el Gobierno se alinea con la ofensiva anti derechos de Trump
La Argentina se suma al Consenso de Ginebra y abre la puerta a una agenda internacional que busca restringir derechos sexuales y reproductivos. Aborto legal, ESI, igualdad y autonomía vuelven a quedar en el centro de una disputa que parecía superada.
NACIONALINTERNACIONAL
Por Camila Domínguez
8/18/20265 min read
Hay cosas que indignan. Y hay otras que directamente dan vergüenza ajena y bronca a la vez. Que la Argentina, el mismo país que después de décadas de lucha logró legalizar el aborto, sostener la Educación Sexual Integral y ampliar derechos para las mujeres y las disidencias, ahora se sume a una red internacional antiderechos impulsada por Donald Trump y financiada por los mismos que sueñan con volver al siglo XIX, es de una gravedad que no se puede disimular con eufemismos.
El lunes 10 de agosto el canciller Pablo Quirno y el embajador Peter Lamelas firmaron la adhesión de la Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra. Un instrumento no vinculante, sí, pero claramente orientado a hacer lobby en los organismos multilaterales para rechazar el aborto legal y promover una visión restrictiva de los derechos de las mujeres bajo el paraguas de la “familia tradicional” y la “salud de la mujer”. El Gobierno, con su habitual opacidad selectiva, esperó varios días para anunciarlo. Como si esconder la firma pudiera esconder también la decisión política.
El avance de las organizaciones anti-derechos
Pero esto no empezó el 10 de agosto. Unas semanas antes, el 23 de julio, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se transformó en sede de un encuentro que debería avergonzar a cualquiera que todavía pretenda llamarse demócrata. La organización ultraconservadora internacional Political Network for Values (PNFV – Red Política por los Valores) organizó, en alianza con funcionarios nacionales, del Gobierno porteño y legisladores de La Libertad Avanza y el PRO, la jornada “Libertad para el Futuro: una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia”.
Ahí estuvieron Nahuel Sotelo, Santiago Santurio, Joaquín Ojeda, Nicolás Mayoraz. Aparecieron Gabriela Michetti, la senadora Carmen Álvarez Rivero, el ministro porteño y pastor evangélico Gabriel Mraida, Cinthya Hotton y un rosario de funcionarios y referentes que parecen haber encontrado en la “batalla cultural” el pretexto perfecto para empujar una agenda que en cualquier sociedad medianamente moderna ya debería estar superada. El objetivo no se disimuló: promover la “familia tradicional”, rechazar la ESI y trabajar para que el aborto legal deje de ser concebido como un derecho. Álvarez Rivero lo dijo sin vueltas después del encuentro: están todos los proyectos, “hasta la máxima de dar vuelta la ley del aborto”. Solo falta, según ella, que la sociedad lo pida.
Quiénes están detrás de esta agenda
La PNFV no es una ONG inocente de valores familiares. La fundó el exdiputado español del Partido Popular Jaime Mayor Oreja. Hoy la dirige Lola Velarde, una figura cercana a Vox. Durante años tuvo vínculos y apoyo del entorno de Viktor Orbán en Hungría. Es una plataforma transnacional que se dedica a tejer redes, capacitar cuadros y generar sentido común en contra de los derechos sexuales y reproductivos, de la igualdad de género y de cualquier política que se salga del molde heteropatriarcal más rígido. En Argentina ya tenían contactos. Ahora, con el gobierno de Milei y sectores del PRO abriendo las puertas de las instituciones, esos contactos se volvieron oficiales.
Una estrategia para cambiar los consensos
Lo que está en marcha no es solo una discusión parlamentaria. Es una estrategia de largo plazo. Estos grupos saben que hoy no tienen los votos para derogar de un plumazo la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por eso trabajan en otro terreno: el de los consensos. Buscan que la idea de que el aborto es un derecho se debilite, que la ESI se presente como adoctrinamiento, que la “familia tradicional” vuelva a ser el único modelo legítimo y que cualquier avance en igualdad se lea como amenaza. Financiamiento externo, think tanks, encuentros en legislaturas, capacitaciones para jóvenes, discursos de “libertad” que en realidad apuntan a restringir libertades ajenas. El método es conocido. Y es profundamente antidemocrático: intentar torcer desde afuera y desde arriba lo que la sociedad argentina discutió, pelearon y consiguió en las calles y en el Congreso.
Porque hay que decirlo con todas las letras: los derechos que hoy quieren desacreditar no cayeron del cielo ni fueron un capricho de un gobierno. Fueron el resultado de años de organización feminista, de debate público, de movilización y de decisiones democráticas. La ley de matrimonio igualitario, la ESI, la legalización del aborto, las políticas contra la violencia de género no son “ideología de género”. Son conquistas de una sociedad que, a pesar de todo, avanzó. Y aunque el oficialismo actual se empeñe en hablar de “batalla cultural”, los datos de opinión pública siguen mostrando que amplios sectores de la población sostienen esos consensos. Que el acceso a anticonceptivos tenga niveles altísimos de apoyo, que la violencia de género siga siendo vista como un problema central, que mucha gente conozca a alguien que abortó y no lo condene, no es un detalle menor. Es la prueba de que el sentido común que estos grupos quieren revertir todavía resiste.
Una agenda que busca volver atrás
Llamar a esto “cavernícola” o “mentalidad picapiedra” no es un insulto gratuito. Es una descripción precisa. Porque lo que proponen es literalmente volver atrás: restringir la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, limitar la información sexual que reciben niñas, niños y adolescentes, reponer un modelo de familia único y excluyente, y hacerlo con el aval de redes internacionales que ya probaron su capacidad de presión en otros países. Es una mirada anacrónica, retrógrada, que se disfraza de defensa de la vida y de la infancia mientras trabaja para que las mujeres vuelvan a abortar en la clandestinidad y las disidencias vuelvan a ser ciudadanas de segunda.
Lo más grave no es solo la adhesión formal a un documento. Es la legitimación política y el uso de instituciones públicas para instalar esta agenda. Que la Legislatura porteña se preste como escenario, que funcionarios nacionales y locales participen activamente, que se organicen eventos con financiamiento y contactos externos para “generar condiciones” (como ellos mismos reconocen) para que sus valores se vuelvan hegemónicos, debería encender todas las alarmas. Porque el objetivo profundo no es ganar una votación puntual. Es cambiar el piso de lo discutible. Es hacer que lo que hasta hace poco era un derecho conquistado pase a ser otra vez un tema en disputa, y después, si pueden, un derecho perdido.
Argentina no es Hungría ni la España de Vox ni el Estados Unidos de Trump. Tiene una historia de luchas feministas y de ampliación de derechos que no se borra con una firma ni con un encuentro en la Legislatura. Pero tampoco es inmune. Los derechos no se defienden solos. Se defienden denunciando con claridad cuando un gobierno abre la puerta al lobby internacional más retrógrado y cuando sectores políticos locales se prestan a ser su correa de transmisión.
Lo que está en riesgo
Lo que está en riesgo no es abstracto. Está en riesgo la posibilidad de que una mujer decida sobre su propio cuerpo sin ir a la cárcel ni a una sala de guardia en malas condiciones. Está en riesgo que las escuelas sigan dando herramientas para prevenir abusos y embarazos no deseados. Está en riesgo que la igualdad deje de ser una política de Estado y vuelva a ser un favor que se puede retirar. Y todo esto se está gestando a la vista de todos, con sonrisas, con discursos de “libertad” y con la complicidad de quienes deberían proteger las conquistas democráticas, no entregarlas.
No hay neutralidad posible frente a esto. Hay que decirlo fuerte y sin rodeos: lo que estamos viendo es un intento organizado, con plata y contactos del exterior, de hacer retroceder a la Argentina en materia de derechos. Y si no lo denunciamos con la misma contundencia con la que ellos avanzan, el costo lo vamos a pagar todas.