Aviones estadounidenses en Ushuaia: aterrizaje sin aviso, silencio oficial y sospechas sobre la soberanía

Aterrizó sin aviso, sin invitación y sin explicaciones. Como si Tierra del Fuego fuera un territorio disponible, una escala técnica sin autoridades, sin institucionalidad y sin soberanía que respetar. Así llegó a Ushuaia el Boeing C-40C de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, envuelto desde el primer minuto en un manto espeso de opacidad, sospechas y silencios que el gobierno nacional nunca se molestó en disipar.

El avión militar norteamericano tocó pista en el extremo sur del país sin que el gobierno provincial hubiera sido notificado formalmente, sin agenda pública conocida y sin ningún tipo de autorización institucional visible. No fue una visita protocolar. No fue una misión diplomática tradicional. Fue, lisa y llanamente, una irrupción. Y como toda irrupción extranjera en una zona estratégica, despertó preguntas que siguen sin respuesta.

La versión oficial, empujada con torpeza desde la embajada de Estados Unidos y repetida en voz baja por la Casa Rosada, rozó lo insultante: congresistas interesados en “temas ambientales”, “procesamiento de minerales críticos” y “salud pública”. Una excusa tan endeble que se derrumba frente a los hechos concretos. Porque si el interés era científico, ambiental o sanitario, ¿por qué llegar de sorpresa? ¿Por qué no cursar invitaciones formales? ¿Por qué negarse a reunirse con las autoridades provinciales? ¿Por qué el hermetismo absoluto sobre la identidad completa de la comitiva y su verdadera agenda?

Nada en esta visita fue transparente. Nada fue normal.

Lejos de limitarse a una supuesta agenda técnica, la delegación norteamericana recorrió la costa, navegó en catamarán frente al puerto de Ushuaia —recientemente intervenido por decisión del gobierno nacional— y observó de cerca zonas sensibles del litoral marítimo fueguino. No entraron formalmente al puerto, dicen. Como si bordearlo, inspeccionarlo desde el agua y analizar su entorno no fuera, en sí mismo, una forma de observación estratégica.

Tampoco fue casual el interés por proyectos puntuales: la nueva usina termoeléctrica de Ushuaia y la planta de urea y metanol, ambas iniciativas con participación de capitales chinos. Proyectos energéticos, logísticos y productivos que no sólo definen el desarrollo de la provincia, sino que la insertan en un tablero geopolítico global cada vez más tenso. Estados Unidos no vino a hablar de basura ni de cambio climático: vino a mirar qué hacen otros en un territorio que considera sensible.

Porque Tierra del Fuego no es cualquier lugar. Es la puerta de entrada a la Antártida, el punto más austral del país, una zona con pasos bioceánicos únicos y un enclave estratégico de valor incalculable. Fingir ingenuidad frente a eso no es torpeza: es complicidad.

El desembarco de la comitiva norteamericana no puede leerse al margen de la reciente intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno de Javier Milei. Una medida que el Ejecutivo justificó con un manual gastado —“irregularidades financieras”, “desvíos de fondos”, “déficit de infraestructura”— pero que desde la provincia y desde la oposición fue denunciada como algo mucho más grave: una avanzada sobre una infraestructura estratégica con posibles motivaciones geopolíticas.

La sospecha no surge de la nada. Se alimenta de antecedentes concretos. Milei no oculta su alineamiento automático con Estados Unidos ni su afinidad ideológica con el trumpismo. Ya recibió en Ushuaia a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, desplegó banderas extranjeras en una base naval argentina y habló sin ruborizarse de una base conjunta. Luego llegó su sucesor. Ahora, congresistas MAGA aterrizan sin aviso en un avión militar y recorren zonas sensibles mientras el gobierno mira para otro lado.

En ese contexto, los pedidos de informes legislativos no son un gesto opositor: son una obligación democrática. ¿Quién autorizó el vuelo? ¿Con qué carácter ingresó la comitiva? ¿Qué reuniones mantuvo? ¿Qué infraestructura observó? ¿Existen negociaciones formales o informales sobre el control, uso o administración del puerto de Ushuaia? El silencio del Ejecutivo frente a estas preguntas no es neutral: es alarmante.

Lo que está en juego no es una anécdota diplomática ni un malentendido protocolar. Está en juego la soberanía, el federalismo y el derecho de una provincia a no ser tratada como patio trasero de ninguna potencia. Está en juego la transparencia mínima que exige cualquier Estado que se precie de democrático. Y está en juego, también, el límite entre cooperación internacional y entrega silenciosa.

Porque cuando aviones militares extranjeros aterrizan sin aviso, cuando delegaciones recorren infraestructuras clave sin rendir cuentas, cuando el gobierno nacional interviene puertos estratégicos y luego guarda silencio, ya no se trata de torpeza comunicacional. Se trata de una forma de gobernar: a espaldas de la ciudadanía, vulnerando autonomías provinciales y habilitando intereses externos sin control ni debate público.

No fue una simple visita técnica. Fue una señal. Y las señales, en política internacional, nunca son inocentes. Ushuaia no es un decorado exótico para congresistas extranjeros. Es territorio argentino. Y lo que ocurrió expone, con crudeza, un proceso más profundo: el vaciamiento de la soberanía, la naturalización de la injerencia extranjera y un Estado nacional que parece más preocupado por agradar a potencias amigas que por explicarles a sus propios ciudadanos qué se decide, quién decide y para quién.