Caputo se queja del precio de su celular mientras su propio gobierno permite aumentos descontrolados

En una escena que parece de un país paralelo, el ministro de Economía Luis Caputo ha despertado críticas luego de quejarse públicamente de lo caro que le resulta el servicio de telefonía celular en un contexto en el cual él mismo, junto al gobierno, desreguló las tarifas, liberando el mercado y quitando cualquier tipo de control sobre los incrementos que imponen las empresas de telecomunicaciones. Caputo, quien acumula un aumento patrimonial cercano al 2000% en los últimos años, expresó su malestar ante la suba de su factura y llamó a los usuarios a "dar pelea como consumidores". Sin embargo, fue el propio gobierno quien desarmó las normativas que, hasta hace poco, intentaban contener la voracidad de las empresas del sector.

Parece un chiste de mal gusto, pero Caputo realmente pidió a los usuarios que negocien sus precios llamando a las operadoras de telefonía, al tiempo que mencionaba que él mismo está buscando descuentos en su tarifa actual. A pesar de estas declaraciones, lo que parece haber olvidado es que el aumento de más del 60% sobre la inflación promedio de las tarifas de telefonía móvil e internet fue consecuencia directa de su propia política económica, que en abril desreguló el sector y eliminó los límites que contenían los incrementos mensuales.

Para recordar: desde la desregulación impulsada por el gobierno de Milei, las empresas de telecomunicaciones pueden fijar sus precios de manera libre, sin necesidad de autorización ni límite alguno, lo cual ha provocado un ajuste severo en los bolsillos de los consumidores. Según el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), solo en los últimos meses, el precio de los servicios de telecomunicaciones ha subido hasta 60 puntos por encima de la inflación acumulada. Ante esto, Caputo llama a la gente a “pelear” por descuentos individuales, cuando antes los límites estaban protegidos por la regulación que él y su equipo eliminaron.

Los datos demuestran que la situación económica, compleja de por sí, ha llevado a la mayoría de los usuarios a reducir servicios o incluso a cancelar prestaciones básicas. Según encuestas recientes, más del 67% de los hogares ha tenido que pedir descuentos o reducir gastos en telefonía e internet debido al aumento descontrolado de precios, sin obtener resultados duraderos, ya que los incrementos mensuales continúan.

En este contexto, las palabras de Caputo, en lugar de sonar como una solución, parecen una burla para miles de trabajadores que se enfrentan a una economía cada vez más cuesta arriba. Las empresas de telecomunicaciones, ahora con total libertad para imponer tarifas, continúan aprovechando la desregulación mientras el gobierno intenta trasladar la responsabilidad a la ciudadanía. Así, mientras Caputo insta a los consumidores a dar batalla por sus tarifas, su propia gestión se convierte en un claro ejemplo de políticas que solo favorecen a las grandes corporaciones en detrimento de la gente común.