Censura en nombre de la libertad: el nuevo blindaje mediático del gobierno de Milei

La Resolución 1319/2025 publicada en la madrugada del viernes en el Boletín Oficial no es una medida técnica, ni administrativa, ni mucho menos una acción destinada a mejorar la calidad del trabajo periodístico. Es un castigo. Una represalia. Un acto de censura institucionalizado por decreto. Es el manotazo autoritario de un gobierno que no soporta que le pregunten lo que no quiere responder.

El detonante fue evidente. Ocurrió frente a todos. Durante una entrevista pública en la que el ministro Luis “Toto” Caputo intentaba vender como un “Plan de Reparación Histórica” lo que no es más que un blanqueo de capitales para que los ricos traigan sus dólares del exterior sin pagar impuestos, un periodista cometió el pecado de hacer la pregunta correcta: “¿Usted, Caputo, va a traer los suyos?”. Silencio. Evasivas. Bronca. Incómodo, Caputo no respondió. Se ofendió. Y el gobierno, lejos de dar explicaciones, reaccionó como suele hacerlo: con castigo. No al ministro, claro. Al periodismo.

Porque apenas horas después, la Casa Rosada publicó una resolución que endurece brutalmente los requisitos para poder acreditarse como periodista en la sede del poder. Ahora no alcanza con ser periodista: hay que llenar una declaración jurada, someterse a una “matriz de evaluación objetiva” (cuyos criterios no se conocen) y esperar que te dejen entrar… si les caés bien.

¿Quién define esa evaluación? ¿Quién decide qué periodista merece el acceso a la información pública y cuál no? ¿Qué pasa si hacés preguntas incómodas, si cuestionás los datos del gobierno, si no te arrodillás ante la narrativa oficial? Fácil: quedás afuera. No pasás el filtro. No encajás en la “matriz”. El periodismo crítico se convierte así en un problema a neutralizar, y el periodismo oficialista en un modelo a premiar.

Esta resolución no busca organizar el trabajo de prensa. Busca callarlo. Busca blindar al gobierno frente a los cuestionamientos. Busca asegurarse que quienes pregunten en la Casa Rosada sean solo los amigos, los funcionales, los que ya sabemos cómo se portan: los que aplauden, los que repiten, los que no incomodan. Los periodistas lamebotas que actúan como voceros del régimen sin cobrar un sueldo estatal, pero sí con privilegios de acceso y visibilidad.

No es un hecho aislado. Es parte de un patrón. Un presidente que bloquea a quienes lo critican. Una ministra que reprime a jubilados, estudiantes y fotógrafos. Un vocero presidencial que responde con sarcasmo y chicanas cuando se le exige información. Un aparato de comunicación cada vez más cerrado, más agresivo y menos transparente.

¿Esto es la libertad que prometieron? ¿Esta es la “batalla cultural”? ¿Censurar preguntas y cerrar espacios de debate? No, no es libertad. Es tiranía maquillada. Es una dictadura de cartón, sostenida por una corte de comunicadores serviles que se prestan al juego del silencio a cambio de no perder su lugar en la mesa del poder.

En una democracia real, el periodismo no debe ser evaluado con matrices. No debe pedir permiso para preguntar. No debe vestir como le digan ni declarar lo que el gobierno exija. En una democracia real, el periodismo entra, pregunta, investiga y molesta. Porque su rol no es complacer al poder, sino ponerlo en evidencia.

Lo que hace la Casa Rosada no es ordenar. Es cercar. No es administrar. Es controlar. No es selección técnica. Es censura política. Y lo que se juega acá no es solo la libertad de prensa: es el derecho de la sociedad entera a estar informada. Porque sin periodismo libre, lo único que queda es propaganda. Y sin información crítica, la democracia muere de a poco, aunque todavía repita la palabra “libertad” como un mantra vacío.

Hoy la pregunta es otra: ¿hasta cuándo vamos a tolerar que se disfrace de orden lo que es persecución? ¿Hasta cuándo los periodistas independientes van a aceptar quedar afuera mientras los obsecuentes tienen pase libre? ¿Hasta cuándo vamos a mirar para otro lado mientras apagan una a una las voces que todavía se atreven a hablar?

Porque cuando la prensa molesta es cuando más necesaria se vuelve. Y cuando un gobierno decide callarla, es porque tiene mucho que ocultar.