Cierre de Fate: 920 despidos, 80 años de historia arrasados y el símbolo más crudo del derrumbe industrial argentino

El portón cerrado, el cartel frío anunciando el final y 920 trabajadores mirando desde afuera lo que fue su lugar durante años. Así amaneció la planta de Fate en San Fernando. Ochenta años de historia industrial reducidos a una gigantografía pegada en la entrada y a un despliegue policial que parecía preparado más para contener la bronca que para explicar una decisión devastadora. No es solo el cierre de una fábrica. Es un símbolo brutal del rumbo económico actual.

La empresa anunció el cierre definitivo de su planta y el despido inmediato de 920 trabajadores. Novecientas veinte personas que, de un día para el otro, se quedaron sin su ingreso. Novecientas veinte familias que pasan a engrosar una estadística que el gobierno prefiere relativizar. En una Argentina donde conseguir trabajo es cada vez más difícil, donde el empleo formal cae y los salarios están pulverizados, esta noticia no es un dato más: es un golpe seco al corazón productivo y social del país.

El oficialismo habla de eficiencia, de modernización, de apertura al mundo. Pero la realidad es mucho más cruda. Fate estaba produciendo apenas el 25% de su capacidad instalada. El 75% del mercado de neumáticos hoy está cubierto por importaciones chinas. En un solo mes ingresaron 860.000 cubiertas del exterior. Competir en esas condiciones es una quimera. La propia empresa fue clara: los cambios en las condiciones de mercado la obligaron a encarar un enfoque diferente. Traducido: la apertura indiscriminada de importaciones la dejó sin margen.

El resultado es devastador. Una planta con capacidad para producir más de 5 millones de neumáticos al año, con desarrollo tecnológico propio y presencia exportadora, baja la persiana. No hay concurso preventivo, no hay reestructuración, no hay plan de salvataje. Se liquida todo y se pagan las indemnizaciones. Fin. Como si 80 años de industria nacional pudieran archivarse con una transferencia bancaria.

Detrás de cada número hay historias. Trabajadores con décadas de antigüedad que apostaron su vida laboral a esa fábrica. Personal de producción, de limpieza, camioneros, repartidores. No son solo operarios; son padres, madres, sostén de hogares que ahora quedan a la deriva en un contexto donde el mercado laboral no absorbe, no contiene, no ofrece alternativas reales. El discurso de la “reconversión” suena casi ofensivo cuando lo que hay es desindustrialización y caída del consumo.

Este cierre no es un hecho aislado. Es parte de un proceso que muchos ya describen como “industricidio”. Fábricas que reducen turnos, que suspenden personal, que achican operaciones o directamente bajan la persiana. Empresas históricas que no pueden competir contra productos importados más baratos, en un mercado interno deprimido y con costos financieros asfixiantes. El modelo económico actual apuesta a la apertura total, pero la consecuencia inmediata es la transferencia del mercado interno a productores extranjeros.

Mientras tanto, el gobierno insiste en que la liberalización traerá inversiones y empleo de calidad. Sin embargo, lo que se observa es otra cosa: destrucción de puestos formales y crecimiento de la informalidad y el autoempleo de subsistencia. Trabajar ya no garantiza salir de la pobreza. Y ahora, directamente, hay menos lugares donde trabajar.

El cierre de Fate también se da en un clima social enrarecido por el avance de la reforma laboral. El titular del Sindicato de Trabajadores del Neumático, Alejandro Crespo, declaró el estado de asamblea permanente y vinculó lo ocurrido con el modelo que se intenta consolidar. La advertencia es clara: si este es el presente antes de la reforma, ¿qué puede venir después con menos protecciones y mayor discrecionalidad patronal?

La imagen de los trabajadores intentando ingresar, algunos permaneciendo dentro del predio, otros apostados en la entrada, no es una postal aislada. Es la expresión concreta de una tensión social que crece. La policía custodiando una planta industrial cerrada mientras casi mil personas reclaman por su sustento no es una escena de prosperidad ni de modernización. Es la evidencia de un conflicto profundo.

Se podrá argumentar que la competencia global es inevitable. Que la eficiencia manda. Que el Estado no debe intervenir. Pero cuando la apertura se convierte en demolición del entramado productivo, el costo lo paga la sociedad. Cada fábrica que cierra implica menos empleo, menos consumo, menos actividad para comercios y proveedores, menos impuestos para municipios y provincias. Es un efecto dominó que erosiona comunidades enteras.

El cierre de Fate expone la fragilidad de un modelo que promete crecimiento pero entrega desindustrialización. Que habla de libertad económica mientras miles pierden la posibilidad concreta de sostener a sus familias. Que celebra la baja de aranceles sin medir el impacto sobre la producción nacional.

No se trata solo de una empresa que deja de operar. Es el final de una parte de la historia industrial argentina y el reflejo de un rumbo que prioriza la importación sobre la fabricación local. Es el “éxito” de un esquema donde las fábricas cierran, las persianas bajan y los trabajadores quedan en la calle.

Si este es el resultado de la apertura sin límites y del ajuste permanente, la pregunta es inevitable: ¿cuántas Fate más pueden caer antes de que el daño sea irreversible? Porque cuando se pierde industria, no se pierde solo producción. Se pierde trabajo, conocimiento, comunidad y futuro. Y reconstruir eso lleva décadas. Destruirlo, como quedó demostrado, puede llevar apenas unos meses.