Cristina va a la ONU a buscar justicia: las irregularidades del proceso llegan al Comité de Derechos Humanos
Cristina Kirchner recurre a la ONU para frenar su proscripción y denuncia ante el Comité de Derechos Humanos las graves irregularidades del caso Vialidad: jueces que visitaban a Macri en Olivos, peritos militantes, pruebas incorporadas a último momento y una inhabilitación perpetua que huele a lawfare. Con un equipo de abogados internacionales que ya defendió a Lula, la ex presidenta busca suspender su condena y volver a ser candidata en 2027. Una batalla decisiva por la verdadera justicia y la democracia.
INTERNACIONALPOLITICA NACIONAL
Por Armando Ramirez
7/30/20265 min read
En un país donde el Poder Judicial ha sido utilizado demasiado a menudo como herramienta de persecución política, Cristina Fernández de Kirchner vuelve a dar un paso histórico. La ex presidenta presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tres medidas cautelares urgentes contra su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El mensaje es claro: no se trata solo de su caso personal, sino de la defensa de los derechos políticos de millones de argentinos que ven cómo la “justicia” se convierte en un arma de proscripción.
Este recurso internacional no es un capricho ni una maniobra. Es la respuesta razonada y documentada a un proceso judicial plagado de irregularidades, sesgos y conexiones políticas evidentes que desnudan lo que muchos denominan lawfare: la utilización del aparato judicial con fines políticos para eliminar adversarios.
Un fallo con olor a Olivos
La causa Vialidad, que derivó en la condena a Cristina Fernández de Kirchner, está lejos de ser un ejemplo de imparcialidad y seriedad judicial. Muy por el contrario. El Tribunal Oral Federal 2 y la Cámara de Casación exhibieron desde el principio una parcialidad preocupante.
Los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, junto con los miembros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, fueron señalados por su cercanía al gobierno de Mauricio Macri. Visitas a Olivos, reuniones en la Casa Rosada y hasta partidos de fútbol en la quinta presidencial del exmandatario del PRO no son detalles menores. Son pruebas de una falta de imparcialidad que viola los estándares más básicos del debido proceso.
¿Cómo puede un juez que compartía asados y actividades sociales con el principal rival político de Cristina dictar una sentencia “objetiva”? La respuesta es sencilla: no puede. Y ese conflicto de intereses salta a la vista en cada página del fallo.
Irregularidades que claman al cielo
El expediente está lleno de anomalías que harían sonrojar a cualquier observador imparcial. Se citaron testigos que no tenían ninguna relación con la causa, e incluso se cometieron errores insólitos al traer a personas completamente equivocadas. Un perito clave, Eloy Bona, posteaba públicamente contra Cristina en redes sociales y, pese a ser recusado, fue mantenido en el proceso. ¿Imparcialidad? Brillaba por su ausencia.
La base misma de la condena es un escándalo jurídico: el decreto 54/2009, que permitió el pago de obras viales a través de un fideicomiso. Ese decreto no lo firmó solo Cristina. Llevaba también la firma del jefe de Gabinete y de otros ministros. Sin embargo, solo ella fue condenada. El jefe de Gabinete, según la Constitución, es el responsable directo de la administración. Pero contra él no hubo ni un reproche. El objetivo era evidente: colgarle la inhabilitación a Cristina Fernández de Kirchner a cualquier precio.
Se incorporaron pruebas a último momento provenientes de otras causas, se cometieron errores groseros en los cálculos del supuesto perjuicio económico (de las 51 obras cuestionadas, apenas se peritaron tres) y el fallo presenta contradicciones internas tan groseras que, según los abogados internacionales, “es asombroso lo que ocurrió aquí”. En una página afirman algo y en la siguiente sostienen lo contrario. No es serio. Es gravísimo.
La estrategia internacional: Borrego, Valim y Beraldi
Para llevar este caso ante la ONU, Cristina confió en un equipo de primer nivel. El español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el brasileño Rafael Valim, quien representó exitosamente a Luiz Inácio Lula da Silva en su propia batalla contra la persecución judicial de Lava Jato, y el experimentado abogado argentino Carlos Alberto Beraldi.
Los tres leyeron con lupa las más de 1600 páginas del fallo del TOF 2 y las otras 1600 de Casación. Su conclusión es contundente: la inhabilitación perpetua es inconstitucional y no resiste los parámetros internacionales de derechos humanos. La ONU ya se ha pronunciado en contra de este tipo de penas desproporcionadas en casos anteriores.
“La Argentina es un país cuyo orden constitucional está adecuado al sistema de justicia internacional”, explica Valim. La inhabilitación perpetua simplemente no encaja. No importa que figure en el Código Penal: los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y el Comité de Derechos Humanos ya marcó precedentes claros.
El recurso principal busca suspender inmediatamente la inhabilitación para que Cristina pueda ser candidata en las PASO de 2027. Porque una cosa es no poder ejercer el cargo (mientras se resuelve el fondo) y otra muy distinta es impedirle siquiera competir. Ese debate jurídico está abierto y será central en los próximos meses.
Las otras dos cautelares son igualmente relevantes.
La primera se refiere a las condiciones humillantes de la prisión domiciliaria: tobillera electrónica innecesaria cuando hay custodia permanente, restricciones arbitrarias a las visitas que no se aplican al resto de los detenidos en igual régimen. Puro ensañamiento.
La segunda, novedosa y potente, exige que la ONU inste al Estado argentino a completar la Corte Suprema. Con solo tres miembros, no funciona como un verdadero tribunal superior de revisión, violando el derecho a una doble instancia real.
Lawfare y Mesa Judicial: la trama política
Detrás de la causa Vialidad no hay solo jueces. Hay una trama política orquestada desde la Casa Rosada de Mauricio Macri a través de la llamada “Mesa Judicial”. El propio Macri y Javier Milei se atribuyeron públicamente la condena, casi como un trofeo. Cuando los principales beneficiarios políticos festejan una sentencia, la máscara de la “independencia judicial” se cae sola.
Se trató de borrar a Cristina de la cancha. De proscribirla. De impedir que el pueblo argentino vuelva a elegirla. Pero como ocurrió con Lula en Brasil, la persecución judicial termina chocando contra la realidad de los organismos internacionales de derechos humanos.
Lo que está en discusión no es solo el futuro político de Cristina Fernández de Kirchner. Está en juego la calidad de nuestra democracia. Cuando un sector del Poder Judicial actúa coordinadamente con un proyecto político para eliminar a su principal adversaria, el estado de derecho se erosiona gravemente.
Por eso la intervención del Comité de Derechos Humanos de la ONU es tan importante. No es “interferencia extranjera”. Es el mecanismo que la propia Argentina aceptó al suscribir tratados internacionales con jerarquía constitucional. Es la última instancia para quienes consideran que la justicia local fue capturada.
Los abogados Borrego y Valim son claros: una cautelar que suspenda la inhabilitación hasta resolver el fondo del asunto no solo es posible, sino que tiene fundamentos sólidos. Y si se logra, abrirá un debate necesario sobre la real vigencia de los derechos políticos en la Argentina.
Cristina, el pueblo y la democracia
Cristina Fernández de Kirchner no pelea solo por su nombre. Pelea por el derecho de millones de argentinos a votar por quien quieran sin que un grupo de jueces cercanos al poder decida de antemano quién puede y quién no puede ser candidato.
En octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU tendrá la oportunidad de analizar este caso. Más allá de los tiempos procesales y las dificultades internas del organismo, la trascendencia democrática del reclamo es innegable.
Porque una democracia donde se proscribe a la líder más votada de la oposición con un fallo lleno de irregularidades y conexiones políticas no es una democracia plena. Es una democracia condicionada, vigilada y manipulada.
Cristina recurrió a la ONU buscando una verdadera justicia. Esa que en la Argentina, para este caso, brilló por su ausencia. Ahora le toca al mundo mirar con atención. Y a los argentinos, defender el derecho elemental a elegir sin proscripciones.
La historia, como siempre, tendrá la última palabra. Pero esta vez, Cristina no está sola. La tiene el pueblo que la sigue sosteniendo y los organismos internacionales que, como en el caso de Lula, pueden ponerle un límite al lawfare cuando la justicia local se transforma en venganza política.
La proscripción no pasará.