Crueldad sin límites: Milei deja sin subsidios a personas con discapacidad mientras el poder vive entre lujos
El Gobierno de Javier Milei decidió dejar de subsidiar los pasajes de larga distancia para personas con discapacidad y sus familias, pese a tratarse de un derecho garantizado por ley. Mientras el oficialismo celebra un “ahorro” de 27 mil millones de pesos, miles de argentinos que necesitan viajar para atenderse en hospitales como el Garrahan quedan atrapados en la incertidumbre. El contraste es brutal: ajuste para los más vulnerables y privilegios para un poder cada vez más rodeado de lujos, escándalos patrimoniales y ostentación.
POLITICA NACIONAL
Por Julián Pereyra
5/27/20264 min read
La crueldad ya no parece tener techo. El gobierno de Javier Milei decidió avanzar ahora sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: las personas con discapacidad, pacientes oncológicos pediátricos y familias que necesitan viajar cientos de kilómetros para poder atenderse. Lo hizo a través de una resolución de la Secretaría de Transporte que confirmó el retiro de subsidios para los pasajes gratuitos de larga distancia, un derecho conquistado por ley y fundamental para miles de argentinos.
Durante años, esos pasajes permitieron que familias enteras pudieran trasladarse hacia hospitales como el Garrahan o el Sor María Ludovica de La Plata para realizar tratamientos, controles, estudios o consultas médicas. No se trata de turismo ni de privilegios: se trata de personas que viajan porque literalmente necesitan hacerlo para sobrevivir o para cuidar a sus hijos. Y ahora el Estado les da la espalda.
La decisión no puede maquillarse bajo palabras técnicas como “desregulación” o “reordenamiento”. Es un ajuste brutal sobre quienes menos posibilidades tienen de defenderse. Porque mientras el Gobierno festeja “ahorros fiscales” y muestra planillas de Excel con números en verde, del otro lado hay madres preguntándose cómo van a pagar un pasaje de más de 100 mil pesos para llevar a su hijo a un tratamiento médico.
Y ahí aparece la pregunta inevitable: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?
Porque el mismo gobierno que dice haber “ahorrado” 27 mil millones de pesos recortando subsidios para discapacitados es el que convive con funcionarios envueltos en escándalos patrimoniales, lujos obscenos y gastos imposibles de justificar. El mismo espacio político donde un diputado libertario llega al Congreso manejando una Tesla Cybertruck importada mientras miles de familias no saben cómo viajar para atenderse. El mismo oficialismo donde Manuel Adorni aparece rodeado de sospechas patrimoniales, remodelaciones millonarias y estilos de vida que parecen estar lejísimos del “no hay plata” que le repiten todos los días a la sociedad.
Ahí está la verdadera obscenidad de todo esto. Te hablan de déficit fiscal mientras ajustan sobre discapacitados. Te hablan de sacrificio mientras exhiben camionetas de lujo, gastos exorbitantes y privilegios del poder. Te hablan de libertad mientras le complican la vida a personas que ya viven situaciones extremadamente difíciles.
“No hay plata para garantizar un derecho básico, pero sí para los lujos del poder.” La contradicción es tan brutal que ya ni siquiera intentan esconderla.
La resolución publicada por la Secretaría de Transporte deja en un limbo jurídico a miles de familias. Porque las leyes que garantizan los pasajes gratuitos siguen vigentes, pero el Estado decidió retirarse del financiamiento y trasladar el problema a las empresas. Y las empresas, obviamente, responden con lo único que les interesa: números.
Mientras tanto, las personas con discapacidad quedan atrapadas en el medio de una pelea económica donde nadie quiere hacerse cargo.
Las compañías de micros ya venían restringiendo cupos, horarios y disponibilidad. Ahora, con el retiro definitivo del Estado, el escenario es todavía peor. Muchas familias temen directamente perder el acceso a los pasajes. Otras saben que deberán endeudarse para poder viajar. Algunas, directamente, no saben qué van a hacer.
Y eso es lo más grave de todo: el ajuste libertario dejó de ser solamente económico para transformarse en algo profundamente humano. O, mejor dicho, profundamente inhumano.
Porque una cosa es discutir políticas fiscales. Otra muy distinta es avanzar contra personas enfermas, chicos con tratamientos oncológicos o familias que dependen de esos traslados para sostener la atención médica de un hijo.
La motosierra ya no distingue sensibilidad, enfermedad ni necesidad. Gobiernan con una planilla de Excel y sin una sola gota de empatía.
Y mientras tanto siguen intentando instalar el relato de que “no queda otra”, de que todos tienen que hacer sacrificios, de que el ajuste es inevitable. Pero curiosamente el sacrificio siempre cae sobre los mismos: jubilados, universidades, trabajadores, pacientes, discapacitados, sectores vulnerables.
Nunca sobre los que gobiernan. Nunca sobre los que viven rodeados de privilegios. Nunca sobre los que aparecen con patrimonios multiplicados, camionetas importadas o reformas millonarias. La crueldad dejó de ser una consecuencia del ajuste. Empieza a parecer directamente parte del método.
Y eso genera algo todavía más peligroso: el desgaste moral de una sociedad que empieza a naturalizar el abandono como política pública.
Porque cuando un país acepta que una persona con discapacidad tenga que pelear incluso por un pasaje para atenderse, lo que se rompe no es solamente un derecho. Lo que se rompe es la idea misma de comunidad. La noción básica de solidaridad. El principio elemental de que el Estado debe proteger primero a quienes más lo necesitan.
Las familias afectadas vienen soportando años de crisis, inflación, medicamentos caros, dificultades para acceder a tratamientos y falta de cobertura. Y aun así siguen adelante. Lo hacen porque no tienen alternativa. Pero ahora reciben otro golpe más desde el propio Estado, que decide ahorrar dinero justamente donde jamás debería hacerlo.
Y todo esto ocurre mientras desde el poder siguen hablando de “batallas culturales”, “casta” y “libertad”, como si gobernar fuera solamente pelearse en redes sociales mientras la realidad se vuelve cada vez más cruel para millones de personas.
Un gobierno también se define por a quién decide ajustar.
Y cuando el recorte llega incluso sobre personas con discapacidad, pacientes enfermos y familias vulnerables, ya no se trata solamente de economía ni de déficit fiscal. Se trata de humanidad.
Y cada vez más argentinos sienten que este gobierno decidió perderla por completo.