De poner límites a la extranjerización a defender su desregulación: el cambio de postura de Bullrich
Un repaso por las posiciones de Patricia Bullrich sobre la Ley de Tierras vuelve a poner en discusión sus declaraciones de 2010 y su postura actual frente a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El debate se reavivó tras una decisión de la Corte Suprema y expone las diferencias dentro del oficialismo.
NACIONAL
Debora Fernandez
10/1/20264 min read
La discusión por la propiedad de las tierras rurales en Argentina volvió al centro de la escena política y dejó expuestas las diferencias entre las posiciones que Patricia Bullrich sostuvo en el pasado y su postura actual frente a la normativa que regula la adquisición de terrenos por parte de extranjeros.
Un informe publicado por Página/12 recuperó declaraciones de la actual senadora en 2010, cuando planteaba la necesidad de debatir mecanismos para regular la extranjerización de tierras y establecer límites. Más de una década después, su posición se encuentra en un escenario político diferente, marcado por el rumbo desregulador del gobierno de Javier Milei y por la discusión sobre la eliminación de las restricciones vigentes.
El contraste entre ambas etapas reabrió el debate sobre el rol del Estado en la protección de los recursos territoriales y sobre las modificaciones impulsadas por la actual administración nacional.
Una ley que establecía límites a la compra de tierras
La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, estableció restricciones a la titularidad extranjera de terrenos rurales en el país. Entre sus principales disposiciones fijó un límite del 15 por ciento para la participación extranjera en las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de establecer restricciones vinculadas con la nacionalidad de los compradores y la cantidad de superficie que podía concentrar un mismo titular.
La normativa buscaba regular la adquisición de un recurso estratégico para la producción agropecuaria, el acceso al agua, la preservación de los ecosistemas y el desarrollo de las economías regionales.
Con el cambio de gobierno, estas restricciones quedaron bajo revisión. El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por Milei, incluyó una disposición destinada a derogar la ley, como parte de un programa más amplio de desregulación económica.
La iniciativa abrió una controversia política y judicial que se extendió durante los años siguientes. Mientras el Gobierno defendió la flexibilización de las reglas como una herramienta para facilitar inversiones, distintos sectores cuestionaron la eliminación de los límites y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para el control de los recursos naturales.
El antecedente de Bullrich y las diferencias actuales
Uno de los puntos centrales del informe de Página/12 es el contraste entre las declaraciones públicas de Bullrich en 2010 y su posición actual. En aquel momento, la dirigente consideraba necesario discutir regulaciones para la adquisición de tierras por extranjeros, con el objetivo de establecer límites y mecanismos de control.
En la actualidad, Bullrich integra el oficialismo y conduce el bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Su actuación política se desarrolla en un contexto en el que el Gobierno impulsa cambios para reducir las restricciones a la propiedad privada y facilitar las operaciones de capitales extranjeros.
Sin embargo, la discusión también generó diferencias dentro del propio espacio gobernante. Tras el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, Bullrich cuestionó los tiempos elegidos por el Ejecutivo para impulsar el tratamiento legislativo de la reforma sobre propiedad privada.
La senadora sostuvo que avanzar con esa iniciativa mientras continuaba la controversia judicial había sido prematuro y advirtió sobre las posibles consecuencias parlamentarias de esa estrategia. Su planteo puso el foco en la coordinación entre las decisiones del Gobierno, el Congreso y los tribunales.
De esta manera, el debate no se limita a las diferencias entre las declaraciones de Bullrich de distintas épocas. También refleja las tensiones que pueden surgir dentro de una misma fuerza política cuando las decisiones institucionales y las estrategias legislativas generan costos o dificultades para el oficialismo.
El fallo judicial y un escenario abierto
La controversia adquirió una nueva dimensión después de que la Corte Suprema dejara sin efecto una resolución judicial que impedía aplicar la disposición del DNU vinculada con la derogación de la Ley de Tierras.
El pronunciamiento no resolvió directamente la constitucionalidad de esa disposición. El tribunal consideró que la organización que había iniciado la demanda no contaba con legitimación suficiente para promover ese reclamo judicial. Sin embargo, la decisión modificó el escenario jurídico y volvió a habilitar, en la práctica, la aplicación de la medida del Gobierno.
El tema ya había atravesado dificultades en el Congreso. Durante el debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el oficialismo intentó incorporar modificaciones para flexibilizar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros. Frente a las resistencias políticas y sociales, ese capítulo fue retirado de la iniciativa que obtuvo media sanción en el Senado.
El resultado mostró que la propuesta no contaba con los apoyos necesarios para avanzar en los términos inicialmente planteados. Ahora, con el nuevo escenario judicial, la discusión vuelve a instalarse tanto en el ámbito parlamentario como en el debate público.
Tierra, inversiones y soberanía
Detrás de la controversia existe una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo que busca el país. Para el Gobierno, reducir las restricciones puede favorecer la llegada de inversiones, facilitar operaciones comerciales y ampliar las oportunidades para quienes buscan adquirir propiedades rurales.
Quienes defienden el mantenimiento de la Ley de Tierras, en cambio, consideran que establecer límites permite preservar herramientas de control sobre un recurso que no solo tiene valor económico, sino también importancia ambiental, productiva y estratégica.
La cuestión adquiere especial relevancia en regiones donde existen reservas de agua dulce, bosques, minerales, explotaciones agropecuarias y territorios cercanos a zonas de frontera. En esos lugares, la titularidad de la tierra puede relacionarse con decisiones que exceden el mercado inmobiliario y repercuten en las comunidades locales.
El recorrido político de Bullrich vuelve a colocar estas diferencias bajo la lupa. Sus declaraciones de 2010 y su actuación actual constituyen dos antecedentes que permiten examinar cómo cambiaron sus posiciones públicas frente a una cuestión que sigue generando controversia.
Con el debate judicial y legislativo nuevamente abierto, la discusión sobre la extranjerización de tierras continúa planteando interrogantes centrales: qué límites debe establecer el Estado, qué condiciones deben regir la llegada de capitales extranjeros y cómo compatibilizar las inversiones con la protección de los recursos naturales.
La evolución de este conflicto dependerá de las decisiones institucionales que se adopten y de la capacidad de los distintos sectores políticos para construir acuerdos sobre una cuestión que atraviesa la economía, el federalismo y la administración de los recursos estratégicos de Argentina.