Del fallo al premio: Milei designó al juez que validó la reforma laboral
Tras validar medidas clave del Gobierno, Pesino seguirá en la Cámara del Trabajo
POLITICA NACIONAL
Camila Dominguez
7/21/20263 min read
Milei ratificó a Víctor Pesino y reavivó las sospechas de premios para los jueces que respaldan su agenda
La decisión del presidente Javier Milei de extender por cinco años el mandato del camarista Víctor Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo volvió a alimentar las críticas de la oposición y del movimiento sindical, que denuncian una preocupante cercanía entre el Poder Ejecutivo y un sector de la Justicia cuyas resoluciones resultaron determinantes para la implementación de las principales reformas impulsadas por el Gobierno.
La continuidad de Pesino fue oficializada luego de que el Senado aprobara su pliego antes de que el magistrado alcanzara los 75 años, límite constitucional para el ejercicio de la magistratura salvo que exista un nuevo acuerdo de la Cámara Alta. Sin embargo, la confirmación quedó envuelta en una fuerte polémica por la secuencia de los acontecimientos.
El camarista fue uno de los jueces que permitió la reactivación de la reforma laboral promovida por el oficialismo. En abril, junto a la jueza María Dora González, suspendió los efectos de una medida cautelar que impedía la aplicación de la normativa impulsada por el Ejecutivo, otorgándole al Gobierno un importante triunfo judicial mientras el fondo de la discusión continuaba abierto.
Pocas horas después de aquella resolución favorable al oficialismo, el Ministerio de Justicia inició el procedimiento para garantizar la permanencia de Pesino en la Cámara del Trabajo. Esa coincidencia temporal despertó fuertes cuestionamientos políticos y abrió interrogantes sobre la independencia judicial, especialmente luego de que el propio magistrado reconociera ante el Senado que había mantenido reuniones con funcionarios del Ministerio y que conocía con anticipación que su expediente sería publicado en el Boletín Oficial.
Las controversias aumentaron semanas más tarde cuando la misma integración de la Sala resolvió intervenir la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), una decisión que distintos sectores sindicales calificaron como un antecedente de extrema gravedad institucional y que fue comparada con intervenciones dispuestas durante gobiernos de facto.
Durante el tratamiento de su pliego, el peronismo expresó abiertamente su rechazo. El senador Mariano Recalde cuestionó la conducta del magistrado y recordó las versiones que circulan desde hace años sobre presuntas irregularidades en su desempeño, aunque esas acusaciones nunca derivaron en una condena judicial. La audiencia dejó expuesto el nivel de desconfianza que genera la permanencia de Pesino dentro de uno de los tribunales laborales más importantes del país.
La diferencia de criterio aplicada por el Gobierno respecto de otros magistrados también alimentó las críticas. Mientras Pesino obtuvo rápidamente el respaldo político necesario para continuar en funciones, el camarista federal Martín Irurzun, que también solicitó una extensión de su mandato al cumplir 75 años, no recibió el mismo tratamiento. El Ejecutivo comunicó al Consejo de la Magistratura que debía iniciarse el concurso para cubrir su vacante.
Para la oposición, la diferencia refleja un patrón de conducta cada vez más evidente: respaldo institucional para los jueces cuyas decisiones favorecen el programa político del Gobierno y un criterio distinto para quienes no forman parte de ese esquema.
La renovación de Pesino tras fallos que beneficiaron directamente a la administración libertaria volvió a instalar el debate sobre la independencia del Poder Judicial y sobre los límites que deben existir entre las decisiones jurisdiccionales y las recompensas políticas. Aunque el Gobierno sostiene que el procedimiento respetó los mecanismos previstos por la Constitución, la sucesión de fallos favorables, reuniones con funcionarios y posterior ratificación del magistrado alimentó las sospechas de un vínculo que, para buena parte de la oposición y del sindicalismo, erosiona la confianza pública en la imparcialidad de la Justicia.