Día Internacional del SIDA: la crueldad del Gobierno frente a quienes más necesitan

Hoy, 1° de diciembre, se conmemora el Día Internacional del SIDA. Un día que debería estar marcado por la memoria, la empatía y el compromiso colectivo. Un día para recordar la lucha incansable contra la estigmatización que todavía pesa sobre quienes viven con VIH. Un día para acompañar, abrazar y sostener a todas las personas que cargan con esta enfermedad en un país donde todavía hay quienes creen que el VIH es un tema del pasado. No lo es. Y por eso esta fecha importa. Porque hablar, visibilizar y garantizar derechos sigue siendo imprescindible.

Pero en vez de poder detenernos en ese reconocimiento, en vez de poder dedicar este día a reflexionar sobre cuánto avanzamos y cuánto falta, nos obligan a hablar de la crueldad. De la desidia. De una decisión política que duele y que, literalmente, pone vidas en riesgo.

Porque mientras el mundo recuerda, reflexiona y acompaña, el Gobierno argentino recorta. Ajusta. Abandona. Y lo hace justo en el área donde cualquier retroceso es directamente mortal.

Las organizaciones que trabajan en la respuesta al VIH —muchas de ellas con décadas de trayectoria y presencia territorial real— vienen advirtiendo algo gravísimo: el recorte presupuestario ejecutado por el Gobierno pone en riesgo la prevención, el tratamiento y la provisión de insumos básicos. No estamos hablando de “gastos” ni de “programas secundarios”: estamos hablando de test rápidos, reactivos para medir carga viral, medicamentos esenciales, campañas de prevención, acompañamiento comunitario y políticas que sostienen la vida de miles de personas.

Para colmo, denuncian que en 2026 el ajuste será aún más profundo. No solo no hay marcha atrás, sino que lo que viene promete ser peor. Más recortes. Más desfinanciamiento. Más vidas puestas en pausa porque una planilla de Excel decidió que su derecho a la salud no es rentable.

Las organizaciones fueron clarísimas: sin presupuesto no hay respuesta al VIH. Y si no hay respuesta al VIH, lo que hay es muerte evitable.

Pero, ¿qué implica concretamente este ajuste? Implica que miles de personas con VIH/SIDA podrían quedarse sin acceso a tratamientos fundamentales. Implica que quienes dependen del sistema de salud pública —la inmensa mayoría— podrían ver interrumpidos sus esquemas de medicación, algo que no solo agrava su salud sino que aumenta la carga viral y multiplica el riesgo de transmisión. Implica que la detección temprana se vuelve más difícil, que se debilita la prevención, que se deja sin herramientas a quienes trabajan en los territorios.

Implica, en síntesis, que el Estado decide mirar para otro lado mientras miles de personas pierden derechos básicos. Y eso no es un error de cálculo, no es una consecuencia colateral, no es mala gestión: es crueldad. Crueldad pura. La decisión consciente de desentenderse de vidas que dependen de políticas públicas sostenidas.

En este día, en el que deberíamos fortalecer el compromiso global y nacional para eliminar el estigma, garantizar el acceso universal a tratamientos y avanzar hacia una sociedad más justa, el Gobierno elige retroceder décadas. Elige abandonar a quienes más necesitan al Estado. Elige exponer a miles de personas a riesgos innecesarios. Elige, en definitiva, hacer política con la salud ajena.

Y no alcanza con hablar de “ajuste”. No alcanza con justificar todo bajo la excusa del orden fiscal. No se puede ajustar sobre vidas humanas. No se puede ajustar sobre tratamientos esenciales. No se puede ajustar sobre derechos que costaron décadas de lucha.

Hoy, el Día Internacional del SIDA nos encuentra con un Gobierno que, en vez de honrar la fecha, la convierte en una denuncia. Nos obliga a recordar que detrás de cada “recorte” hay personas reales. Que detrás de cada insumo que falta hay un cuerpo que sufre. Que detrás de cada decisión política hay una vida que puede salvarse o perderse.

Y que hoy, lamentablemente, eligieron lo segundo.

En un día que debería unirnos para reforzar la lucha contra el estigma y defender derechos, el Gobierno decide abandonar, ajustar y desentenderse. Y esa decisión no es solo irresponsable: es inhumana.

Porque cuando se trata de VIH, cada retroceso es un daño irreversible. Y lo que están haciendo —lo que están dejando de hacer— expone a miles a un riesgo que podría evitarse si hubiera voluntad política.

Hoy, más que nunca, hay que decirlo con todas las letras: la salud no se negocia. Nunca. Y menos cuando se trata de una enfermedad donde el Estado hace la diferencia entre vivir y morir.