El abandono del Estado: La indiferencia de Milei frente a la tragedia en Bahía Blanca

Mientras los medios alineados con el gobierno nacional insisten en construir una imagen favorable de la administración libertaria, la realidad en Bahía Blanca revela un panorama desolador: el presidente Javier Milei no ha tomado acciones concretas frente a una de las peores catástrofes climáticas que ha golpeado a la ciudad en décadas. Más allá de los discursos y las excusas, el Estado ha estado ausente, y el ajuste económico ha dejado a miles de familias sin el apoyo necesario para reconstruir sus vidas.

El temporal que azotó Bahía Blanca dejó al menos 16 muertos, cientos de heridos y daños materiales incalculables. Sin embargo, la respuesta del gobierno nacional fue tan tardía como insuficiente. El Ministerio de Economía giró apenas 10 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires para atender la emergencia, una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que el propio municipio estimó en 400 mil millones la suma necesaria para comenzar la reconstrucción. Para ponerlo en perspectiva, el superávit fiscal de enero fue de 2,4 billones de pesos, lo que significa que la ayuda enviada no alcanza ni el 1% de ese monto.

Pero el abandono no se mide solo en cifras. Mientras Bahía Blanca enfrentaba la devastación, Milei optó por monitorear la situación desde la comodidad de la Quinta de Olivos, sin siquiera considerar la posibilidad de viajar a la zona afectada. Ni siquiera un sobrevuelo simbólico, como se especuló en algún momento, llegó a concretarse. En su lugar, el gobierno envió a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, quienes fueron recibidos con el repudio de los habitantes locales, cansados de la falta de respuestas y de la ausencia de soluciones concretas.

El silencio de Milei fue aún más elocuente. Mientras las familias bahienses perdían sus hogares y sus seres queridos, el presidente suspendió su agenda internacional, pero no para viajar a Bahía Blanca, sino para quedarse en Olivos. Su vocero, Manuel Adorni, tampoco dio explicaciones, y fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien intentó justificar la inacción del gobierno afirmando que la reconstrucción "es responsabilidad de la provincia y el municipio".

La falta de recursos y de presencia estatal no es casual. Es el resultado directo del brutal ajuste implementado por Milei, que desmanteló organismos esenciales para la gestión de emergencias. La Dirección Nacional de Emergencias, clave en la coordinación de la ayuda en situaciones de catástrofe, fue eliminada por decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dejando al país sin un mecanismo eficiente para responder a crisis climáticas como la que golpeó a Bahía Blanca.

A esta decisión se suman los recortes en Vialidad Nacional, denunciados por el Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina (STVyARA). El desfinanciamiento del organismo, con una retención del 42% de su presupuesto para 2024, paralizó obras públicas esenciales y dejó a la ciudad sin el respaldo necesario para la reconstrucción de rutas y vías de comunicación destruidas por el temporal.

El ajuste también llegó al Servicio Meteorológico Nacional, donde se despidió a cientos de trabajadores especializados, afectando la capacidad de emitir pronósticos y alertas precisas. Esta decisión no solo puso en riesgo la seguridad de la población, sino que también dificultó la prevención y la respuesta ante eventos climáticos extremos.

El abandono de Bahía Blanca es la consecuencia directa de un modelo de país basado en el desmantelamiento del Estado y la des responsabilización del gobierno nacional. Mientras Milei celebra un superávit fiscal construido sobre el ajuste y la precarización, miles de familias quedan a la intemperie, sin recursos y con un futuro incierto.

El relato de la "motosierra" y la "austeridad" no puede ocultar la realidad: el Estado está ausente cuando más se lo necesita. La tragedia de Bahía Blanca no es solo el resultado de un temporal devastador, sino también de una política de ajuste que prioriza el ahorro fiscal por sobre la vida y el bienestar de los argentinos.