El espanto en el Senado: negar el derecho de los chicos a ser curados

Lo que ocurrió en el Senado con las declaraciones de la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, es gravísimo. No hay forma de suavizarlo ni de buscarle un costado “malinterpretado”: decir, en medio del debate sobre la emergencia pediátrica, que “los niños argentinos no tienen derecho a ir al Garrahan a ser curados” y que “ese derecho no lo conoce en ningún lado” es un espanto, un golpe directo al corazón de cualquier sociedad que todavía conserve un mínimo de sensibilidad.

Es imposible escuchar esas palabras y no sentir bronca, porque no son un error aislado ni un tropiezo del discurso. Reflejan con total claridad la mirada de una clase dirigente que ya no se molesta en ocultar lo que piensa. Álvarez Rivero se mostró tal cual es: alguien que concibe la salud no como un derecho, sino como un privilegio, y que está dispuesta a justificar que un chico con una enfermedad grave quede afuera del acceso a un hospital de alta complejidad porque, según su razonamiento, “la salud es provincial”.

Lo más indignante es la actitud posterior: cuando fue interpelada por senadores de distintos bloques que le recordaron que la Constitución Nacional garantiza el derecho a la salud, Álvarez Rivero recurrió al latiguillo de siempre, “fui malinterpretada”. No. Nadie malinterpretó nada. Lo que dijo fue clarísimo y lo repitió: su problema no fue de forma, fue de fondo. Su pensamiento es coherente con el proyecto político al que responde: el del ajuste sin límites, el de Milei y sus aliados, que miran números en una planilla de Excel y consideran que los chicos enfermos son un “gasto” a recortar.

El Garrahan no es un hospital más: es un símbolo de lo que debería ser el Estado presente, un centro de excelencia que atiende a miles de chicos de todo el país, sin importar de dónde vienen. Negar ese derecho es negar humanidad. Y lo más triste es que no estamos hablando de un comentario suelto: estamos frente a una línea de pensamiento que hoy domina el poder político, que normaliza lo inaceptable y que busca naturalizar la idea de que sólo algunos merecen ser atendidos.

Hay cosas con las que no se negocia. El derecho de un niño a ser curado no admite excusas, ni tecnicismos de jurisdicción, ni la cobardía de escudarse en que “se dijo otra cosa”. La senadora Álvarez Rivero dijo exactamente lo que piensa. Y ese pensamiento es peligroso, cruel y profundamente injusto.

No podemos permitir que esto se normalice. No podemos acostumbrarnos a escuchar en el Senado de la Nación que un chico no tiene derecho a un hospital. Ese límite lo tenemos que poner nosotros, como sociedad, porque si el poder empieza a dudar de algo tan elemental, mañana cualquier derecho puede ser cuestionado.

El mensaje tiene que ser claro: ningún ajuste, ningún gobierno, ninguna senadora tiene la potestad de decidir qué niño merece vivir y cuál no. Y si a esta altura alguien todavía necesita que se lo aclaren, que quede grabado en piedra: el derecho de un niño a ser curado no se discute, se garantiza.