El Gobierno de Milei Borra la Historia: Cierra Unidad que Investigaba Desapariciones de Niños en la Dictadura

El gobierno de Javier Milei decidió cerrar la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños durante la dictadura, alegando que el organismo violaba el "derecho a la intimidad" y afectaba la "división de poderes". Esta medida, que ha generado fuerte repudio entre organismos de derechos humanos, representa un retroceso en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina, y se suma a la reciente prohibición de hablar en contra de la dictadura. La indignación crece ante la evidente complicidad con los genocidas del pasado.

POLITICA NACIONAL

Por Julian Pereyra

8/14/20243 min read

Indignación y enojo, esas son las emociones que atraviesan a millones de argentinos frente a las últimas decisiones del gobierno de Javier Milei. La noticia del cierre de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños durante la dictadura no solo sacude las entrañas de una sociedad que aún lucha por conocer la verdad y hacer justicia, sino que también confirma lo que veníamos temiendo: la intención deliberada de este gobierno de borrar la memoria y de retroceder en derechos conquistados a fuerza de dolor, lucha y perseverancia.

El decreto 727/2024, firmado con una frialdad escalofriante, elimina de un plumazo un organismo que fue crucial en la búsqueda de la verdad sobre los niños apropiados durante la última dictadura militar. El argumento utilizado por el gobierno libertario –que dicha unidad afectaba "el derecho a la intimidad" y "la división de poderes"– no solo es absurdo, sino que además es un insulto directo a las víctimas y a los familiares que han luchado por décadas para encontrar a sus seres queridos.

¿En qué clase de país vivimos, donde buscar justicia por crímenes atroces cometidos por el Estado es visto como una violación a la intimidad? Esta decisión no es aislada. Se suma a la reciente prohibición de hablar mal de la dictadura, una medida que va contra toda noción de libertad de expresión y que busca, claramente, instalar un relato oficial que reescriba la historia, favoreciendo a los genocidas y represores.

Es inadmisible que, en pleno siglo XXI, tengamos que presenciar cómo un gobierno intenta enterrar nuestra historia de lucha por los derechos humanos. Este retroceso es inadmisible. La Unidad que ahora cierran fue la responsable de avances fundamentales en la identificación de niños desaparecidos, y fue un símbolo de que la Argentina no olvidaba su pasado oscuro. ¿Cómo es posible que hoy, en manos de este gobierno libertario, estemos permitiendo que se borren esos logros?

La excusa de que la Unidad invadía competencias del Ministerio Público Fiscal y afectaba la "división de poderes" es tan vacía como hipócrita. En realidad, lo que buscan es silenciar las voces que aún claman por justicia y ocultar los crímenes cometidos por un Estado que torturó, mató y robó la identidad de niños inocentes. Es evidente que este gobierno está más interesado en proteger a los represores que en mantener viva la memoria.

La eliminación de esta Unidad Especial, sumada a la prohibición de hablar mal de la dictadura, es un ataque directo a los derechos humanos y a la historia misma de nuestro país. Nos están diciendo que ya no tenemos derecho a conocer la verdad, que las vidas arrebatadas durante la dictadura no importan, que los cientos de niños apropiados son solo un “daño colateral” que no merece ser investigado.

Nos están quitando la posibilidad de recordar, de hacer memoria, de reparar lo irreparable. Nos están obligando a vivir en una Argentina que da la espalda a sus muertos, a sus desaparecidos, a sus hijos robados.

El repudio de las organizaciones de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, es el mínimo eco de una sociedad que no va a permitir que este ataque contra la memoria siga adelante. Pero no es suficiente. Todos debemos alzar la voz, con rabia y con firmeza, contra este atropello.

No podemos permitir que se borren nuestras heridas abiertas, ni que los responsables de esas heridas sean hoy protegidos por un gobierno que, claramente, no tiene ningún compromiso con los valores democráticos ni con la justicia.

La historia no se borra, la memoria no se compra, y la dignidad de un pueblo no se negocia. Frente a este intento desesperado de retroceder a los peores momentos de nuestra historia, debemos reafirmar nuestro compromiso con la verdad, la justicia y los derechos humanos.

Es momento de resistir, de luchar, de no dejar que la historia la escriban los que quieren tapar el horror con decretos y prohibiciones. La Argentina no olvida, y no permitirá que se apague la voz de quienes aún buscan a sus hijos, sus nietos, sus hermanos. Porque la memoria es vida, y la justicia es la única paz posible.