El gobierno de Milei desmantela políticas de alimentación: más pobres y una canasta básica inalcanzable.
El gobierno de Javier Milei ha desmantelado 111 políticas públicas relacionadas con la alimentación, exacerbando la pobreza y dificultando cada vez más que los sectores vulnerables puedan acceder a la canasta básica. A pesar de recibir múltiples órdenes judiciales, el gobierno sigue sin entregar los alimentos necesarios para paliar la situación, mientras el patrimonio del presidente continúa aumentando de forma exponencial, reflejando una preocupante disparidad en la gestión de los recursos y prioridades del país.
POLITICA NACIONAL
Por Julian Pereyra
11/4/20242 min read
En un contexto donde el acceso a los alimentos es cada vez más difícil para millones de argentinos, el gobierno de Javier Milei sigue avanzando con su política de recorte y ajuste. Un informe reciente de la Fundación Rosa de Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló que, desde su asunción, la administración de Milei desmanteló 111 políticas públicas relacionadas con la alimentación y el acceso a recursos básicos. Las consecuencias de estas acciones se traducen en un incremento alarmante de la pobreza, que en el primer semestre de 2024 creció 11,2 puntos, llevando a más de 5,3 millones de personas a no poder cubrir la canasta básica de alimentos.
Entre las medidas más impactantes se encuentra la eliminación de programas históricos como el Pro Huerta, que durante más de 30 años proveyó insumos, capacitaciones y apoyo técnico para la creación de huertas familiares, comunitarias y escolares. La desaparición de este y otros programas deja a pequeños productores y familias en situación de vulnerabilidad sin herramientas para la autoproducción de alimentos frescos.
El informe destaca que la inflación en alimentos alcanzó un 128% entre noviembre de 2023 y julio de 2024, lo que posiciona a Argentina como líder mundial en inflación alimentaria, según datos del Banco Mundial. En este período, productos esenciales como las verduras y lácteos aumentaron casi un 200% y 165% respectivamente, afectando profundamente la capacidad de compra de los hogares más humildes.
La desregulación de leyes y organismos clave, como la disolución de la Dirección Nacional de Agroecología y la intervención del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), también ha debilitado la producción local y la distribución de alimentos. Esta falta de apoyo estatal refuerza un modelo agroalimentario cada vez más concentrado y extranjerizado, que encarece los insumos y reduce las oportunidades de desarrollo económico en las provincias.
En medio de esta crisis, el gobierno ha recibido ya la octava orden judicial para entregar alimentos a la población vulnerable, una orden que sigue sin cumplirse. En contraste, los informes financieros indican que el patrimonio de Javier Milei creció un 495% durante 2023, un aumento que supera ampliamente la inflación registrada en el país.
El deterioro del acceso a alimentos y la acumulación de riqueza en las cúpulas del poder reflejan un cuadro preocupante de desigualdad. La eliminación de políticas que antes sostenían el derecho a una alimentación adecuada y el incumplimiento de órdenes judiciales para asistir a los más necesitados exponen un modelo de gobierno que prioriza el ajuste sobre el bienestar social.