"El Gobierno de Milei Obliga a Empleados Públicos a Jubilarse en 30 Días. Persistente ataque directo al Estado
La decisión del gobierno de obligar a los empleados públicos a jubilarse en un plazo máximo de 30 días es una clara manifestación de su política de desmantelamiento del Estado. Aunque la intención declarada es optimizar recursos y reducir el déficit, las consecuencias de esta medida podrían resultar devastadoras para la administración pública y, en última instancia, para la ciudadanía. La “motosierra” de Milei, si bien busca eficiencia, podría conducir a un debilitamiento significativo de las capacidades del Estado para cumplir con sus funciones esenciales. En este escenario, el futuro de los servicios públicos y de los derechos laborales de los trabajadores se encuentra en un punto crítico.
POLITICA NACIONAL
Julian Pereyra
10/23/20242 min read
La Motosierra de Milei: Empleados Públicos Obligados a Jubilarse en 30 Días
El gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha una nueva medida que refleja su política de desregulación y transformación del Estado. A través de la resolución 3/2024, el Ministerio de Desregulación y Transformación, encabezado por Federico Sturzenegger, ha instado a los empleados públicos que cumplen con los requisitos de edad a iniciar el trámite de jubilación en un plazo máximo de 30 días. Esta decisión es parte de una serie de acciones que buscan “optimizar los recursos” del sector público, en un claro intento de aplicar lo que muchos han denominado la “motosierra” del actual gobierno.
El Contexto de la Resolución
La resolución se enmarca dentro de un discurso más amplio de reforma estatal que busca reducir el gasto público y achicar la estructura administrativa. Según la normativa, deberán jubilarse los hombres que hayan cumplido 65 años y las mujeres que hayan alcanzado los 60, siempre que acrediten al menos 30 años de servicios con aportes. Este enfoque ha sido criticado por muchos, quienes argumentan que la medida no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en riesgo la calidad de los servicios públicos que dependen de la experiencia y el conocimiento acumulado por los empleados a lo largo de los años.
Excepciones y Ambigüedades
Si bien la medida no se aplica directamente a quienes trabajan en empresas y sociedades del Estado, la resolución recomienda su adhesión a esta política, lo que crea un clima de incertidumbre. Además, las excepciones para cargos ejecutivos y aquellos considerados estratégicos refuerzan la percepción de que esta “motosierra” solo afecta a los empleados comunes, mientras que los altos funcionarios permanecen intocados.
La resolución también otorga a los altos mandos la facultad de solicitar excepciones para ciertos trabajadores, pero esto puede dar lugar a arbitrariedades y favoritismos, lo que contribuye a un ambiente laboral aún más tenso.
Consecuencias Potenciales
La obligación de jubilarse para una parte significativa de la fuerza laboral estatal puede tener varias repercusiones, tanto a corto como a largo plazo.
La obligación impuesta a los empleados públicos para jubilarse en un plazo máximo de 30 días, plantea serios interrogantes sobre el futuro de la administración pública en Argentina. La pérdida de experiencia acumulada, el deterioro de la moral laboral y el riesgo de desestabilización de los servicios son consecuencias que no se pueden ignorar. En un momento en que la calidad de los servicios públicos es crucial para la población, esta medida podría tener efectos adversos que van más allá del ámbito laboral, afectando directamente la vida cotidiana de los ciudadanos. Es imperativo que el gobierno considere las implicaciones a largo plazo de sus políticas y busque alternativas que garanticen tanto la sostenibilidad fiscal como la integridad y la efectividad del Estado.