El Gobierno Nacional y su Abandono del Interior frente a la Crisis del Dengue

La vacuna Qdenga, clave para prevenir las formas graves del dengue, escasea en farmacias y vacunatorios debido a la falta de stock del laboratorio Takeda. Sin embargo, el problema va más allá de un proveedor: la política sanitaria nacional ha demostrado ser ineficaz para prever y responder ante esta emergencia. La falta de una estrategia de distribución adecuada perjudica principalmente a los sectores más vulnerables del interior, donde el acceso a las vacunas es extremadamente limitado.

En Rosario, las farmacias no reciben nuevas partidas desde hace más de dos meses, mientras que el vacunatorio del Grupo Oroño, uno de los pocos lugares que aún las aplica en el ámbito privado, recibe un 25% de las dosis solicitadas. Esto ha obligado a priorizar casos específicos y a generar largas listas de espera que frustran a miles de personas.

Mientras tanto, el operativo de vacunación pública en Santa Fe ha sido insuficiente. La provincia ha debido priorizar grupos específicos, como jóvenes de 15 a 19 años en zonas de alto riesgo, personal esencial y personas que ya tuvieron dengue. Si bien estas medidas son comprensibles ante la escasez, también reflejan la falta de recursos y apoyo por parte del gobierno nacional para cubrir a una mayor proporción de la población.

Las malas decisiones también tienen su raíz en una visión centralista que desatiende al interior del país. La gestión nacional parece priorizar la distribución en Buenos Aires y otras grandes urbes, dejando a provincias como Santa Fe, y en particular a ciudades como Rosario, con una cuota mínima de vacunas. Además, la venta a otros países como Brasil agrava la crisis, dejando desprotegida a una población que afronta las consecuencias de un brote histórico.

La situación también expone la falta de planificación de las autoridades nacionales en salud pública. La demanda de la vacuna era previsible tras el brote de 2024, pero el sistema no estuvo preparado para garantizar una distribución equitativa. La realidad es que muchos ciudadanos del interior deben recurrir al sistema privado, enfrentando costos de hasta 97 mil pesos por dosis, una cifra prohibitiva para la mayoría.

Mientras tanto, los especialistas advierten que la demora en completar los esquemas de vacunación puede comprometer la protección contra la enfermedad. Los médicos clínicos, infectólogos y pediatras insisten en la importancia de la vacuna para prevenir complicaciones graves, pero la falta de dosis genera ansiedad y frustración en la población.

En conclusión, la crisis del dengue en el interior del país no es solo una cuestión sanitaria, sino también un reflejo de la desatención sistemática del gobierno nacional hacia las provincias. Urge una política de salud pública que contemple las necesidades de todo el país y no solo de los grandes centros urbanos. El abandono del interior frente a una crisis como esta no solo perpetúa desigualdades, sino que también pone en riesgo la vida de miles de argentinos.