El Gobierno propone cambios en los desalojos y crece la polémica.
El proyecto impulsado por el Gobierno para reforzar la protección de la propiedad privada incluye cambios que podrían acelerar los desalojos y limitar las herramientas de defensa de los inquilinos. La iniciativa ya genera un fuerte debate por su posible impacto en el acceso a la vivienda.
POLITICA NACIONAL
Débora Fernandez
8/3/20263 min read
Mientras el debate público se concentra en la posibilidad de flexibilizar la venta de tierras a capitales extranjeros, otro de los puntos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada comenzó a generar fuerte preocupación entre organizaciones de inquilinos y especialistas en vivienda. Se trata de una serie de modificaciones al Código Civil que, según advierten distintos sectores, podrían facilitar los desalojos y reducir las garantías de quienes alquilan una vivienda.
La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsado por el Gobierno nacional con el objetivo de fortalecer la protección de la propiedad privada. Sin embargo, las organizaciones que representan a los inquilinos sostienen que el proyecto también modifica el equilibrio entre propietarios e inquilinos, otorgando mayores herramientas para acelerar los procesos judiciales de desalojo.
Uno de los principales cambios previstos apunta a reducir los tiempos de resolución de los conflictos por falta de pago del alquiler. De aprobarse la reforma, el procedimiento judicial sería considerablemente más rápido que el vigente, limitando las instancias de defensa de quienes atraviesan dificultades económicas para cumplir con el contrato.
La preocupación crece en un contexto marcado por el aumento sostenido del costo de vida y el fuerte incremento de los alquileres registrado desde la derogación de la Ley de Alquileres. En los últimos meses, miles de familias debieron destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos para mantener una vivienda, mientras los contratos quedaron sujetos a las condiciones impuestas por el mercado.
Para las organizaciones que trabajan en la defensa del derecho a la vivienda, el proyecto profundiza esa tendencia. Consideran que, luego de eliminar regulaciones sobre los contratos de alquiler, el nuevo paso consiste en agilizar los mecanismos de desalojo para quienes no puedan afrontar los pagos.
Otro de los aspectos que despierta preocupación es el nuevo rol que tendrían las fuerzas de seguridad durante la ejecución de los desalojos. La propuesta busca simplificar el procedimiento y otorgar mayor rapidez al cumplimiento de las órdenes judiciales, reduciendo los plazos que actualmente pueden extenderse durante varios meses.
El texto contempla únicamente excepciones limitadas para situaciones de especial vulnerabilidad, como la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en estado de desamparo. En esos casos, el juez podría otorgar un breve plazo para que los organismos correspondientes intervengan y busquen una alternativa habitacional. Sin embargo, esa asistencia no detendría el avance del proceso judicial.
Las entidades que representan a los inquilinos sostienen que esa protección resulta insuficiente frente a la magnitud del problema habitacional que atraviesa el país. Según afirman, miles de familias podrían quedar expuestas a perder su vivienda en plazos mucho más breves, sin contar con mecanismos efectivos para negociar, regularizar deudas o acceder a soluciones transitorias.
Desde el Gobierno, en cambio, argumentan que la reforma busca garantizar el respeto a la propiedad privada y brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios. La premisa es que los conflictos por incumplimientos contractuales tengan resoluciones más rápidas y previsibles, reduciendo la incertidumbre que hoy enfrentan quienes ponen una vivienda en alquiler.
El debate también se da en un escenario donde el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más complejo. La combinación de salarios que pierden poder adquisitivo, aumentos de alquileres y escasa oferta de propiedades genera un panorama difícil para millones de personas que dependen del mercado inmobiliario para acceder a una vivienda.
Especialistas en políticas habitacionales advierten que acelerar los desalojos sin ampliar simultáneamente las políticas públicas de acceso a la vivienda puede profundizar la crisis social. Señalan que el problema no se limita únicamente al incumplimiento de un contrato, sino que responde a un contexto económico que dificulta sostener los pagos mensuales.
Además del capítulo referido a los alquileres, el proyecto incluye modificaciones vinculadas a la propiedad privada y al régimen de tierras, aspectos que también generaron un intenso debate político en el Congreso. Sin embargo, para las organizaciones sociales, el impacto sobre los inquilinos podría convertirse en una de las consecuencias más inmediatas de la reforma.
En los próximos días, el tratamiento legislativo será seguido de cerca tanto por el oficialismo como por los sectores que rechazan la iniciativa. Mientras el Gobierno sostiene que las modificaciones fortalecerán la seguridad jurídica y promoverán inversiones, las organizaciones de inquilinos advierten que el proyecto podría dejar a miles de familias con menos herramientas para defender su derecho a permanecer en una vivienda.
Con un mercado de alquileres cada vez más exigente y una economía que continúa presionando sobre el bolsillo de los hogares, el resultado del debate legislativo podría marcar un nuevo punto de inflexión en la relación entre propietarios e inquilinos, reabriendo una discusión que atraviesa a millones de argentinos.