El Gobierno sale a mostrar el RIGI rumbo a 2027: inversiones millonarias, beneficios empresarios y una factura que paga el Estado
Javier Milei prepara una gira por distintas provincias para exhibir los proyectos aprobados bajo el RIGI como uno de los principales logros de su gestión. Sin embargo, informes sobre el régimen advierten que los beneficios fiscales podrían representar un elevado costo para las cuentas públicas y que parte de las inversiones promocionadas ya habían sido anunciadas antes de su creación.
NACIONAL
Debora Fernandez
10/7/20264 min read
A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2027, el Gobierno de Javier Milei comenzó a convertir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en una de las principales vidrieras de su gestión. La estrategia oficial apunta a recorrer distintas provincias y mostrar grandes proyectos de minería, energía, petróleo y gas como una demostración concreta de que el modelo económico está generando inversiones y actividad.
La gira oficial contempla visitas a distritos como Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe. El objetivo político es claro: llegar a 2027 con obras, anuncios de inversión y proyectos de gran escala que puedan ser presentados como resultados de la administración libertaria.
El problema aparece cuando se analiza cuánto le cuesta al Estado sostener esos incentivos.
El RIGI fue diseñado para atraer grandes capitales mediante un esquema de ventajas tributarias, aduaneras y cambiarias. Entre sus principales beneficios se encuentra una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias, la eliminación progresiva de derechos de exportación y facilidades para importar bienes de capital. También contempla ventajas vinculadas con los dividendos de inversores extranjeros y un período de estabilidad que busca garantizar reglas favorables durante décadas.
Para el Gobierno, esas condiciones son necesarias para conseguir inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países. Pero distintos análisis económicos plantean una pregunta central: ¿cuánto de esas inversiones realmente depende del RIGI y cuánto habría llegado igualmente a la Argentina?
Una gira con números millonarios
La administración de Milei busca mostrar una cartera de 23 proyectos aprobados que, en conjunto, representan inversiones por casi 50.000 millones de dólares.
La mayoría está vinculada con sectores estratégicos para la economía argentina: minería, petróleo, gas y energía. El esquema oficial busca aprovechar esos anuncios para instalar la idea de que el país está ingresando en una etapa de grandes inversiones productivas.
Sin embargo, algunos de los proyectos que forman parte de la presentación oficial ya habían sido anunciados antes de que existiera el RIGI.
Uno de los casos señalados es el parque solar El Quemado, en Mendoza, cuya inversión había sido anunciada en 2023. También aparecen proyectos vinculados con el litio y el desarrollo energético que ya estaban en carpeta antes de la aprobación del régimen.
Esto abre una discusión particularmente sensible: si una empresa ya tenía decidido avanzar con una inversión, el beneficio fiscal no necesariamente funciona como un incentivo para generar una nueva actividad económica. En ese caso, el Estado estaría resignando recursos para una inversión que posiblemente se habría concretado de todos modos.
El costo de los beneficios
Uno de los análisis citados en el informe calcula que los beneficios fiscales de los proyectos aprobados podrían representar miles de millones de dólares para el Estado.
El impacto no se limita al Gobierno nacional. Una parte del costo también recae sobre las provincias, debido a la pérdida de recursos vinculados con impuestos coparticipables.
La discusión adquiere mayor relevancia porque la administración libertaria sostiene desde el inicio de su gestión una política de fuerte reducción del gasto público y equilibrio fiscal. En ese contexto, cualquier beneficio tributario representa recursos que dejan de ingresar a las cuentas públicas.
Según las estimaciones analizadas, los principales componentes del costo están relacionados con la reducción de derechos de exportación y con el menor pago del impuesto a las Ganancias por parte de las empresas beneficiadas.
El argumento oficial es que esos ingresos resignados se compensarán con una mayor actividad económica, generación de empleo, exportaciones y recaudación futura.
Pero el resultado depende de una variable clave: que una parte significativa de las inversiones no se hubiera realizado sin el RIGI.
Un beneficio desigual entre Nación y provincias
Otro de los puntos de debate está relacionado con la distribución de los costos y beneficios.
Las provincias donde se desarrollan los proyectos pueden obtener regalías, impuestos locales y actividad económica. En cambio, otros distritos también participan indirectamente del costo a través de la distribución de recursos nacionales.
Esto genera una situación desigual: algunas provincias reciben de manera directa los beneficios de las inversiones mientras que el conjunto del sistema federal participa del esfuerzo fiscal necesario para sostener los incentivos.
La situación se vuelve especialmente relevante en un país donde los grandes proyectos están concentrados geográficamente. Neuquén, San Juan y Río Negro reúnen una parte muy importante de las inversiones anunciadas, principalmente por la presencia de Vaca Muerta y de importantes recursos mineros.
El desafío político de Milei
La apuesta del Gobierno no es solamente económica. El RIGI también se convirtió en una herramienta de campaña de cara a 2027.
Milei busca presentar los proyectos de inversión como una prueba de que su programa económico está comenzando a transformar la estructura productiva argentina. La estrategia apunta a contraponer las grandes cifras de inversión con las dificultades que todavía persisten en otros sectores de la economía.
El desafío será demostrar que esos anuncios se traducen efectivamente en producción, empleo, exportaciones y mayores ingresos para el país.
Porque el debate no pasa solamente por cuánto dinero llega a la Argentina, sino por cuánto de esa riqueza queda en el país y cuánto termina convertido en beneficios extraordinarios para las empresas.
El RIGI promete inversiones de largo plazo y una transformación de sectores estratégicos. Pero, a medida que se acerca la campaña electoral de 2027, también aparece una discusión inevitable: cuánto está dispuesto a resignar el Estado para atraer capitales y si el crecimiento generado será suficiente para compensar esos beneficios.
Con la gira oficial por las provincias, el Gobierno buscará convertir las obras y proyectos del RIGI en la imagen de una Argentina que, según su relato, comienza a despegar. La oposición y distintos sectores económicos, en cambio, ponen el foco en la otra cara de la ecuación: quién financia esos incentivos y quién termina capturando sus beneficios.