El insólito pedido de Adorni y su esposa en medio de la polémica: buscan evitar explicar el crecimiento de su patrimonio
En medio de las crecientes preguntas sobre su patrimonio, sus gastos personales y sus viajes, Manuel Adorni y su esposa solicitaron adherir al régimen de "Inocencia Fiscal", un mecanismo que les permitiría tributar sobre los ingresos declarados sin necesidad de justificar el incremento de sus bienes. La decisión reavivó la polémica y abrió un fuerte debate sobre transparencia, responsabilidad pública y las explicaciones que todavía siguen pendientes.
POLITICA NACIONAL
Por Camila Domínguez
6/10/20264 min read
Hay noticias que generan polémica por sí solas. Y después están aquellas que además exponen contradicciones difíciles de explicar. La decisión de Manuel Adorni y su esposa, Betina Angeletti, de adherir al régimen conocido como "Inocencia Fiscal" pertenece claramente a esta segunda categoría.
Resulta, como mínimo, llamativo que uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Javier Milei, que todavía enfrenta cuestionamientos públicos sobre la evolución de su patrimonio y sus gastos personales, decida acogerse a un mecanismo que le permitiría tributar sobre los ingresos declarados sin necesidad de justificar cómo aumentó ese patrimonio.
La situación genera inevitablemente una pregunta incómoda: ¿qué mensaje transmite un funcionario público cuando, en lugar de despejar dudas, opta por una herramienta que reduce la obligación de dar explicaciones?
La contradicción es difícil de ignorar. Desde que asumió el Gobierno, una de las banderas discursivas más repetidas fue la transparencia, la honestidad y la lucha contra los privilegios de la política. Sin embargo, ahora uno de sus principales voceros y actuales funcionarios aparece recurriendo a un esquema que muchos consideran, precisamente, un atajo para evitar preguntas sobre el crecimiento patrimonial.
Lo llamativo no es solamente que la ley exista. Lo llamativo es quién decidió utilizarla.
La denominada Ley de Inocencia Fiscal fue presentada como una herramienta destinada a simplificar la situación tributaria de los contribuyentes. Entre otras cuestiones, permite que el cálculo del Impuesto a las Ganancias se realice sobre los ingresos declarados, sin que las variaciones patrimoniales ocurridas durante el período tengan incidencia en ese análisis.
En otras palabras, el foco queda puesto en lo facturado y no necesariamente en cuánto creció el patrimonio o cuánto aumentaron determinados consumos. Por supuesto, adherir a este régimen es legal. Nadie discute eso. Pero el debate político y ético va mucho más allá de la legalidad.
Cuando un funcionario maneja recursos del Estado, toma decisiones públicas y ocupa un cargo de máxima exposición institucional, la sociedad tiene derecho a conocer cómo evoluciona su patrimonio.
La transparencia no debería ser una opción cuando se trata de funcionarios públicos. Y justamente allí aparece el núcleo de la polémica.
Durante los últimos meses, distintos medios de comunicación, dirigentes políticos y sectores de la oposición plantearon interrogantes alrededor de diversas operaciones y gastos vinculados al entorno familiar de Adorni.
Entre los cuestionamientos públicos aparecen consultas sobre la compra de un departamento en Caballito, las reformas realizadas en una vivienda ubicada en un country, viajes a distintos destinos turísticos y elevados consumos mediante tarjetas de crédito y débito.
Corresponde aclarar algo fundamental: ninguna de estas situaciones implica por sí misma una irregularidad ni constituye prueba de delito alguno. Cualquier eventual responsabilidad o inconsistencia debe ser determinada exclusivamente por los organismos competentes.
Sin embargo, eso no elimina el problema político. Persisten preguntas que todavía no encontraron respuestas públicas satisfactorias. La discusión gira alrededor de la necesidad de explicar el origen y la evolución de determinados bienes y gastos. Lo que se reclama no son sospechas ni especulaciones, sino explicaciones claras. Y es precisamente por eso que la decisión de adherir al régimen de Inocencia Fiscal genera tanto ruido.
Porque si todo está en regla, ¿por qué evitar las explicaciones?
La pregunta puede resultar incómoda, pero es inevitable. La confianza pública se construye con transparencia, no con atajos legales. Lo legal no siempre alcanza para despejar las dudas políticas.
En democracia, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos, no alcanza con cumplir la ley. También es necesario construir credibilidad.
Y la credibilidad se fortalece cuando las respuestas aparecen antes que las sospechas. No después.
La situación también expone una contradicción más amplia dentro del propio discurso oficial.
Durante años, gran parte de la dirigencia libertaria cuestionó los privilegios de la política tradicional y denunció mecanismos que permitían a ciertos sectores moverse en zonas grises sin demasiadas explicaciones.
Ahora, sin embargo, muchos observan con desconcierto cómo uno de los funcionarios más importantes del Gobierno utiliza una herramienta que, justamente, reduce la necesidad de justificar el crecimiento patrimonial.
La polémica no radica solamente en la ley. Radica en quién la utiliza y en qué contexto. Porque los ciudadanos comunes enfrentan controles permanentes sobre sus ingresos, sus consumos y sus movimientos financieros.
Los ciudadanos están obligados a justificar cada peso ante el Estado. La pregunta es por qué algunos funcionarios parecen buscar el camino inverso.
Más aún cuando se encuentran bajo observación pública. La vara para los funcionarios debería ser más alta, no más baja. La ejemplaridad también forma parte de la función pública. Y la transparencia no debería depender de una obligación legal, sino de una convicción democrática.
Ese es, en definitiva, el verdadero problema que plantea este episodio. No se trata solamente de una cuestión impositiva. Tampoco de una discusión técnica sobre regímenes fiscales. Se trata de confianza. De credibilidad. De la relación entre quienes gobiernan y quienes son gobernados.
Porque cuando un funcionario decide acogerse a un mecanismo que limita la necesidad de explicar cómo aumentó su patrimonio, inevitablemente aparecen nuevas preguntas.
Y cuando esas preguntas quedan sin respuesta, las dudas crecen.
En tiempos donde la dirigencia reclama confianza y credibilidad, la sociedad espera respuestas claras, no mecanismos que permitan evitar preguntas incómodas. Porque cuando se trata de funcionarios públicos, la transparencia no debería ser negociable. Y cuanto mayores son las dudas, mayor debería ser la obligación de explicar, no la posibilidad de esquivarlas.