El vocero admite el desvío de fondos mientras la justicia ordena "inmediata y urgente reparación"
Rutas abandonadas y robo para el déficit cero
POLITICA NACIONAL
Camila Dominguez
8/12/20263 min read
Rutas nacionales en abandono: la Justicia exige al Gobierno reparar los corredores del sur de Santa Fe
Un fallo de la Justicia Federal volvió a poner bajo la lupa la situación de las rutas nacionales y la responsabilidad del Estado en su mantenimiento. El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, ordenó al Gobierno nacional disponer la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 7, 8 y 33, en el departamento General López, Santa Fe.
La resolución judicial considera que el deterioro de estos corredores constituye un riesgo concreto para quienes circulan diariamente por la zona y advierte que la falta prolongada de mantenimiento afecta derechos fundamentales. El magistrado sostuvo además que la omisión de las tareas necesarias para garantizar la transitabilidad presenta características de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas.
El caso adquiere relevancia nacional porque establece un principio que puede extenderse a otras provincias: aunque las obras puedan ser realizadas por Vialidad Nacional, otros organismos o incluso concesionarias, la responsabilidad última continúa siendo del Estado nacional.
Una red vial estratégica y deteriorada
Las rutas 7, 8 y 33 son corredores fundamentales para el sur santafesino y para la conexión de distintas localidades con el puerto de Rosario. Según los planteos incorporados al expediente, durante las épocas de cosecha pueden circular por estas vías hasta 15.000 camiones diarios, mientras que la producción de varias provincias utiliza estos corredores para llegar a los puertos.
El deterioro también alcanza aspectos básicos de seguridad vial. En distintos tramos se denunció la falta de mantenimiento de banquinas y la acumulación de pastizales que llegaron a ocultar guardarraíles y carteles indicadores.
La senadora provincial Leticia Di Gregorio, impulsora del amparo, sostuvo que la situación llegó a un punto crítico después de reiterados pedidos y gestiones ante las autoridades nacionales. El reclamo judicial se produjo luego de que, según su presentación, las advertencias y solicitudes de intervención no obtuvieran respuestas suficientes.
Una medida cautelar anterior ya había ordenado realizar trabajos de bacheo. Nación inició esas tareas, pero posteriormente quedaron inconclusas, de acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente.
Denuncias por el destino de los fondos viales
La discusión sobre el estado de las rutas se encuentra además vinculada con denuncias acerca del destino de los recursos destinados específicamente al sistema vial.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) presentó meses atrás una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas luego de obtener, mediante un pedido de acceso a la información pública, datos oficiales sobre el uso de fondos recaudados a través de impuestos destinados a obras viales.
A esa presentación se sumó una denuncia penal impulsada por la diputada Victoria Tolosa Paz, en la que se plantea la posible existencia de irregularidades en el manejo de recursos destinados al Sistema Vial Integrado.
Según la información citada en las denuncias, durante los últimos dos años y medio se habrían recaudado más de 1,5 billones de pesos mediante un impuesto específico para infraestructura vial, mientras que una proporción considerable de esos recursos no habría sido ejecutada en obras y mantenimiento.
La polémica aumentó después de declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien reconoció que una parte de lo recaudado se destina a Vialidad y otra queda bajo administración del Ministerio de Economía dentro de la estrategia oficial para alcanzar el equilibrio fiscal.
Desde el Gobierno justifican la política en la necesidad de preservar las cuentas públicas y sostienen que recibieron una situación fiscal crítica. Los cuestionamientos, sin embargo, apuntan a determinar si esos fondos pueden ser utilizados para otros objetivos cuando tienen una asignación específica.
Vialidad, en el centro de la disputa
El conflicto también alcanza al funcionamiento interno de Vialidad Nacional. Desde el sindicato denuncian una creciente centralización de los recursos y cuestionan una disposición que obliga a los distritos provinciales a devolver fondos remanentes a la administración central y solicitar posteriormente recursos para gastos específicos.
Para los trabajadores, esta modalidad puede dificultar la respuesta inmediata ante desperfectos de maquinaria, compra de repuestos y otras necesidades operativas.
El debate sobre las rutas santafesinas, de este modo, excede una discusión sobre infraestructura. El fallo judicial plantea directamente qué responsabilidad tiene el Estado nacional frente al deterioro de una red vial estratégica, mientras las denuncias administrativas y penales buscan determinar si los recursos destinados legalmente a su mantenimiento fueron utilizados para otros fines.
El caso de Santa Fe aparece así como un caso testigo frente a una problemática que atraviesa a distintas provincias y que vuelve a poner en discusión el financiamiento, el funcionamiento y el futuro de Vialidad Nacional.