Escándalo en la Armada: la Justicia investiga maniobras fraudulentas por $1600 millones en el pago de haberes del personal naval
Una teniente de navío advirtió sobre la liquidación de falsos viáticos por viajes al exterior, “cobros fantasma” y suplementos adicionales con retornos; las autoridades realizaron una inspección interna y presentaron la denuncia en Comodoro Py
NACIONAL
Camila Dominguez
9/17/20266 min read
La Justicia investiga presuntas maniobras irregulares en la liquidación de haberes de la Armada por hasta $1.600 millones
Una denuncia presentada en Comodoro Py expone pagos que habrían sido realizados de manera indebida entre 2022 y 2026. La presentación judicial menciona a 23 personas y describe posibles irregularidades vinculadas con viáticos, suplementos y acreditaciones de haberes. La Armada confirmó oficialmente que detectó inconsistencias y que puso el caso en conocimiento de la Justicia.
La Armada Argentina quedó bajo investigación de la Justicia Federal a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en el sistema de liquidación y acreditación de haberes de su personal. Según la información publicada el 16 de septiembre de 2026, el expediente analiza operaciones realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026 que podrían haber generado un perjuicio económico de cientos de millones de pesos.
El caso se inició luego de que una teniente de navío que trabaja en el área encargada de la liquidación de sueldos detectara inconsistencias. De acuerdo con la denuncia y con fuentes citadas por medios periodísticos, la oficial, que además es contadora pública, habría advertido movimientos que no se correspondían con las liquidaciones habituales.
A partir de esas observaciones se realizó una revisión interna y posteriormente el jefe de Administración Financiera de la Armada, capitán de navío Carlos Alberto Castro Maggio, presentó una denuncia penal ante los tribunales de Comodoro Py. La investigación quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2, a cargo del magistrado Sebastián Ramos.
Una investigación que involucra a 23 personas
Uno de los aspectos centrales del expediente es la cantidad y diversidad de personas que aparecen vinculadas a las acreditaciones bajo investigación. La presentación judicial menciona a 23 beneficiarios, entre militares en actividad, personal retirado, empleados civiles, contratados y jubilados.
Además, según la denuncia, cuatro de las personas que recibieron dinero no tenían vínculo laboral con la Armada, un elemento que forma parte de las cuestiones que deberá determinar la Justicia.
Entre los beneficiarios señalados aparece María del Carmen Prieto, quien, según la denuncia, habría recibido aproximadamente $152,2 millones mediante 46 acreditaciones. Prieto es esposa del entonces jefe del Departamento Revista de la Armada, el capitán de navío y contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien fue relevado preventivamente en agosto, de acuerdo con la información publicada sobre el caso.
La presentación también menciona a otras tres personas sin relación laboral con la fuerza: Damián Andrés Santana, con acreditaciones por unos $99,4 millones; Amalia Cristina Díaz, por aproximadamente $91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia, por unos $90,4 millones.
La inclusión de estos nombres en la denuncia no implica que exista una condena ni que la responsabilidad penal de las personas mencionadas esté determinada. Precisamente, la investigación judicial deberá establecer cómo se realizaron las operaciones, quiénes intervinieron y cuál fue el destino de los fondos.
Falsos viáticos, acreditaciones y suplementos bajo investigación
La denuncia describe diferentes mecanismos que habrían sido utilizados para generar pagos que no correspondían.
Uno de ellos estaría relacionado con viáticos por viajes o comisiones en el exterior. Según la presentación, se habrían liquidado sumas en moneda extranjera por misiones que no se realizaban. También se investiga la posibilidad de que, en determinados casos, una comisión efectivamente realizada continuara generando pagos una vez finalizada.
Otro mecanismo bajo análisis son los denominados “cobros fantasma”, que podrían haber utilizado datos correspondientes a personal retirado o dado de baja para generar acreditaciones.
También aparecen bajo investigación determinados suplementos vinculados con tareas específicas, como horas extras o especialidades. Según la denuncia, se habrían registrado pagos a personas que no realizaban efectivamente esas actividades y posteriormente se habría producido un supuesto retorno de parte del dinero.
La información publicada por Ámbito señala que la denuncia judicial reconstruye al menos 645 pagos irregulares y que también se entregaron a la Justicia documentación, registros, archivos y soportes informáticos para contribuir al esclarecimiento de las operaciones.
Diferencias entre el dinero detectado y la cifra estimada
Uno de los puntos que requiere especial atención es el monto del presunto perjuicio.
La denuncia judicial cuantifica las operaciones históricas consideradas indebidas en aproximadamente $981,1 millones. De ese total, se registraron restituciones por $42.574.267,63, por lo que la diferencia entre las acreditaciones detectadas y el dinero recuperado se ubicaba en torno a $938,6 millones.
La cifra de $1.600 millones difundida en las primeras informaciones responde, en cambio, a una estimación vinculada con una investigación interna que todavía continuaría en desarrollo. Según las fuentes citadas por LA NACION, los casi $939 millones corresponden a operaciones ya comprobadas, mientras que el perjuicio total podría ser superior.
Por eso, no se trata de dos cifras necesariamente contradictorias: una corresponde a las operaciones documentadas en la denuncia y otra a una estimación del posible alcance total de las irregularidades mientras continúa la investigación.
Hubo devoluciones de dinero
El expediente también registra que algunas personas restituyeron sumas que habían recibido.
Ámbito informó que durante abril de 2026 se realizaron transferencias a la cuenta operativa del Servicio Administrativo Financiero de la Armada que inicialmente habían sido identificadas como “devolución de haberes”. Posteriormente, esas operaciones fueron vinculadas con importes cobrados en exceso por determinados oficiales.
A esas restituciones se sumaron otras realizadas el 11 de septiembre por tres oficiales, quienes habrían transferido la totalidad de las sumas que, según la investigación, habían percibido indebidamente. El monto total de las devoluciones verificadas hasta ese momento fue de $42.574.267,63.
La devolución del dinero, sin embargo, no elimina la necesidad de investigar el origen de los pagos ni las eventuales responsabilidades administrativas o penales. La propia denuncia diferencia entre el monto histórico de las acreditaciones cuestionadas y las sumas que posteriormente fueron restituidas.
La Armada confirmó oficialmente la denuncia
La propia fuerza naval confirmó el inicio de la investigación.
En una gacetilla oficial difundida el 15 de septiembre de 2026, la Armada informó que había detectado irregularidades en el área responsable de liquidar los haberes y que una actuación administrativa permitió identificar “inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos”.
La institución señaló además que, una vez constatadas esas irregularidades, se presentó la correspondiente denuncia ante el Juzgado Federal N.º 2 para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades que pudieran corresponder, con respeto del debido proceso.
La Armada sostuvo también que la administración de los recursos públicos constituye un compromiso del Ministerio de Defensa y afirmó que existe “tolerancia cero” frente a irregularidades en el manejo de fondos.
El caso alcanza a un área sensible de la estructura naval
El sistema investigado tiene particular importancia porque la liquidación de haberes comprende a un universo amplio de integrantes de la fuerza y contempla diferentes conceptos salariales, suplementos, comisiones y misiones.
La normativa oficial establece periódicamente los haberes mensuales correspondientes al personal militar de las Fuerzas Armadas, mientras que los sistemas administrativos deben registrar las novedades que modifican las liquidaciones.
En el caso de la Armada, además, existe personal destinado temporalmente o de manera permanente en el exterior, incluyendo agregadurías, misiones de cooperación y misiones de paz, además de comisiones y actividades de adiestramiento. Precisamente por la existencia de estos mecanismos, los pagos relacionados con servicios fuera del país forman parte de los conceptos que ahora deberán ser revisados.
El contexto institucional
La denuncia se conoció mientras la Armada atraviesa una etapa de fuerte actividad presupuestaria y operativa. Días antes de que trascendiera el caso, el Gobierno había dispuesto un refuerzo presupuestario de $218.000 millones para la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, una obra considerada estratégica por la fuerza y vinculada con la presencia argentina en el extremo sur del país.
El escándalo también tomó estado público mientras el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, se encontraba en Paraguay para participar de actividades oficiales por el Día de la Armada de ese país. Durante esa visita recibió una condecoración otorgada por el presidente paraguayo Santiago Peña, según la información publicada.
Qué deberá determinar la Justicia
El expediente deberá establecer, entre otros puntos, cómo se generaron las acreditaciones cuestionadas, quiénes tuvieron acceso al sistema de liquidación, qué controles fueron vulnerados, quiénes se beneficiaron y cuál fue finalmente el perjuicio económico para el Estado.
También deberá determinarse si existió una estructura coordinada para realizar los pagos, si hubo participación de personal militar o civil y si las personas que recibieron dinero sin vínculo con la Armada conocían o no el origen de las transferencias.
Por ahora, se trata de una investigación en curso y de presuntas irregularidades. La existencia de una denuncia y de acreditaciones que están siendo examinadas judicialmente no equivale a una condena. Será la Justicia Federal la que deberá establecer las responsabilidades individuales a partir de la documentación incorporada al expediente y de las pruebas que se produzcan durante la investigación.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de control interno de una de las principales instituciones de las Fuerzas Armadas, mientras la investigación busca determinar si las inconsistencias detectadas fueron hechos aislados o formaron parte de un mecanismo más amplio de manipulación de los haberes del personal naval.