"Familiares del bagayero asesinado en Orán acusan a Bullrich: 'Un narco no vive así'"

En una entrevista exclusiva con el diario El Tribuno, familiares de la víctima expresaron su dolor y denunciaron la responsabilidad del gobierno nacional, en particular de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Plan Güemes.

Con lágrimas en los ojos, la esposa de Gómez aseguró que la muerte de su marido es consecuencia directa de las políticas implementadas por Bullrich. “Un narco no vive así como vivimos nosotros. La muerte de mi marido es culpa de la ministra Bullrich y el Plan Güemes”, afirmó, mientras esperaba que le entregaran el cuerpo para realizar el velatorio.

Los familiares de Gómez mostraron su angustia al describir la precaria situación en la que viven. Aseguraron que Fernando no estaba involucrado en el narcotráfico, como acusó Bullrich en sus redes sociales, sino que se dedicaba al transporte de hojas de coca y cigarrillos, trabajos informales que realizan muchos en la zona. En una casa humilde, una pieza prefabricada donde viven 12 familiares, los Gómez sobreviven con lo mínimo. “Tenemos tres hijos pequeños, con mucho esfuerzo nos compramos esta pieza, y vivimos todos juntos, haciéndonos cargo de todo. No hay nada de narcotráfico en nuestra vida”, señaló la esposa de la víctima.

La familia también criticó la actitud del gobierno nacional, asegurando que la violencia hacia los trabajadores de frontera se ha intensificado bajo las políticas de seguridad impulsadas por Bullrich. Según los familiares, la situación que atraviesan no es tomada en cuenta por las autoridades nacionales, que, en lugar de ofrecer soluciones, optan por criminalizar a los más vulnerables.

Por otro lado, la familia Gómez ya ha contratado un abogado para exigir justicia por la muerte de Fernando. Aseguran que demandarán a los efectivos de Gendarmería responsables del hecho y harán todo lo posible para que se haga justicia.

Este trágico incidente en Orán pone en evidencia la creciente tensión entre los trabajadores de frontera y las políticas de seguridad del gobierno nacional, y deja al descubierto la precariedad de vida de muchos de los habitantes de la región, a quienes se los señala sin pruebas de estar involucrados en el narcotráfico.