Fuerte cruce en Formosa: apuntan a Basualdo por los aumentos y sus críticas a la provincia.

La temperatura política en Formosa volvió a escalar fuerte en las últimas horas tras un cruce sin filtro entre el diputado nacional libertario Atilio Basualdo y el jefe del bloque justicialista en la Legislatura provincial, Agustín Samaniego. Con acusaciones directas, frases explosivas y un trasfondo de crisis económica, el enfrentamiento expuso una grieta cada vez más profunda entre los representantes locales y nacionales.

Todo comenzó con las durísimas declaraciones de Basualdo, quien no se guardó nada al referirse al gobernador Gildo Insfrán. En medio de un tenso debate en la Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara de Diputados, el legislador lanzó una frase que rápidamente encendió la polémica: aseguró que el mandatario formoseño “debería estar preso” por el daño que, según él, provocó en la provincia tras años de gestión.

Lejos de tratarse de un exabrupto aislado, Basualdo redobló la apuesta y dejó en claro su posicionamiento político. No solo cuestionó el modelo provincial, sino que también respaldó abiertamente la iniciativa del senador Francisco Paoltroni para avanzar con una intervención federal en Formosa. Para el diputado libertario, se trata de una medida necesaria para “liberar a los formoseños”, en una definición que no hizo más que profundizar el conflicto.

Pero la respuesta no tardó en llegar. Desde la Legislatura provincial, Agustín Samaniego salió con los tapones de punta y apuntó directamente contra Basualdo, a quien acusó de ser “cómplice de los aumentos” que golpean el bolsillo de los ciudadanos.

“Habla mucho en la Cámara de Diputados, pero después no se traduce en ninguna acción concreta”, disparó el jefe del bloque justicialista, marcando lo que considera una contradicción entre el discurso del legislador y su rol dentro del Congreso.

Samaniego no se quedó ahí. En un tono igual de duro, cuestionó el alineamiento de Basualdo con el gobierno nacional y lo responsabilizó por acompañar medidas que —según sostuvo— profundizan la crisis económica. En su crítica, hizo foco en los aumentos de combustibles, alimentos y tarifas de energía, señalando que esas políticas impactan directamente en la vida cotidiana de los formoseños.

“El problema no es solo lo que dice, sino lo que hace —o lo que no hace— cuando tiene que defender a la provincia”, deslizan desde el oficialismo, en una línea que busca instalar la idea de que los representantes nacionales están desconectados de la realidad local.

El cruce también alcanzó a Francisco Paoltroni. Samaniego cuestionó con dureza al senador nacional, al señalar que su agenda parece girar exclusivamente en torno a la intervención federal de la provincia. “Es lo único que plantea”, lanzó, y dejó flotando una crítica de fondo: la ausencia de proyectos concretos en áreas sensibles como salud, educación, producción o turismo.

En ese contexto, el dirigente justicialista defendió el modelo cooperativo formoseño, que había sido previamente criticado por Basualdo. Lo presentó como una herramienta clave en tiempos de crisis, basada en la solidaridad y el desarrollo local, y contrapuso esa visión con lo que considera una mirada destructiva por parte del espacio libertario.

Sin embargo, el conflicto no se limita al plano discursivo. La figura de Basualdo arrastra una serie de polémicas que vuelven a ponerse sobre la mesa cada vez que sube el tono del debate.

El diputado, que inició su carrera dentro del peronismo y luego pegó un giro hacia La Libertad Avanza, no logró consolidar un fuerte respaldo electoral en la provincia. En su paso por elecciones locales, su espacio quedó muy por detrás del oficialismo, lo que alimenta cuestionamientos sobre su representatividad.

A eso se suman episodios que generaron ruido político y judicial. Uno de los más resonantes fue un presunto pedido al Ministerio de Seguridad de la Nación para trasladar a un gendarme que había participado en un operativo contra el contrabando en Las Lomitas. La situación fue interpretada por sectores críticos como un intento de interferencia en un procedimiento sensible.

Otro frente abierto está vinculado a su actividad empresarial. Basualdo es propietario de una estación de servicio instalada sobre terrenos de la Ruta Nacional 86, cuya ocupación fue considerada ilegal por la Dirección Nacional de Vialidad. Aunque existen fallos judiciales que ordenan el desalojo, la medida aún no se concretó, lo que mantiene el conflicto en un limbo que alimenta sospechas y críticas.

Pero el capítulo más delicado es el judicial. El legislador enfrenta una causa en la que se lo investiga por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. El caso se originó tras un episodio en el que un empleado municipal atropelló a efectivos policiales y luego se dio a la fuga. La polémica creció cuando el acusado fue visto en un evento junto al propio Basualdo, lo que despertó sospechas sobre un posible intento de protección.

En medio de este escenario, el cruce con Samaniego no parece ser un hecho aislado, sino parte de una disputa más amplia por el poder político en la provincia. De un lado, un oficialismo que busca defender su modelo y cuestiona el rol de los legisladores nacionales; del otro, una oposición que apuesta a romper con décadas de hegemonía y no duda en recurrir a declaraciones de alto impacto.

La pregunta que queda flotando es hasta dónde puede escalar esta confrontación. Porque detrás de las frases altisonantes, las acusaciones cruzadas y los proyectos de intervención, lo que está en juego no es solo una discusión política, sino el rumbo de una provincia atravesada por tensiones cada vez más visibles.