Gas más caro: el Gobierno recorta los subsidios y tres millones de personas pagarán más
La reforma elimina el beneficio automático por criterio geográfico a decenas de localidades afectadas habitualmente por las bajas temperaturas. Ahora los subsidios serán sólo para la Patagonia, la PUNA y el departamento mendocino de Malargüe.
NACIONAL
Camila Dominguez
10/13/20263 min read
Gas más caro: Milei promulgó el recorte de Zona Fría y más de 3 millones de usuarios perderán subsidios
El Gobierno nacional promulgó la ley que modifica el Régimen de Zona Fría y elimina el acceso automático a los descuentos en el gas para más de 3 millones de usuarios de distintas provincias del país. La medida, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza el criterio geográfico por un sistema de subsidios focalizados que dependerá de los ingresos familiares y del cumplimiento de determinados requisitos.
El cambio impactará en localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, donde numerosos hogares dejarán de recibir el beneficio que contemplaba las condiciones climáticas de cada región. A partir de ahora, la cobertura quedará concentrada en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
El ajuste fiscal, detrás del recorte
La modificación había sido aprobada por el Congreso el 24 de septiembre, en medio de un fuerte debate entre el oficialismo y los bloques opositores. Mientras el Gobierno defendió la iniciativa por el ahorro fiscal que representaría, los sectores críticos advirtieron sobre las consecuencias que podría tener para las familias que viven en zonas de bajas temperaturas.
Según los argumentos del oficialismo, la reducción de los subsidios permitiría ahorrar entre 200.000 y 480.000 millones de pesos, recursos que contribuirían a sostener el superávit fiscal en un contexto de caída de la recaudación.
Sin embargo, el ahorro para las cuentas públicas tendrá como contrapartida una menor cobertura para millones de usuarios. Para los hogares afectados, la eliminación del descuento puede traducirse en facturas de gas más elevadas, especialmente durante los meses de invierno, cuando aumenta la necesidad de calefacción.
De esta manera, la política energética del Gobierno profundiza el cambio de esquema: reduce el alcance de los subsidios generales y traslada una mayor parte del costo del servicio a los consumidores.
Quiénes podrán conservar los subsidios
Con la nueva normativa, el acceso a los beneficios quedará sujeto a un régimen focalizado. Entre las condiciones establecidas se encuentran los límites de ingresos familiares y determinadas situaciones sociales.
Para un hogar de cuatro integrantes, el texto establece un límite de ingresos netos conjuntos equivalente a tres Canastas Básicas Totales, que según los valores mencionados ronda los 4,8 millones de pesos. También contempla hogares con integrantes que posean un Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), veteranos de la Guerra de Malvinas a cargo del hogar y familias con personas que tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujeto a evaluación.
El nuevo sistema abre interrogantes sobre la capacidad de estos criterios para contemplar la diversidad de situaciones económicas y climáticas. El costo de calefaccionar una vivienda no depende únicamente de los ingresos: también influyen las temperaturas, las características de las viviendas y las necesidades energéticas de cada familia.
Por eso, uno de los principales puntos de discusión es si la focalización permitirá proteger adecuadamente a los hogares vulnerables que residen en regiones que dejarán de contar con el beneficio por ubicación geográfica.
Un régimen con vigencia hasta 2031
La ley establece que el nuevo esquema se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2031. Además, mantiene un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte para financiar el fondo fiduciario que sostiene el régimen.
La normativa también habilita al Gobierno a aumentar o reducir ese porcentaje hasta en un 50%, de acuerdo con las condiciones previstas. A su vez, refuerza los criterios para trasladar los costos de adquisición de la energía a las tarifas de gas natural y electricidad.
En paralelo, extiende hasta 2045 el horizonte del régimen de promoción de energías renovables y elimina determinadas normas anteriores de promoción de inversiones en hidrocarburos, aunque preserva los derechos adquiridos.
Más presión sobre las economías familiares
La promulgación de la ley representa un nuevo cambio en la política de subsidios energéticos. El Gobierno prioriza la reducción del gasto público y la focalización de la asistencia, pero el costo de esa decisión recaerá también sobre usuarios que hasta ahora contaban con descuentos por vivir en zonas de bajas temperaturas.
La discusión ya no se limita al equilibrio de las cuentas públicas: también involucra el acceso a un servicio esencial y la capacidad de las familias para afrontar las tarifas durante el invierno. Con más de 3 millones de usuarios alcanzados por la eliminación del beneficio automático, el impacto final dependerá de cuántos hogares puedan acceder al nuevo régimen y de cuánto aumenten sus facturas tras perder el descuento.
El desafío será determinar si el ahorro fiscal previsto logra compatibilizarse con una protección suficiente para quienes necesitan calefaccionar sus hogares, sin que el costo de la reorganización de los subsidios termine agravando las dificultades económicas de las familias.