La crisis terminal de los taxistas rosarinos: La Responsabilidad del Gobierno Nacional

Sin embargo, lo que es aún más grave es que muchos de estos trabajadores se ven obligados a sumarse a estas plataformas no reguladas para poder sobrevivir.

La crisis que atraviesa el sector no es meramente estacional, como muchos podrían pensar, sino un resultado directo de una política nacional ausente y desinteresada en regular adecuadamente el transporte en ciudades como Rosario. Si bien es cierto que las aplicaciones ilegales operan sin el marco regulatorio necesario, lo que más preocupa a los taxistas es la falta de acción del Gobierno para frenar esta competencia desleal y proteger un sector clave en la economía de las ciudades argentinas.

Un gobierno que ignora la realidad de los trabajadores

Yanotti no tiene dudas: el Gobierno Nacional ha dejado a los taxistas en la calle, sin políticas claras que los protejan. "Si las aplicaciones regularizadas no dan servicios, es muy difícil sostener la actividad", señaló, subrayando que los taxistas no tienen otra opción que recurrir a plataformas ilegales para poder seguir trabajando, a pesar de ser conscientes de la ilegalidad de esta acción. Esta es la situación extrema que enfrentan los trabajadores, empujados por la falta de una respuesta gubernamental adecuada.

La actual crisis de los taxistas rosarinos es, en gran medida, una consecuencia de la desidia de un gobierno que, con políticas federales ausentes, no prioriza el bienestar de los trabajadores del interior del país. Mientras se permiten que las grandes corporaciones tecnológicas impongan su modelo de negocio en ciudades como Rosario, los taxistas, que durante décadas han sido una parte fundamental del transporte urbano, ven cómo su actividad queda relegada a la ilegalidad o al colapso económico.

Tarifas congeladas y falta de apoyo

El gobierno de Javier Milei también es responsable de las constantes presiones a las tarifas del servicio, como lo demostró la reciente situación con la plataforma Movitaxi, que sin consultar a los choferes, bajó un 20% las tarifas, recayendo toda la carga sobre los trabajadores. A pesar de que hace poco el Concejo Municipal aprobó una actualización del 20% en las tarifas, los taxistas siguen perdiendo dinero, mientras que las aplicaciones ilegales siguen funcionando sin restricción alguna.

La falta de una solución real y eficaz por parte del gobierno nacional solo profundiza la crisis, que no solo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino también la seguridad y calidad del servicio para los usuarios. La falta de regulación y control sobre las aplicaciones no solo es una competencia desleal, sino que además pone en riesgo la seguridad laboral y social de un sector que fue históricamente el motor del transporte urbano en Rosario.

La resistencia de los trabajadores: Subo, una esperanza de los taxistas

En medio de esta difícil situación, el Sindicato de Peones de Taxis ha decidido tomar cartas en el asunto, trabajando en el lanzamiento de su propia aplicación llamada Subo. Con esta iniciativa, buscan recuperar parte del mercado perdido y ofrecer una alternativa legal y regulada que enfrente de manera directa a las plataformas ilegales. Sin embargo, este esfuerzo no será suficiente si el gobierno nacional no se compromete a intervenir para regular y proteger los derechos de los trabajadores, garantizando un mercado justo y equilibrado para los taxistas.

Un llamado urgente a la acción del gobierno

En este contexto, el mensaje es claro: el gobierno nacional debe tomar medidas inmediatas para evitar que los taxistas sigan cayendo en la ilegalidad para poder subsistir. La crisis de los taxistas en Rosario refleja una problemática mucho más profunda que afecta a los trabajadores del interior del país. Mientras los grandes intereses corporativos siguen ganando terreno, los pequeños trabajadores del transporte siguen luchando por su supervivencia, sin el respaldo necesario del Estado.

El gobierno tiene la obligación de intervenir y poner un freno a la competencia desleal de las aplicaciones ilegales, así como garantizar un marco tarifario justo para los trabajadores del sector. El futuro de los taxistas rosarinos y de tantos otros en todo el país está en juego, y es hora de que el gobierno nacional asuma su responsabilidad.