La Eliminación de la AGP: Un Golpe a la Autonomía y el Empleo en el Interior del País

La AGP, a lo largo de los años, ha sido un pilar fundamental no solo en la administración de los puertos y la hidrovía, sino también en la protección de los intereses de los trabajadores y las economías regionales. Su eliminación, además de concentrar aún más poder en manos de un gobierno que muestra cada vez más su cara desreguladora y centralista, se traduce en un nuevo golpe al empleo y a la economía popular, especialmente en las provincias.

Es cierto que la AGP ha enfrentado deficiencias y problemas de gestión, pero, como sucede en muchas ocasiones, la respuesta del gobierno no es buscar la mejora estructural, sino simplemente aplicar la “motosierra” para recortar personal y concentrar poder, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y económicas de esas decisiones. Y es que, detrás de la eliminación de la AGP, se oculta una estrategia de privatización encubierta, que prepara el terreno para entregar a grandes empresas lo que debería ser una gestión pública eficiente en beneficio de todos los argentinos.

Uno de los argumentos esgrimidos por la gestión de Milei es la necesidad de reducir el déficit y eliminar la "burocracia sindicalizada", pero la realidad es que esta medida pone en riesgo no solo los puestos de trabajo, sino también la soberanía sobre uno de los recursos más estratégicos del país: la vía navegable. Al mismo tiempo, la concentración del control bajo el Ministerio de Economía, con Iñaki Miguel Arreseygor como figura clave, deja en claro que el objetivo es tener un control más directo, sin importar las consecuencias para las comunidades y las economías locales que dependen del comercio exterior.

La promesa de despedir a 500 empleados, aunque aún no confirmada, es una clara señal de que esta medida no solo afecta a los trabajadores de la AGP, sino que también tiene un impacto negativo en las familias de esas regiones. La pérdida de empleo en el interior del país solo profundiza la crisis laboral y social que atraviesan muchas provincias, que ya sufren la falta de inversión y de políticas públicas efectivas para el desarrollo económico.

El proyecto de decreto que avanza en los círculos oficiales muestra la falta de un verdadero plan de crecimiento para el sector portuario y la navegación. No se trata de una reforma estructural que contemple un fortalecimiento del Estado en lugar de su desmantelamiento. Y mientras se avanza con la privatización de servicios esenciales, el gobierno de Milei parece ignorar la importancia de mantener un modelo económico que, lejos de beneficiar a las grandes corporaciones, garantice el bienestar de la mayoría del pueblo argentino.

El ajuste del gobierno no solo se siente en los bolsillos de los trabajadores, sino también en las políticas públicas que dejan de lado la necesidad de mantener un Estado fuerte, que controle y regule sectores estratégicos para la nación. La eliminación de la AGP es una muestra más de un modelo económico que prioriza los intereses privados y extranjeros sobre los derechos de los trabajadores y las comunidades.

Es hora de que el gobierno de Milei entienda que el país no puede avanzar con recortes que afectan a los sectores más vulnerables. El ajuste no puede ser la solución, sino el problema. El futuro del país debe basarse en una economía que garantice el trabajo y el bienestar de las familias argentinas, con un Estado presente que defienda los intereses nacionales.