La hipocresía del Gobierno: eliminan cargos hereditarios mientras sus propios amigos y familiares viven del Estado

El gobierno de Javier Milei ha decidido eliminar los cargos hereditarios en el sector público, una medida que, según el decreto firmado por el presidente y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca poner fin a los "privilegios de sangre" en la administración estatal. La decisión se presentó con bombos y platillos como un golpe a la "casta", señalando que es inconstitucional permitir que familiares de empleados fallecidos ocupen sus puestos en organismos como la AFIP, ANSES, Banco Nación, YPF, y Ferrocarriles Argentinos, entre otros.

La narrativa oficial se centra en una supuesta batalla contra la herencia de privilegios, proclamando que el acceso a los empleos públicos debe ser bajo criterios de idoneidad y no de parentesco. Sin embargo, la realidad de quienes ocupan cargos en la administración actual pone en evidencia un nivel de hipocresía que resulta difícil de ignorar. Mientras el gobierno lanza esta cruzada contra el nepotismo, algunas de sus figuras más prominentes son conocidas por mantener a sus familiares dentro del Estado, aprovechando los mismos beneficios que ahora critican.

El caso más llamativo es el del troll libertario conocido como "TraductorTeAma" (Esteban Glavinich), quien ha ganado notoriedad por sus agresivos comentarios en las redes defendiendo las políticas de Milei. Lo que no menciona es que su madre, Susana Porfiri, ha cobrado 2.000 dólares mensuales desde 2008 por realizar "estudios de opinión" para la Municipalidad de Cañada de Gómez, un pueblo de 30.000 habitantes. Un privilegio que se sostiene con los fondos públicos que el mismo libertarismo denuncia con tanto fervor. ¿Cómo puede ser que, mientras se ataca a los trabajadores del Estado como "ñoquis", se pase por alto que una de las principales voces defensoras de Milei es parte de este entramado?

La hipocresía no termina ahí. Manuel Adorni, el vocero presidencial, ha colocado a su hermano en un cargo público, y Romo, otra figura vinculada al oficialismo, también ha asegurado puestos en el Estado para varios miembros de su familia. Estos ejemplos demuestran que, más allá de los discursos sobre eliminar los privilegios, las prácticas de siempre continúan, pero ahora bajo una retórica que busca presentarse como "revolucionaria" y "moralmente superior".

Mientras el gobierno celebra la eliminación de los cargos hereditarios como un triunfo contra los abusos del Estado, mantiene y justifica otras formas de acomodo que perpetúan el mismo problema. Las medidas recientes son una operación de marketing político más que un verdadero compromiso con la transparencia o la eficiencia. Se atacan los "privilegios medievales" en organismos públicos, pero se ignoran los contratos cuestionables y las designaciones familiares que siguen existiendo en sectores del gobierno libertario.

Es importante señalar que la eliminación de los cargos hereditarios en el sector público no debería ser una medida criticable en sí misma, ya que la prioridad debe ser siempre garantizar que el acceso a los empleos esté basado en méritos y no en lazos familiares. Sin embargo, la doble moral del gobierno de Milei, que denuncia los abusos del pasado mientras reproduce esas mismas prácticas, expone que no se trata de una verdadera voluntad de cambio, sino de una estrategia para disfrazar las viejas costumbres con un nuevo ropaje ideológico.

Es fundamental que la sociedad no se deje engañar por estas maniobras que buscan distraer de los verdaderos problemas. El gobierno ha demostrado ser el primero en aprovecharse de los recursos del Estado, mientras apunta con el dedo a los demás. La verdadera revolución sería acabar con estos acomodos en todos los niveles y garantizar que ninguna persona llegue a un cargo por su relación familiar o por ser cercana a quienes están en el poder. Por ahora, parece que el "nuevo orden" de Milei no es más que el viejo clientelismo con un cambio de nombre y color.