La "motosierra" de Milei amenaza al Instituto Nacional del Agua: desfinanciamiento y precariedad laboral en un organismo clave

El panorama fue denunciado por Jorge Collins, un investigador santafesino del organismo, quien advirtió sobre la situación crítica que atraviesan sus 237 profesionales distribuidos en cuatro centros regionales ubicados en Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza. Además, el Ina cuenta con un polo central en Ezeiza que alberga laboratorios de hidráulica, calidad del agua e hidrología, esenciales para abordar los desafíos relacionados con la gestión hídrica en el país.

“El Instituto tiene más de 50 años de historia y cumple funciones que no pueden ser reemplazadas por el sector privado”, remarcó Collins en diálogo con Radio 2. Sin embargo, según denunció, la desinversión es alarmante y los profesionales más jóvenes trabajan bajo condiciones de precariedad laboral, con contratos renovables cada tres meses y salarios bajos.

La situación del Ina no es un caso aislado. En palabras del investigador, “todos los institutos tecnológicos están siendo desmantelados” debido a la política de ajuste implementada por el Ministerio de Regulación y Transformación del Estado, que busca justificar la disfunción del organismo bajo el argumento de que sus funciones podrían ser asumidas parcialmente por empresas privadas. Esta visión mercantilista ignora la importancia estratégica de un organismo que no solo audita obras hídricas y condiciones de inundabilidad, sino que también estudia fuentes de agua, analiza su calidad y ejerce poder de Policía en el ámbito hídrico.

El futuro del Ina es incierto. Mientras algunos mencionan una posible restructuración que reduciría al mínimo su capacidad operativa, otros temen directamente su disolución, lo que implicaría el cierre de los centros regionales y el abandono de tareas esenciales para garantizar el acceso al agua de calidad.

Esta situación no es solo un ataque al Ina, sino también un golpe al federalismo y a los intereses de las provincias, que dependen de este organismo para enfrentar problemáticas como las inundaciones, el acceso al agua potable y la gestión de pasivos ambientales. En un contexto de crisis climática, desmantelar un organismo clave para la gestión hídrica es una decisión que no solo es irresponsable, sino también peligrosa.

El ajuste de Milei pone en riesgo no solo el trabajo de cientos de profesionales, sino también la seguridad hídrica de millones de argentinos. Mientras se promueve la concentración de recursos en manos privadas, el país se queda sin herramientas para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Es momento de defender lo público y de exigir al gobierno nacional que priorice la vida y el bienestar de su pueblo por sobre los intereses del mercado.