La nueva represión digital del gobierno de Milei: patrullaje en redes, detenciones sin orden y cacería preventiva de disidentes

Ya no es una metáfora ni una exageración. A partir de hoy, si posteás un meme que no le gusta al gobierno, si te reís de Javier Milei o si tuiteás con bronca contra la motosierra, pueden venir a buscarte a tu casa. Literal. El decreto 383/2025, firmado con entusiasmo autoritario por Patricia Bullrich y publicado este 27 de mayo en el Boletín Oficial, reescribe de facto el rol de la Policía Federal Argentina. Y lo hace con un objetivo nada disimulado: disciplinar, amedrentar y perseguir a quien ose pensar distinto.

El nuevo Estatuto de la PFA habilita patrullaje digital sin autorización judicial. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora, el Estado te puede espiar legalmente en redes sociales, foros, medios y “fuentes abiertas”, sin tener que pedirle permiso a ningún juez. Si no les gusta lo que dijiste o compartiste, si creen que sos “peligroso” por opinar, por convocar a una marcha o simplemente por apoyar a Cristina Fernández de Kirchner, te pueden localizar usando las bases de datos del Estado —sí, esas que registran tu domicilio, tu teléfono, tu CUIL, tu historial laboral— y enviarte un patrullero. Sin orden judicial. Sin delito cometido.

La libertad de expresión, ahora es un crimen preventivo

El decreto habilita la detención por “averiguación de antecedentes” por hasta 10 horas. Y como si eso no alcanzara, legaliza las detenciones “preventivas” bajo la figura de que alguien podría llegar a cometer un delito. No hace falta que hagas nada. Solo que alguien crea que quizás ibas a hacerlo. Un delirio jurídico que se utilizó durante la dictadura, ahora reciclado por el gobierno que vino a destruir el Estado pero termina construyendo uno orwelliano, blindado por la represión y el control social.

Lo más repulsivo es la oportunidad política del anuncio. Justo un día antes de la marcha multitudinaria para acompañar a Cristina a Comodoro Py. Justo cuando el peronismo vuelve a llenar las calles. Justo cuando el poder ve que no le alcanza con la condena judicial, sino que necesita también la humillación pública, el disciplinamiento social, el miedo en carne viva. La consigna es clara: si pensás ir a una marcha, si planeás protestar, si tenés el atrevimiento de resistir, sabé que te pueden requisar sin orden, detenerte sin motivo, y escudriñar tu celular porque sí.

La represión “legal” como política de Estado

El artículo 383 también blanquea que la Policía Federal podrá hacer requisas a manifestantes sin necesidad de ninguna orden judicial. Te pueden parar en la calle camino a una movilización, revisar tus pertenencias, inspeccionar tu auto, y si no les gusta tu cara o tu remera, meterte en un patrullero. Todo con el aval administrativo de un decreto. Todo bajo el mando de la ministra de Seguridad que convirtió el protocolo represivo en bandera de campaña.

Y no, no es casualidad. No es eficiencia policial. Es terrorismo estatal. Es una advertencia mafiosa disfrazada de reforma institucional. Bullrich lo sabe. Por eso, además, se reservó el derecho de reorganizar toda la estructura de la PFA, reducir el personal, elegir a los nuevos ingresantes y armar una fuerza “moderna”, “eficiente” y “orientada a la investigación”. O, en criollo: una fuerza a medida de su doctrina del enemigo interno. Una policía política con nombre de fuerza federal.

El cinismo libertario no conoce límites

Y acá viene el remate. En 2023, durante la campaña, Sergio Massa habló de armar una ciberpatrulla para monitorear redes sociales. No para perseguir, sino para detectar amenazas o posibles delitos en tiempo real. ¿La reacción libertaria? Un festival de indignación trucha: gritaron dictadura, lloraron por tuiteros escrachados, y juraron que jamás permitirían semejante atentado contra la libertad. Hoy, los mismos que se rasgaron las vestiduras por un patrullaje virtual, aprueban un sistema de espionaje interno, detenciones arbitrarias, patrullajes digitales sin orden judicial, y persecución ideológica a quienes piensan distinto.

La libertad de expresión, para Milei y Bullrich, no es un derecho. Es una amenaza. El que habla, molesta. El que opina, incomoda. El que se organiza, peligra. Por eso intentan convertir el país en una cárcel digital con fachada legal, donde todos somos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario.

No es seguridad. Es represión preventiva.

Esto no es una democracia. Es un Estado policial en construcción. No importa cuánto lo disfracen de “modernización”. No importa cuánto lo aplaudan los trolls libertarios o los editorialistas obedientes. Lo que están haciendo es convertir el miedo en política pública. Pretenden que pensemos dos veces antes de escribir. Que no compartamos una consigna. Que no vayamos a una marcha. Que dejemos de acompañar a Cristina. Que nos callemos.

Pero no van a poder. Porque aunque quieran militar el terror, aunque regulen la represión, aunque quieran que nos autocensuremos, hay algo que no pueden tocar: la dignidad popular. Esa que mañana va a caminar igual hacia Comodoro Py. Esa que no se rinde. Esa que sabe que si del otro lado están los que brindan con Cecilia Pando, los que justifican la dictadura, los que convierten la policía en su fuerza de tareas, entonces no hay duda de qué lado hay que estar.

Ellos no van a entender nunca lo que significa el amor del pueblo. Porque solo conocen el lenguaje del odio, la traición y el miedo. Pero el pueblo ya no les tiene miedo. Porque la verdadera libertad —esa que no cabe en sus decretos— siempre avanza.