La privatización de las rutas nacionales: ¿Solución o despojo?

El gobierno de Javier Milei ha decidido avanzar con una de las medidas más controvertidas de su gestión: la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. En un país donde la infraestructura vial ya atraviesa una crisis histórica, el argumento oficial de "reducir el gasto público" suena más a una excusa desgastada que a una solución concreta para los problemas de fondo.

El Decreto 28/2025, publicado recientemente, establece el inicio del proceso para privatizar la Red Federal de Concesiones. Esto incluye tramos clave como la "Ruta del Mercosur", que conecta estratégicamente a Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay. Este corredor, que abarca más de 600 kilómetros, es solo la primera etapa de un plan que alcanzará trece tramos, representando el 20% de la red vial nacional pero concentrando el 80% del tránsito. La jugada es clara: entregar las vías más rentables al sector privado bajo el disfraz de una supuesta eficiencia.

¿Reducir gastos o despojar al Estado?

El argumento principal del gobierno radica en que estas concesiones permitirán "ahorrar" 6.100 millones de dólares en 15 a 20 años. Sin embargo, omiten mencionar que estos "ahorros" suelen traducirse en algo muy distinto para los ciudadanos: peajes más caros, falta de control estatal y el riesgo de que las empresas prioricen el lucro sobre la calidad y seguridad de las rutas.

Además, resulta irónico que se justifique la privatización con la promesa de eliminar subsidios, cuando históricamente los esquemas de concesión privados en Argentina han dependido de aportes estatales para ser sostenibles. ¿Quién garantiza que no ocurra lo mismo esta vez? Por experiencia, sabemos que el costo final siempre recae sobre el bolsillo de los usuarios.

Privatizar en plena crisis vial

El momento elegido para esta medida es particularmente preocupante. Argentina atraviesa una crisis vial estructural: rutas deterioradas, falta de mantenimiento y una alarmante cantidad de accidentes de tránsito. En lugar de presentar un plan integral para mejorar las condiciones viales, el gobierno opta por el camino más fácil (y más polémico): delegar en manos privadas lo que debería ser responsabilidad del Estado.

Privatizar no es sinónimo de eficiencia. De hecho, el historial de concesiones viales en el país está plagado de incumplimientos, rutas mal mantenidas y peajes abusivos. ¿Por qué deberíamos creer que esta vez será diferente?

Lo más indignante es que esta privatización beneficia a un sector muy reducido: las grandes empresas. Mientras tanto, los ciudadanos que diariamente transitan por estas rutas pagarán más, ya sea con peajes más altos o con la falta de infraestructura en aquellas rutas que no sean rentables para los concesionarios privados. Es una transferencia de recursos y responsabilidades del Estado a las corporaciones, bajo el falso pretexto de la eficiencia.

¿Y la soberanía vial?

En el contexto de la "Ruta del Mercosur", la medida también despierta preocupaciones sobre la soberanía. Entregar el control de un corredor estratégico que conecta a Argentina con sus principales socios comerciales a empresas privadas no solo pone en riesgo la economía local, sino también la capacidad del Estado para gestionar su propia infraestructura crítica.

La privatización de las rutas nacionales no es una novedad, pero sí un síntoma de un modelo agotado que prioriza el beneficio económico inmediato sobre las necesidades de largo plazo de los ciudadanos. Mientras se insiste con la narrativa de la "reducción del gasto público", la realidad es que estas medidas no solo despojan al Estado, sino también a los argentinos de un derecho fundamental: transitar por rutas seguras y accesibles.

Privatizar las rutas no resolverá la crisis vial. Solo agravará la desigualdad y pondrá en manos privadas lo que debería ser un bien común. El Estado debe hacerse cargo, no lavarse las manos.