La tercera tampoco fue la vencida: el Gobierno volvió a fracasar en su intento de rematar la Argentina
El clima que instaló la scaloneta con su triunfo ante Inglaterra le jugó en contra al oficialismo a la hora de avanzar con la derogación de la Ley de Tierras en el Senado. Volverá a intentarlo tras el mundial.
POLITICA NACIONAL
Camila Domínguez
7/17/20263 min read
El Gobierno volvió a fracasar con la Ley de Tierras y postergó por cuarta vez el debate
El Gobierno sufrió una nueva derrota parlamentaria en su intento de modificar la Ley de Tierras Rurales. Por tercera vez, el oficialismo no logró reunir los votos necesarios para avanzar con un proyecto que busca flexibilizar las restricciones a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros y finalmente debió postergar la discusión hasta el próximo 6 de agosto.
La sesión en el Senado quedó marcada por el clima político que generó el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra. La reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas realizada por los jugadores terminó influyendo entre algunos senadores que todavía dudaban si acompañar o no la iniciativa oficialista. “El día después de ver a los jugadores con la bandera de Malvinas, ver a senadores votando a favor de la entrega del territorio era muy fuerte”, reconocieron desde el interbloque peronista.
El peronismo trabajó para desarmar los apoyos del Gobierno en los artículos considerados más sensibles, especialmente aquellos vinculados con la extranjerización del territorio nacional. En ese marco, la negociación política logró inclinar la balanza con el acompañamiento de Alejandra Vigo y Camau Espínola, mientras que la ausencia de dos senadores terminó de complicar el panorama para Patricia Bullrich.
La jefa del bloque libertario había decidido avanzar con la sesión pese a que los respaldos eran extremadamente ajustados. El dictamen había sufrido 15 modificaciones y otorgaba a las provincias mayores facultades para autorizar o rechazar la venta de tierras rurales a extranjeros. Sin embargo, las negociaciones se empantanaron luego de que los cambios acordados con los aliados no fueran convalidados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La iniciativa oficial forma parte de un paquete que también contempla la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de empresarios extranjeros, los desalojos exprés y el desmantelamiento de protecciones sobre terrenos afectados por incendios. Pero el punto que más interés despertaba en el Gobierno era la flexibilización de las normas sobre la venta de territorio nacional a capitales extranjeros.
Desde el peronismo advirtieron que el proyecto podría facilitar la extranjerización de zonas estratégicas, particularmente en regiones cordilleranas donde se concentran recursos como litio, petróleo y minerales críticos, además de pasos bioceánicos. También cuestionaron la eliminación del porcentaje máximo por nacionalidad establecido por la legislación vigente.
La Ley de Tierras Rurales fue sancionada en 2011 para limitar la adquisición de territorio por parte de extranjeros y resguardar la integridad territorial. El Gobierno ya intentó modificarla en tres oportunidades y en todas encontró obstáculos parlamentarios. La primera iniciativa naufragó por falta de apoyos; la segunda quedó opacada por el escándalo que involucró a Manuel Adorni; y esta tercera fracasó en medio de una combinación de ausencias, negociaciones trabadas y un clima político adverso.
Bullrich evitó una derrota en el recinto y pidió un cuarto intermedio. La moción fue aprobada por 62 votos y el debate quedó formalmente postergado para el 6 de agosto. El Gobierno volverá a intentar reunir los votos para avanzar con una reforma que, detrás del discurso de la defensa de la propiedad privada, abre una fuerte discusión sobre la soberanía y el control nacional de los recursos estratégicos.
Durante las casi tres horas de sesión, el oficialismo sí consiguió aprobar varios pliegos judiciales, entre ellos el del camarista Víctor Pesino, el magistrado que dejó sin efecto la medida cautelar impulsada por la CGT contra la reforma laboral. En el Senado, como suele decirse, favor con favor se paga.