“La universidad no se vende”: multitudinaria marcha federal volvió a poner en jaque al Gobierno

Miles de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores universitarios colmaron este martes las calles de distintas ciudades del país en una nueva Marcha Federal Universitaria para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el fuerte ajuste presupuestario que atraviesa el sistema educativo superior argentino. La movilización tuvo su epicentro en Plaza de Mayo, donde una multitud reclamó “más educación y menos recortes” en una jornada marcada por fuertes discursos, críticas al Ejecutivo y un clima de alta tensión política.

La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes. Se trató de la cuarta gran movilización universitaria desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, y volvió a reunir a amplios sectores sociales, organizaciones estudiantiles, referentes políticos y figuras del ámbito cultural.

Desde temprano comenzaron las concentraciones frente a distintas facultades y puntos emblemáticos del país. En Buenos Aires, columnas de estudiantes avanzaron hacia Plaza de Mayo con banderas, carteles y cánticos en defensa de la universidad pública. En provincias como Córdoba, Mendoza, Rosario, Tucumán y Río Negro también hubo marchas masivas y actos públicos.

El reclamo principal apuntó al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y respaldada por fallos judiciales que ordenan al Ejecutivo actualizar partidas presupuestarias, salarios docentes y becas estudiantiles. Las universidades denuncian que el Gobierno no acata esas resoluciones y que el ajuste ya impacta de manera crítica en el funcionamiento académico, científico y hospitalario.

Durante el acto central frente a Casa Rosada, representantes universitarios leyeron un documento conjunto con fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional. “Cumplan con la ley, no hipotequen el futuro”, fue una de las frases más repetidas durante la jornada.

Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, sostuvo que el financiamiento universitario “no compromete el equilibrio fiscal” y defendió el rol histórico de la educación pública como motor de movilidad social. También advirtió sobre el peligro institucional de desconocer leyes votadas por el Congreso y ratificadas por la Justicia.

Otro de los discursos más contundentes fue el del rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, quien aseguró que “está en riesgo la democracia y el Estado de derecho” si el Gobierno continúa ignorando las decisiones judiciales y restringiendo el derecho a la protesta.

Según datos difundidos por el sistema universitario, las transferencias destinadas a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde 2023. Además, gremios docentes denuncian pérdidas salariales superiores al 30% y alertan sobre una ola de renuncias en distintas casas de estudio debido al deterioro económico.

La crisis también golpea a hospitales universitarios y programas de investigación científica. Autoridades académicas advirtieron que muchas instituciones atraviesan dificultades para sostener servicios básicos, laboratorios y actividades de extensión.

En paralelo, el oficialismo salió a cuestionar la movilización y aseguró que se trató de una “marcha política opositora”. Desde La Libertad Avanza señalaron que detrás de la protesta existe una intención de desgastar al Gobierno y rechazaron las acusaciones de desfinanciamiento educativo.

El presidente Javier Milei siguió la jornada desde la Quinta de Olivos, mientras sectores del Gabinete minimizaron el impacto político de la protesta. Sin embargo, la masividad de la convocatoria volvió a encender alarmas dentro del oficialismo, especialmente en medio de un contexto económico complejo y crecientes tensiones parlamentarias.

La marcha también contó con el respaldo de dirigentes opositores y referentes de la cultura. La cantante Lali Espósito expresó públicamente su apoyo a la defensa de la universidad pública y aseguró que existen “millones de historias y motivos” para sostener el sistema educativo estatal.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el fuerte acompañamiento social. Familias, graduados y ciudadanos sin vínculo directo con las universidades participaron de la movilización bajo la consigna de que la educación pública representa una herramienta clave de igualdad y desarrollo.

Mientras tanto, el conflicto permanece abierto y ahora la expectativa está puesta en la Corte Suprema, que deberá definir sobre la aplicación definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Rectores y estudiantes advirtieron que, si no hay respuestas concretas, podrían profundizarse las medidas de fuerza en las próximas semanas.