La universidad pública vuelve a las calles: la cuarta marcha federal contra el ajuste de Milei

Por cuarta vez desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, las calles vuelven a llenarse de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores universitarios que salen a defender algo mucho más grande que un presupuesto: salen a defender el futuro. Este martes, la Argentina vuelve a vivir una nueva Marcha Federal Universitaria, con movilizaciones en todo el país y un acto central en Plaza de Mayo a las 17 horas. Y si algo queda claro en la previa es que sobran los motivos.

La convocatoria promete ser masiva. No solamente en la Ciudad de Buenos Aires, donde las columnas comenzarán a concentrarse desde temprano, sino también en Córdoba, Rosario, Formosa, Mendoza, Santa Fe, Mar del Plata y decenas de ciudades universitarias a lo largo del país. Porque cuando se habla de universidades nacionales, se habla de una red federal que atraviesa a toda la Argentina y que hoy se siente atacada como nunca antes.

La movilización no reúne solamente a estudiantes o docentes. Lo que se verá hoy en las calles es una expresión social mucho más amplia: rectores, investigadores, trabajadores no docentes, sindicatos, científicos, organizaciones sociales, familias enteras y ciudadanos que quizás hace años dejaron un aula universitaria, pero que entienden perfectamente lo que está en juego.

Porque la universidad pública argentina no es solamente un edificio donde se dictan clases. Es una herramienta de movilidad social. Es la posibilidad de que un hijo de trabajadores pueda convertirse en médico, ingeniero, abogado o investigador sin hipotecar su vida para estudiar. Es ciencia, tecnología, hospitales universitarios, producción de conocimiento y desarrollo nacional. Es una parte central de la identidad argentina.

Y justamente por eso, la palabra crisis queda chica para describir la situación actual de las universidades nacionales bajo el gobierno de La Libertad Avanza.

Con el argumento de reducir el déficit fiscal, el gobierno de Javier Milei viene aplicando un desfinanciamiento sistemático sobre las universidades públicas. Los números son contundentes: los fondos destinados al sistema universitario cayeron un 45,6 por ciento. Traducido al lenguaje cotidiano, eso significa universidades funcionando a media máquina, carreras deterioradas, laboratorios paralizados y docentes sobreviviendo como pueden.

“Esto implica que en todas las dimensiones de la vida universitaria y científica estamos a la mitad de nuestras capacidades”, advirtió uno de los rectores que impulsa la movilización.

Y no es una exageración. La situación salarial de docentes y trabajadores universitarios se volvió dramática. La inflación destruyó los ingresos del sector y miles de profesores abandonaron las aulas porque simplemente ya no pueden sostenerse económicamente. Muchos otros sobreviven a base de pluriempleo, trabajando en varias instituciones al mismo tiempo para llegar a fin de mes.

Mientras tanto, los estudiantes enfrentan otro calvario: transporte cada vez más caro, alquileres imposibles, materiales de estudio inaccesibles y becas congeladas que quedaron completamente desactualizadas frente a la realidad económica.

La universidad pública hoy funciona, en gran parte, por el enorme esfuerzo humano de quienes todavía la sostienen. No gracias al Estado, sino a pesar del abandono estatal.

Y como si eso no alcanzara, el lunes previo a la movilización el Gobierno anunció nuevos ajustes. Más recortes. Más presión. Más asfixia presupuestaria. Una decisión que dentro de la comunidad educativa fue interpretada directamente como un ataque a todo lo que representa la educación pública argentina.

Porque el problema ya dejó de ser solamente económico. Lo que hoy se discute es un modelo de país.

De un lado, una visión que entiende a la universidad como un derecho y como una inversión estratégica para el desarrollo nacional. Del otro, un gobierno que parece mirar a la educación superior únicamente como un gasto a recortar.

La discusión alrededor de la Ley de Financiamiento Universitario refleja perfectamente ese choque.

La ley fue votada y aprobada por el Congreso de la Nación. Fue debatida democráticamente y respaldada por amplios sectores políticos. Sin embargo, el oficialismo sigue dilatando su aplicación mediante apelaciones judiciales y maniobras para evitar cumplirla.

Y ahí aparece una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo puede un gobierno ignorar una ley votada democráticamente?

Porque más allá de las diferencias ideológicas, existe una obligación institucional básica: respetar las leyes. Pero mientras las universidades esperan fondos para sobrevivir, el Gobierno parece decidido a seguir pateando el problema hacia adelante.

“Se hacen los tontos con una ley votada democráticamente mientras el sistema universitario se desmorona”, repiten con bronca muchos docentes.

Y cuesta discutirles. Sobre todo porque el contraste político es cada vez más obsceno.

Mientras se repite el mantra del “no hay plata” para las universidades, el propio gobierno queda envuelto en escándalos de funcionarios con gastos millonarios, lujos difíciles de justificar y sospechas de corrupción. El caso Adorni se transformó en el símbolo más evidente de esa contradicción.

No hay plata para sostener hospitales universitarios, pero sí aparecen jacuzzis, cascadas, remodelaciones premium y pagos millonarios en efectivo alrededor de funcionarios del poder.

“No hay plata para las universidades, pero sí para los privilegios del poder.”

La frase resuena cada vez más fuerte en las calles.

Porque el ajuste, curiosamente, siempre cae sobre los mismos sectores: educación, ciencia, salud, jubilados, salarios. Nunca sobre la política. Nunca sobre los privilegios reales del poder.

Y eso genera una indignación social que ya excede a las universidades. Por eso esta cuarta marcha federal promete volver a ser multitudinaria. Porque la universidad pública logró transformarse en uno de los grandes puntos de resistencia social frente al modelo de ajuste libertario.

Las imágenes que seguramente volverán a verse hoy en todo el país tienen un peso simbólico enorme: jóvenes defendiendo su derecho a estudiar, docentes peleando por salarios dignos, científicos reclamando recursos para investigar y miles de familias entendiendo que sin universidad pública el futuro se vuelve mucho más desigual.

Porque en la Argentina, la universidad pública no es un lujo. Es una de las pocas herramientas reales de ascenso social que todavía sobreviven.

De las universidades nacionales salieron médicos que sostienen hospitales públicos, ingenieros que desarrollan infraestructura, científicos reconocidos mundialmente, investigadores del Conicet, docentes, jueces, periodistas y profesionales de todas las áreas.

También salieron millones de historias silenciosas de familias trabajadoras que pudieron romper ciclos de pobreza gracias a que estudiar nunca fue un privilegio reservado solamente para quienes podían pagar.

Eso es lo que hoy se siente amenazado. Y por eso las calles vuelven a llenarse.

Porque defender las universidades públicas no es defender privilegios ni negocios políticos. Es defender una de las herramientas más importantes que tiene la Argentina para crecer, generar igualdad y construir futuro.

El Gobierno podrá seguir apelando fallos, demorando leyes y recortando partidas. Pero hay algo que empieza a quedar claro: millones de personas no están dispuestas a quedarse calladas mientras se desmantela uno de los mayores orgullos del país.

La universidad pública argentina no sobra. No es un gasto inútil. No es una caja política. Es parte del corazón mismo de la Argentina que todavía cree en la educación como motor de progreso.

Y hoy, otra vez, ese corazón vuelve a salir a las calles.