Malvinas en disputa: piden a la Justicia frenar un proyecto petrolero británico-israelí en las islas
Ambientalistas y excombatientes reclaman frenar el proyecto Sea Lion y cuestionan la pasividad del Gobierno nacional.
NACIONALSOCIEDADINTERNACIONAL
Camila Dominguez
9/2/20265 min read
Malvinas: denuncian ante la Justicia el avance del megaproyecto petrolero Sea Lion y apuntan contra la inacción del Gobierno
Ambientalistas y excombatientes exigieron frenar las obras y el financiamiento del proyecto offshore en la Cuenca Malvinas Norte. Advierten sobre el impacto ambiental, la explotación de recursos argentinos sin autorización nacional y el riesgo de que la falta de respuesta oficial debilite la posición soberana del país.
En medio del renovado discurso oficial sobre la cuestión Malvinas, organizaciones ambientalistas y excombatientes acudieron a la Justicia Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, para intentar detener el avance del megaproyecto petrolero offshore Sea Lion, desarrollado en aguas próximas a las islas por empresas vinculadas al Reino Unido, Israel y Canadá.
La presentación fue impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Los denunciantes solicitaron una medida cautelar urgente para suspender las obras, perforaciones y movimientos vinculados con la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte, además de cuestionar el financiamiento que sostiene el proyecto.
El planteo judicial adquiere especial relevancia porque, según sostienen las organizaciones, el Estado argentino mantiene una posición de inacción frente al avance de empresas extranjeras sobre recursos naturales cuya explotación no cuenta con autorización argentina.
⚠️ Un proyecto petrolero en territorio cuya soberanía Argentina reclama
Sea Lion es presentado como uno de los desarrollos petroleros offshore de mayor magnitud proyectados en el Atlántico Sur. El emprendimiento está asociado principalmente a la británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum, junto con otros actores internacionales.
El proyecto se desarrolla bajo autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas de las Islas Malvinas, mientras que la Argentina sostiene constitucionalmente su reclamo de soberanía sobre el archipiélago y sus espacios marítimos correspondientes.
Para los denunciantes, esta situación no constituye únicamente una controversia diplomática: también implica un problema ambiental, económico y jurídico, porque se avanza sobre recursos hidrocarburíferos sin intervención de los organismos argentinos.
La acción presentada ante el juzgado fue planteada como una “acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva”, invocando las herramientas previstas en el Código Civil y Comercial para prevenir daños antes de que estos se produzcan.
💰 También buscan cortar el financiamiento
Uno de los aspectos centrales de la presentación judicial es que no se limita a pedir la paralización de las operaciones sobre el lecho marino.
Los abogados pretenden que se interrumpa también el circuito financiero que permite sostener el desarrollo petrolero, bajo el argumento de que impedir las perforaciones sin intervenir sobre su financiamiento podría resultar insuficiente para detener el proyecto.
Jerónimo Guerrero Iraola, uno de los abogados que participa de la presentación, cuestionó duramente al Gobierno nacional y sostuvo que el país se encuentra frente a una política que pone en riesgo sus recursos y su soberanía.
En esa línea, afirmó que el proyecto representa una pérdida de oportunidades para la Argentina y acusó a la administración de Javier Milei de llevar adelante una política que, según su interpretación, favorece la entrega de recursos estratégicos a capitales extranjeros.
Del silencio oficial al repentino regreso de la “causa sagrada”
La denuncia también llega en un momento político particular.
Las organizaciones cuestionaron que el Gobierno haya recuperado el discurso sobre Malvinas después de un prolongado período en el que, según sostienen, la cuestión de la soberanía quedó relegada de la agenda oficial.
El giro se produjo después de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la cuestión Malvinas. A partir de allí, Milei aseguró que había ocurrido algo “muy fuerte” en relación con la que definió como “la causa más importante y sagrada de los argentinos”.
Sin embargo, desde una mirada crítica, los denunciantes consideran contradictorio que el Gobierno vuelva a reivindicar públicamente la soberanía mientras mantiene una postura considerada insuficiente frente a la explotación de recursos naturales en las islas y sus aguas circundantes.
Uno de los puntos más cuestionados es el comportamiento de la Cancillería, a la que se reprocha haber demorado alrededor de dos años y medio en emitir un comunicado para rechazar el avance del proyecto petrolero británico.
📂 Hay antecedentes judiciales que se remontan a 2015
La actual presentación no parte de cero. Existe un antecedente judicial iniciado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado argentino denunció penalmente a empresas que realizaban actividades de exploración hidrocarburífera sin autorización argentina.
En 2015 se impulsó una denuncia ante la Justicia Federal de Río Grande que derivó en medidas contra compañías internacionales involucradas en operaciones petroleras en la zona.
El expediente incluyó embargos millonarios y órdenes de secuestro de buques, en el marco de una legislación argentina que establece sanciones para quienes exploten hidrocarburos en territorio argentino sin contar con autorización del Estado.
La legislación, explicaron sus impulsores, no necesitaba mencionar expresamente a Malvinas porque la Constitución argentina establece la pertenencia de las islas al territorio nacional.
🇮🇱 El antecedente con Navitas
El conflicto tuvo un nuevo capítulo cuando Navitas Petroleum ingresó al negocio y aportó capital para impulsar nuevamente el proyecto Sea Lion.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, Argentina adoptó medidas específicas contra la compañía israelí. En 2020 se le comunicó oficialmente que sus actividades se desarrollaban sobre un territorio cuya soberanía reclama la Argentina y se le pidió que se abstuviera de financiar o participar en esas operaciones.
Posteriormente, en 2021, las autoridades argentinas iniciaron procedimientos sancionatorios contra Navitas, además de otras empresas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.
Estos antecedentes son utilizados ahora por los denunciantes para sostener que el Estado argentino ya había establecido una posición jurídica frente a las empresas involucradas, pero que esa política perdió fuerza durante la actual administración.
🌊 El riesgo ambiental detrás del negocio petrolero
La controversia tampoco se limita a la soberanía.
Las organizaciones ambientalistas advierten que un desarrollo petrolero offshore de estas características implica riesgos potenciales para los ecosistemas marinos del Atlántico Sur. La exploración, perforación, transporte y posterior extracción de hidrocarburos pueden generar impactos sobre un área ambientalmente sensible.
Por eso, la demanda reclama que las actividades no puedan avanzar sin cumplir con los mecanismos de evaluación y autorización ambiental establecidos por la legislación argentina.
Desde la perspectiva de los denunciantes, las autorizaciones otorgadas unilateralmente por las autoridades británicas de las islas no pueden reemplazar las exigencias ambientales argentinas ni generar derechos frente al Estado argentino.
⚖️ “El silencio también tiene consecuencias”
Uno de los argumentos jurídicos más fuertes de la presentación apunta precisamente a la falta de reacción estatal.
El escrito sostiene que “en el derecho internacional los silencios producen efectos”, y advierte que una inacción prolongada frente a determinadas actuaciones de otro Estado podría terminar afectando la posición jurídica argentina.
El planteo busca así instalar una discusión que va más allá del petróleo: qué consecuencias puede tener para la estrategia soberana argentina permitir que empresas extranjeras desarrollen durante años actividades económicas en una zona cuya soberanía el país reclama internacionalmente.
🔴 Una disputa que vuelve a poner al Gobierno frente a sus propias contradicciones
La judicialización del proyecto Sea Lion expone una contradicción política que los sectores críticos del Gobierno vienen señalando: Milei vuelve a reivindicar públicamente la causa Malvinas mientras organizaciones sociales y excombatientes recurren a los tribunales para reclamar que el Estado actúe frente a la explotación petrolera impulsada desde las islas.
La cuestión no es solamente quién controla el archipiélago. También está en juego quién explota los recursos, quién obtiene los beneficios económicos y qué controles ambientales se aplican sobre una zona estratégica del Atlántico Sur.
Mientras el Gobierno nacional busca capitalizar políticamente las declaraciones de Donald Trump, la Justicia Federal de Tierra del Fuego deberá analizar ahora el pedido de suspensión del proyecto.
El trasfondo es evidente: para los denunciantes, no alcanza con volver a pronunciar la palabra “soberanía”. La defensa de Malvinas también implica actuar frente a quienes avanzan sobre sus recursos naturales.