Maniobra en el Senado: un atropello institucional para arrinconar al peronismo

Lo ocurrido en el Senado no fue una simple disputa por cargos ni una discusión reglamentaria menor. Fue una demostración descarnada de cómo el poder puede torcer las reglas cuando los números alcanzan y la voluntad política apunta a disciplinar al adversario. La maniobra impulsada por La Libertad Avanza para desplazar al peronismo de la conducción de la Cámara alta no puede leerse como un movimiento administrativo más: fue un acto de bajeza institucional con un objetivo claro y explícito, debilitar al bloque Justicialista y correrlo de los espacios que le corresponden por peso parlamentario y representación popular.

El bloque peronista cuenta con 25 senadores. Es la principal fuerza opositora. Esa realidad no surge de una rosca circunstancial ni de un acuerdo de despacho: surge del voto de millones de argentinos. Sin embargo, el oficialismo decidió avanzar en una alianza coyuntural con sectores disidentes y bloques provinciales para arrebatarle al Justicialismo un lugar clave en la conducción del Senado, rompiendo una práctica histórica que respeta la proporcionalidad y el equilibrio institucional.

No fue un gesto ingenuo ni una jugada aislada. Fue una maniobra política deliberada, construida sobre la base de un armado que aglutinó sectores con un único denominador común: el antiperonismo. El mensaje fue claro. No se trató solo de ganar una votación, sino de dejar al peronismo sin representación en la mesa de conducción, aun cuando los números lo habilitan. Es decir, no se buscó consensuar ni negociar, sino excluir.

El oficialismo, en lugar de apostar a la convivencia democrática y al respeto por las reglas no escritas que ordenan el funcionamiento parlamentario, optó por forzar la interpretación del reglamento y convertir una mayoría circunstancial en una herramienta de arrasamiento. La designación impulsada para ocupar un cargo que tradicionalmente corresponde al bloque opositor mayoritario vulnera el espíritu mismo del sistema representativo.

Porque no se trata solamente de una cuestión interna del Congreso. Lo que está en juego es el principio de representación democrática. Cuando a un bloque que concentra la mayor cantidad de senadores opositores se le quitan los lugares que le corresponden por número y legitimidad política, lo que se está desconociendo no es solo a un partido, sino a la porción del electorado que lo eligió.

Millones de argentinos votaron para que sus representantes estén en el Senado defendiendo sus intereses, controlando al oficialismo, discutiendo leyes, marcando límites. Desplazar al peronismo de la conducción no es un castigo a una estructura partidaria: es un mensaje hacia esa parte del pueblo que decidió no acompañar al gobierno. Es decirles que su representación puede ser marginada si el poder de turno consigue las alianzas suficientes.

La estrategia del oficialismo es evidente. En vez de construir consensos amplios y sostener un esquema de convivencia institucional, opta por ampliar su base a través de acuerdos circunstanciales con sectores disidentes y gobernadores, consolidando una mayoría que le permita avanzar sin obstáculos en su agenda legislativa. La lógica no es la del diálogo democrático, sino la del disciplinamiento político.

Se consolida así una forma de ejercer el poder que no busca integrar, sino arrinconar; no intenta debatir, sino neutralizar. Se pretende reducir al adversario, quitarle espacios, restarle visibilidad y capacidad de incidencia. Y en ese camino se naturaliza una peligrosa premisa: si se tienen los votos, todo está permitido.

Pero no todo está permitido en una República. La Constitución no es un formalismo decorativo ni el reglamento interno del Senado una sugerencia opcional. Son marcos que garantizan equilibrio, representación y límites al poder. Cuando se fuerzan las reglas para alterar la proporcionalidad en la conducción de la Cámara, se está lesionando un principio básico del sistema democrático.

Por eso, esta situación no debería agotarse en la denuncia política ni en el debate mediático. Debería ser llevada a la Justicia. No solo por el eventual incumplimiento del reglamento interno, sino porque está en juego un principio constitucional: el respeto por la representación de las minorías y el equilibrio de poderes. La Justicia tiene la responsabilidad de evaluar si la maniobra se ajusta o no al marco normativo vigente. Si no se ponen límites cuando las reglas se tensan, el precedente queda abierto para futuras mayorías que decidan avanzar aún más lejos.

El argumento de que “los números mandan” puede resultar eficaz en el corto plazo, pero es profundamente peligroso en términos institucionales. La democracia no es solo aritmética parlamentaria. Es también respeto por las prácticas que garantizan que todas las voces tengan un lugar. Cuando una mayoría circunstancial utiliza su fuerza para excluir a la principal oposición de los espacios que le corresponden, se está enviando un mensaje inquietante: la voluntad de una parte del pueblo puede ser arrinconada si el poder político logra alinearse.

Hoy le toca al peronismo. Mañana podría ser cualquier otra fuerza. Porque cuando las reglas del juego se fuerzan para neutralizar a la principal fuerza opositora, no solo se debilita a un partido: se erosiona la calidad democrática. Se instala la idea de que el adversario no es un actor legítimo dentro del sistema, sino un obstáculo a remover.

Y ese es el punto más grave. En una democracia madura, el disenso no se elimina, se integra. Se debate, se confronta, se negocia. Cuando se reemplaza esa lógica por la del arrasamiento, el daño no es partidario, es institucional.

La noche en que el oficialismo decidió avanzar con esta maniobra quedará como una señal preocupante. No por el nombre de quien ocupe un cargo en la conducción, sino por el precedente que se sienta. Porque cuando se desoye la voluntad de millones de votantes y se reconfigura el equilibrio interno del Senado para arrinconar a la oposición mayoritaria, el daño trasciende cualquier coyuntura política.

Si las reglas pueden torcerse para neutralizar a quien representa a una parte sustancial del pueblo, la democracia pierde espesor. Y cuando el poder se ejerce como herramienta de exclusión en lugar de como espacio de convivencia, lo que se debilita no es solo un bloque parlamentario, sino la confianza misma en el sistema.

Porque forzar las reglas para ganar una posición puede dar rédito inmediato. Pero el costo institucional, tarde o temprano, lo paga toda la sociedad.