Marcha federal por las universidades: miles de estudiantes y docentes se movilizan en defensa de la educación pública

Por cuarta vez desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, el país volverá a movilizarse masivamente para defender a las universidades públicas. Y no es un dato menor. En una Argentina golpeada por el ajuste, la caída del poder adquisitivo y el desgaste social, la universidad volvió a convertirse en uno de los principales símbolos de resistencia frente a un modelo que avanza sobre todo aquello que considera “gasto”.

Este martes habrá movilizaciones en todo el país. No será una protesta aislada ni una marcha sectorial. Será una nueva demostración federal de fuerza, con réplicas en prácticamente todas las provincias gracias a la presencia de casi 60 universidades nacionales distribuidas a lo largo y ancho de la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro estará en Plaza de Mayo, donde a las 17 horas se realizará el acto central con la participación de docentes, estudiantes, investigadores, rectores, trabajadores no docentes y organizaciones sociales.

Sobran los motivos. Y eso es justamente lo más preocupante.

Porque detrás de la nueva Marcha Federal Universitaria hay algo mucho más profundo que una simple discusión presupuestaria. Lo que está en juego es el modelo de país. La pregunta de fondo es si la educación superior seguirá siendo un derecho accesible para millones de argentinos o si lentamente se transformará en un privilegio reservado para quienes puedan pagarlo.

La situación de las universidades nacionales ya entró en una zona crítica. Los salarios docentes vienen perdiendo brutalmente contra la inflación desde hace meses. Miles de profesores abandonaron las aulas porque directamente no pueden sostenerse económicamente. Muchos trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza. Y mientras tanto, el Gobierno continúa sosteniendo el ajuste como si el sistema educativo pudiera sobrevivir eternamente a fuerza de voluntad.

Pero la voluntad también tiene límites.

Las universidades públicas hoy funcionan gracias al esfuerzo extremo de sus comunidades educativas. Profesores que sostienen cátedras prácticamente por compromiso moral. Investigadores que trabajan con recursos mínimos. Estudiantes que hacen malabares para pagar alquileres, transporte, apuntes o simplemente un plato de comida mientras intentan no abandonar sus carreras.

Porque el ajuste no impacta solamente en las cuentas institucionales. Impacta directamente sobre la vida cotidiana de millones de personas.

Cada boleto de colectivo más caro expulsa estudiantes. Cada alquiler impagable empuja jóvenes a abandonar carreras. Cada salario pulverizado vacía aulas. Y cada recorte presupuestario deteriora laboratorios, hospitales universitarios, bibliotecas y espacios de investigación.

El problema es que mientras todo eso ocurre, desde algunos sectores del oficialismo se insiste en instalar la idea de que las universidades son espacios de privilegio, estructuras “sobredimensionadas” o incluso ámbitos donde “se roba plata”. Un discurso peligroso. No solo por injusto, sino porque intenta erosionar uno de los consensos históricos más importantes de la sociedad argentina: la defensa de la educación pública.

Las universidades nacionales no son un gasto innecesario. Son uno de los mayores orgullos del país.

Ahí se formaron médicos, ingenieros, científicos, abogados, docentes, investigadores y profesionales que después sostienen gran parte del funcionamiento de la Argentina. Ahí nacieron desarrollos tecnológicos, investigaciones científicas y avances médicos reconocidos internacionalmente. Ahí encontraron una oportunidad millones de hijos de trabajadores que pudieron convertirse en la primera generación universitaria de sus familias.

Eso también es movilidad social. Y por eso duele tanto ver cómo hoy se pone en discusión algo que durante décadas fue motivo de orgullo nacional.

La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario terminó de profundizar el conflicto. El Congreso avanzó sobre una norma destinada a recomponer salarios y garantizar el funcionamiento de las universidades, pero el Gobierno decidió resistirla, judicializarla y dilatar su aplicación. El mensaje político fue claro: el ajuste no se negocia, incluso si eso implica asfixiar a la educación pública.

Mientras tanto, las universidades denuncian una situación límite. Los hospitales universitarios, por ejemplo, atraviesan una crisis alarmante. Son espacios fundamentales no solo para la formación médica sino también para la atención de miles de pacientes que dependen diariamente del sistema público de salud. Sin embargo, los recursos llegan tarde, son insuficientes o directamente no aparecen.

Y ahí es donde el conflicto deja de ser únicamente universitario. Porque cuando se desfinancia la educación superior también se golpea a la ciencia, la investigación, la salud y el desarrollo tecnológico del país.

Lo más llamativo es el contraste discursivo.

El Gobierno habla permanentemente de “libertad”, pero miles de jóvenes sienten exactamente lo contrario: que cada vez tienen menos posibilidades reales de estudiar, progresar y construir un futuro. Porque no alcanza con que la universidad sea gratuita si después estudiar se vuelve económicamente imposible.

La libertad también debería ser poder acceder al conocimiento. Poder estudiar sin que el bolsillo determine quién llega y quién no.

Por eso las marchas universitarias lograron algo que pocos sectores pudieron construir en este contexto: transversalidad social. En las movilizaciones anteriores convivieron estudiantes, jubilados, familias enteras, docentes, científicos, trabajadores y ciudadanos sin militancia partidaria. Mucha gente que quizá no comparte posiciones políticas, pero sí entiende algo básico: destruir la universidad pública sería un error histórico.

Y el Gobierno parece no terminar de dimensionar el costo político que puede tener ese enfrentamiento. Porque la universidad ocupa un lugar emocional muy fuerte en la identidad argentina. No es solamente una institución educativa. Para millones de personas representa esfuerzo, ascenso social, oportunidades y futuro. Representa la posibilidad concreta de que alguien nacido en una familia humilde pueda convertirse en profesional gracias al acceso gratuito al conocimiento.

Eso no es relato. Es historia argentina.

Por eso esta cuarta Marcha Federal Universitaria tiene un peso especial. No solo porque vuelve a mostrar un conflicto abierto entre el Gobierno y el sistema universitario, sino porque evidencia que, pese al desgaste económico y social, todavía hay sectores capaces de movilizarse masivamente para defender derechos colectivos.

Y quizás ahí esté la clave de todo. Porque defender a las universidades públicas no es defender privilegios ni estructuras políticas. Es defender una de las herramientas más importantes que tiene la Argentina para crecer, producir conocimiento, desarrollar tecnología y construir igualdad.

Las universidades públicas no son un gasto inútil. Son inversión social, científica y cultural. Son parte de la identidad nacional. Y son, probablemente, una de las pocas cosas que todavía permiten imaginar un país con movilidad social y oportunidades reales.

Cuando un país empieza a discutir si vale la pena sostener su educación pública, en realidad está discutiendo qué futuro quiere tener.

Y por eso, este martes, las plazas volverán a llenarse. Porque para muchísima gente, defender la universidad pública sigue siendo defender la posibilidad de una Argentina más justa, más preparada y mucho más grande.