Milei cerró la causa $LIBRA por decreto: se 'autoexculpó' en la criptoestafa que él mismo impulsó

Lo hizo de nuevo. Javier Milei, el presidente que prometía “dinamitar la casta”, pero que resultó ser su versión más concentrada y autoritaria, firmó un decreto para disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que él mismo había creado en febrero para, supuestamente, esclarecer el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, una estafa que lo tiene a él como principal promotor y protagonista. Sí, así como suena: Milei se investigó a sí mismo, y ahora decidió que ya está, que no hace falta seguir investigando. Caso cerrado.

No hubo informe final. No hubo imputados. No hubo ni siquiera una mísera conferencia de prensa. Sólo un decreto, el 332/2025, publicado en plena madrugada, como si fuera un trámite más, como si no se tratara de uno de los casos de corrupción más graves de los últimos años, con un presidente involucrado directamente en la promoción de un criptoactivo fraudulento que hizo perder dinero a miles de personas.

La justificación es una burla: “La tarea encomendada por el Decreto N° 114/25 fue cumplimentada, por lo que corresponde disolver la Unidad creada por el mismo”. ¿Qué tarea? ¿Qué se investigó? ¿Dónde están los resultados? ¿Qué descubrió la Unidad? Nadie lo sabe. Porque nadie lo va a saber. Porque lo que se buscaba no era justicia, sino un salvoconducto presidencial.

Esto no es sólo una jugada sucia. Es una muestra obscena de cómo se usa el poder del Estado para blindarse ante las consecuencias de los propios actos. Milei no sólo no rindió cuentas, sino que hizo desaparecer la única estructura del Estado que tenía el deber formal de investigar su conducta. Y lo hizo con la misma pluma con la que firma despidos, recortes, cierres de institutos científicos, ajustes brutales y represión.

¿Se imaginan a cualquier otro funcionario investigado disolviendo la fiscalía que lo persigue? Bueno, eso hizo Milei. Y lo hizo desde la cima del poder ejecutivo, con una firma y sin rendirle cuentas a nadie, como si la Argentina fuera su experimento libertario privado.

Mientras tanto, en sus redes y discursos, Milei sigue ladrando contra las universidades públicas, acusándolas de “chorros” por no auditarse. ¿Auditorías? ¿Transparencia? ¿Rendición de cuentas? Todo eso parece ser obligación exclusiva de los que defienden la educación pública. Porque si se trata del presidente y sus negocios turbios con criptomonedas, entonces el estándar cambia: él mismo decide si se investiga o no, cuándo se termina y a quién se culpa (spoiler: a nadie).

La encargada de la UTI, María Florencia Zicavo, mano derecha del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, había sido designada para “recabar información” y “colaborar con la Justicia”. Nada de eso ocurrió de manera pública o transparente. Y ahora, con la disolución exprés de la unidad, todo queda sepultado bajo el manto de un silencio que huele a encubrimiento.

Este episodio debería encender todas las alarmas. Si el presidente puede disolver por decreto la unidad que lo investiga por estafar a la gente, ¿qué límites le quedan? ¿Quién controla a quien controla? ¿Qué clase de república es esta, donde el poder ejecutivo se convierte en juez y parte de sus propios delitos?

Mientras muchos miran para otro lado, entretienen a la opinión pública con peleas en Twitter y se obsesionan con “los gastos de la UBA”, el escándalo del siglo se archiva sin justicia, sin responsables, sin memoria.

Hoy Milei se borró del expediente. Mañana, ¿qué más podrá borrar?