Milei suspende la Ley de Emergencia en Discapacidad: otro golpe cruel contra los más vulnerables

El gobierno de Javier Milei acaba de confirmar, una vez más, que su plan económico y político no se sostiene en principios de libertad, ni en la defensa de derechos, ni en la supuesta “eficiencia del mercado”, sino en una lógica despiadada de crueldad contra los más vulnerables. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo decidió suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese a que fue sancionada por el Congreso, promulgada formalmente y, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio.

Es un hecho insólito y, además, ilegal: un presidente no puede “suspender” la aplicación de una ley que el Congreso aprobó por amplísima mayoría, luego de que el propio Milei intentara vetarla y fracasara. Pero más allá de la discusión jurídica, lo que queda en evidencia es un acto de crueldad política deliberada. En un país donde miles de familias dependen de la asistencia del Estado para garantizar tratamientos, terapias y derechos básicos de las personas con discapacidad, el gobierno decidió darles la espalda, congelar sus necesidades y relegarlas a una futura negociación presupuestaria que, en la práctica, significa condenarlas al abandono.

El castigo como modelo de gobierno

La motosierra de Milei se sostiene atacando siempre a los mismos: los que menos pueden defenderse. A los jubilados se les aplicó un recorte histórico, a los comedores comunitarios se les cerró la canilla de alimentos, y ahora le toca a las personas con discapacidad, uno de los sectores más postergados y frágiles de la sociedad.

¿La excusa? La misma de siempre: “no hay plata”. Sin embargo, para otros sectores sí aparecen recursos mágicamente. Mientras se suspende una ley votada y exigida por organizaciones de personas con discapacidad, el gobierno decide bajar a cero las retenciones a las exportaciones hasta el 31 de octubre. Es decir, para los grandes grupos agroexportadores sí hay plata; para los chicos con discapacidad que necesitan un tratamiento de rehabilitación o una silla de ruedas, no.

Es imposible no leer esta contradicción como lo que es: un modelo de castigo político. Milei y sus funcionarios no gobiernan para resolver problemas, sino para reafirmar su brutalidad ideológica y demostrar que, si el pueblo no vota como ellos quieren, la respuesta será la crueldad.

La motosierra también apunta a la infancia

El desprecio del oficialismo por los sectores más vulnerables no se limita al área de discapacidad. El Presupuesto 2026, presentado con bombos y platillos como una muestra de “responsabilidad fiscal”, esconde trampas aún más graves. Una de ellas es la decisión de eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares, hasta ahora ligadas al índice de inflación a través de la movilidad jubilatoria.

Si esta reforma avanza, la AUH dejará de ser un derecho garantizado por ley y se convertirá en un simple bono discrecional, sujeto al humor y la voluntad del Ministerio de Capital Humano. En la práctica, esto significa que millones de niños y adolescentes de hogares humildes, trabajadores y monotributistas verán cómo sus ingresos pierden valor mes tras mes frente a la inflación. Es un retroceso histórico en materia de protección social y una muestra clara de que el ajuste no tiene límites cuando se trata de los más débiles.

Libertad para unos pocos, recortes para todos

El discurso de Milei y su gobierno repite una y otra vez la palabra “libertad”. Pero, ¿qué libertad hay para una familia que debe suspender el tratamiento de su hijo con discapacidad porque el Estado se niega a cumplir una ley vigente? ¿Qué libertad tienen los millones de niños que verán reducida la AUH mientras los precios se disparan y el hambre vuelve a ser moneda corriente en los barrios?

La supuesta “coherencia fiscal” de Milei se traduce en incoherencia social. Se ahorran pesos recortando derechos a los más vulnerables, pero al mismo tiempo se regalan beneficios millonarios a los sectores concentrados de la economía. El Estado se retira de la salud, de la educación, de la protección social, pero se vuelve generoso cuando se trata de garantizar negocios para unos pocos.

Un plan que se sostiene en la crueldad

Lo ocurrido con la Ley de Emergencia en Discapacidad no es un error aislado ni una simple mala decisión administrativa: es parte de un modelo de gobierno que transforma la crueldad en política de Estado. Al suspender la aplicación de una ley votada democráticamente, Milei no solo viola la institucionalidad, sino que también deja claro que su poder se afirma castigando a los más débiles.

La motosierra no recorta privilegios de la política, no ajusta a los grandes bancos ni a los grupos concentrados: corta siempre por el mismo lado, el más frágil. Y en ese camino, arrasa con todo.

La suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el recorte proyectado de la AUH y las asignaciones familiares son la confirmación de que este gobierno gobierna contra la gente. No se trata de ajustes necesarios ni de políticas responsables: se trata de una lógica que entiende la política como un castigo, que encuentra su fuerza en dejar a los más débiles todavía más desamparados.

En nombre de una motosierra que prometía cortar privilegios, Milei y su gabinete terminaron construyendo un Estado que le corta la vida a quienes más necesitan apoyo. Y esa no es una política económica: es crueldad pura.