Nueva prueba ante la ONU: un elemento clave que cuestiona la condena contra Cristina Kirchner
Los abogados de la expresidenta derrumbaron la acusación central que derivó en fallo Vialidad: a las empresas de Báez solo se les adjudicó el 0,85 por ciento de los fondos habilitados por el decreto que firmó CFK. El dato surgió de la causa Cuadernos y será incorporado al planteo ante el Comité de DDHH de Naciones Unidas. El camino para revertir la proscripción.
NACIONAL
Camila Dominguez
9/16/20267 min read
Nueva prueba ante la ONU: la defensa de Cristina Kirchner cuestiona el argumento central de la condena por Vialidad
Una planilla presentada por un exfuncionario de Vialidad Nacional muestra, según el análisis presentado por los abogados de la expresidenta, que las empresas de Lázaro Báez recibieron apenas el 0,85% de los fondos distribuidos mediante el decreto 54/2009. La defensa prepara una adenda ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y anticipó además un recurso de revisión ante la Cámara de Casación.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes una nueva evidencia que, según sus abogados, podría modificar uno de los principales argumentos utilizados para sostener la condena dictada en la causa Vialidad. El elemento surgió durante el juicio por la causa Cuadernos y consiste en una planilla que registra los pagos realizados a empresas constructoras mediante los fondos contemplados por el decreto 54/2009.
De acuerdo con la información expuesta por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, el documento fue presentado por Darío Andrés Levy, un exempleado del área de Presupuesto de Vialidad Nacional que declaró como testigo de la fiscalía en la causa Cuadernos.
El dato que la defensa considera central es la proporción de fondos que recibió Austral Construcciones, la empresa vinculada a Lázaro Báez. Según el análisis realizado sobre la documentación, las compañías de Báez habrían recibido apenas el 0,85% del total de los fondos distribuidos, mientras que el 99,15% restante correspondió a otras constructoras.
Para los abogados de Cristina Kirchner, esta información pone en discusión la premisa de que el decreto firmado durante su gobierno habría tenido como objetivo beneficiar particularmente a Báez.
El argumento que está en el centro de la discusión
La causa Vialidad atravesó distintas etapas judiciales y terminó con una condena contra Cristina Kirchner. Uno de los argumentos señalados por la defensa como centrales en el fallo fue la utilización del decreto 54/2009, mediante el cual se habilitó el uso de fondos provenientes de un fideicomiso financiado con un impuesto a los combustibles para atender el pago de obras viales.
Según la acusación, ese mecanismo habría permitido beneficiar a Austral Construcciones y a otras empresas vinculadas a Báez.
Sin embargo, la nueva documentación presentada por la defensa apunta precisamente contra esa relación causal. El planteo es que, si Austral Construcciones hubiera sido la principal beneficiaria del mecanismo, debería aparecer entre las empresas que recibieron mayores cantidades de dinero.
Los números presentados por los abogados muestran, en cambio, una distribución mucho más amplia.
Según el análisis mencionado durante la conferencia de prensa, entre 2009 y 2015 se distribuyeron aproximadamente 2.200 millones de dólares mediante ese mecanismo. Las empresas vinculadas a Báez habrían recibido alrededor de 18 millones de dólares, una cifra equivalente al 0,85% del total.
Además, la defensa señaló que Austral Construcciones no habría figurado entre las veinte empresas que más fondos recibieron durante ese período.
La comparación con otras constructoras
Uno de los datos destacados por los abogados es que la empresa que habría recibido la mayor cantidad de recursos fue Iecsa, compañía que en ese período estaba vinculada a Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.
La comparación es utilizada por la defensa para cuestionar la interpretación de que el decreto hubiera sido diseñado específicamente para favorecer a Báez.
El planteo no se limita al monto recibido por una empresa determinada, sino que busca introducir una perspectiva general sobre cómo se distribuyeron los fondos entre las constructoras de todo el país.
Durante el juicio por Vialidad, la defensa había reclamado una pericia que analizara el conjunto de las obras y pagos realizados a nivel nacional. Según el material presentado, esa comparación no se habría realizado en los términos solicitados.
La nueva documentación permitiría ahora, de acuerdo con los abogados, observar el mecanismo de distribución de fondos desde una perspectiva más amplia.
Un testimonio que surgió en otra causa
La particularidad del nuevo elemento es que no apareció originalmente dentro del expediente Vialidad, sino durante el proceso relacionado con la causa Cuadernos.
Darío Andrés Levy, exempleado del área de Presupuesto de Vialidad Nacional, presentó allí una planilla de Excel con información sobre los pagos efectuados a distintas empresas constructoras en función del decreto 54.
El hecho adquiere relevancia para la defensa porque Levy declaró como testigo de la fiscalía.
Los abogados de Cristina Kirchner sostienen que el contenido de esa documentación puede ser utilizado para revisar una conclusión fundamental del proceso anterior: la supuesta existencia de un mecanismo destinado a beneficiar particularmente a Austral Construcciones.
A partir de esa información, la defensa encargó además un análisis a un grupo de economistas brasileños encabezado por Antonio Correa de Lacerda, con el objetivo de estudiar las proporciones de los fondos distribuidos.
El episodio del supuesto pago de 500 millones de dólares
La defensa también vinculó la nueva evidencia con otra de las acusaciones que habían tenido importancia durante el proceso judicial.
La fiscalía había sostenido que, hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner, se había producido una reunión con Lázaro Báez y que posteriormente se habría realizado un pago de aproximadamente 500 millones de dólares destinado a cancelar deudas con Austral Construcciones.
Ese episodio fue presentado durante el proceso como una señal de un supuesto intento de favorecer al empresario antes del cambio de gobierno.
Sin embargo, según el material presentado por la defensa, tanto la existencia de esa reunión como el supuesto pago fueron cuestionados y considerados falsos por los abogados.
La planilla atribuida a Levy agrega, según su interpretación, otro elemento a esa discusión: los registros analizados indicarían que Austral Construcciones no recibió pagos mediante ese mecanismo durante 2013, 2014 y 2015.
Para la defensa, esta información permite volver a cuestionar la hipótesis de que hubiera existido una operación destinada a cancelar las obligaciones con la empresa de Báez antes de finalizar el mandato presidencial.
El camino ante Naciones Unidas
Los abogados anunciaron que la nueva evidencia será incorporada como una adenda a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El objetivo de la defensa es que el organismo internacional considere estos nuevos elementos dentro del planteo relacionado con la situación judicial de Cristina Kirchner.
Uno de los pedidos planteados consiste en que se adopte una medida cautelar que suspenda los efectos de la condena, particularmente la inhabilitación especial perpetua que le fue impuesta.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene previsto reunirse en Ginebra a partir del 26 de octubre. De todos modos, los propios abogados señalaron que no existe certeza sobre cuándo podría analizarse específicamente el planteo de la expresidenta.
La defensa también puso el foco en las condiciones de funcionamiento del organismo internacional y en la reducción de sus reuniones anuales, una situación que podría afectar los tiempos de tratamiento de los casos pendientes.
El segundo camino: la revisión de la condena
La estrategia jurídica anunciada por los abogados no se limita al ámbito internacional.
El segundo camino será presentar un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Según explicó la defensa, el Código Procesal contempla la posibilidad de solicitar una revisión cuando aparece una prueba que era desconocida al momento en que se produjo la condena.
En este caso, el elemento considerado nuevo sería la información aportada por el testimonio de Levy y, especialmente, la documentación relacionada con la distribución de los fondos del decreto 54.
Los abogados sostienen que la nueva evidencia podría permitir revisar las conclusiones a las que se llegó durante el proceso judicial.
También señalaron que la Cámara de Casación tendría facultades para disponer una medida cautelar que suspenda los efectos de la condena mientras se analiza el fondo del planteo.
La discusión sobre la inhabilitación política
Otro de los puntos cuestionados por la defensa es la inhabilitación especial perpetua que acompaña la condena.
El abogado Javier Borrego sostuvo durante la conferencia de prensa que el fallo dedica una extensión muy reducida a fundamentar esa parte de la decisión y consideró que la medida afecta directamente los derechos políticos de Cristina Kirchner.
La defensa busca que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas analice también esta cuestión.
El planteo internacional se encuentra relacionado, por lo tanto, no solamente con la discusión sobre la prueba económica y administrativa de la causa Vialidad, sino también con las consecuencias políticas y electorales derivadas de la condena.
Una disputa que vuelve a los tribunales
La aparición de esta nueva documentación abre una nueva etapa en la estrategia judicial de Cristina Kirchner.
Para sus abogados, el dato del 0,85% constituye una evidencia que modifica la interpretación sobre el supuesto beneficio otorgado a Austral Construcciones. Su argumento es que resulta difícil sostener que el mecanismo fue diseñado para favorecer a Báez cuando la empresa recibió una proporción muy pequeña de los fondos y otras constructoras obtuvieron montos significativamente superiores.
La discusión deberá ahora trasladarse a los ámbitos institucionales correspondientes.
La eventual presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas será una de las vías utilizadas por la defensa para incorporar la nueva información. Paralelamente, el recurso de revisión ante Casación buscará que la Justicia argentina analice si la documentación constituye efectivamente una prueba nueva con capacidad para modificar las conclusiones del proceso.
Por ahora, el elemento central es una planilla que permite reconstruir la distribución de los fondos del decreto 54/2009 entre distintas empresas constructoras. Su interpretación y su eventual impacto jurídico serán materia de análisis por los organismos y tribunales que intervengan.
Lo que la defensa presenta como una nueva evidencia capaz de cuestionar uno de los pilares de la condena deberá atravesar ahora las instancias judiciales correspondientes. El próximo capítulo de la disputa se desarrollará, en paralelo, en los tribunales argentinos y en el ámbito del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.