Nuevo escándalo: el Gobierno completó la privatización de la Hidrovía bajo sospechas de corrupción.
El Gobierno llevó a cabo la privatización a pesar de las irregularidades advertidas en el proceso y le dejó el camino allanado para sus amigos.
Camila Dominguez
7/6/20262 min read
El Gobierno adjudicó la Hidrovía por 25 años y Jan De Nul continuará al frente de la principal vía fluvial del país
El Gobierno nacional oficializó la adjudicación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay por un período de 25 años, una de las licitaciones de mayor relevancia económica de la gestión del presidente Javier Milei. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), publicada en el Boletín Oficial, y confirmó que la empresa belga Jan De Nul, asociada con la firma argentina Servimagnus, continuará a cargo del dragado, mantenimiento y modernización de la Vía Navegable Troncal.
La adjudicación pone fin a un proceso licitatorio iniciado en diciembre de 2025, cuando el Ejecutivo lanzó una convocatoria nacional e internacional para seleccionar al operador responsable de una infraestructura considerada estratégica para la economía argentina. La Hidrovía concentra cerca del 80% de las exportaciones del país y constituye el principal corredor por el que se transportan productos agroindustriales, industriales y materias primas hacia los mercados internacionales.
La nueva concesión contempla la profundización del canal navegable, tareas permanentes de dragado y redragado, la renovación del sistema de balizamiento y señalización, además de la incorporación de nuevas tecnologías destinadas a mejorar la seguridad de la navegación y fortalecer los controles sobre el tránsito fluvial. El contrato definitivo deberá firmarse dentro de los próximos 30 días, momento en que comenzará formalmente el nuevo período concesionado.
Desde el punto de vista económico, el proyecto representa uno de los negocios de infraestructura más importantes del país. Según estimaciones oficiales, la empresa adjudicataria podría alcanzar una facturación promedio cercana a los 628 millones de dólares anuales, lo que elevaría los ingresos acumulados a más de 15.700 millones de dólares durante los 25 años previstos para la concesión.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación también proyecta un crecimiento sostenido del movimiento comercial en la vía navegable. Los estudios oficiales prevén un incremento del 38,1% en el transporte internacional durante el período concesionado, mientras que el cabotaje nacional aumentaría un 28,2%. En el tramo comprendido entre Santa Fe y el norte argentino, el crecimiento proyectado alcanza el 52,4%.
El esquema contractual establece que la concesión funcionará bajo el sistema de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin aportes económicos directos ni garantías del Estado nacional. Además, el acuerdo contempla la posibilidad de extender la concesión hasta cinco años adicionales, dependiendo del cumplimiento de las condiciones previstas.
La adjudicación también generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y periodísticos, que señalaron presuntas irregularidades durante el proceso licitatorio y pusieron el foco en los posibles vínculos comerciales entre empresas que participarían como subcontratistas de la concesión. Entre ellas fue mencionado el grupo Neuss Capital, aunque hasta el momento no existen resoluciones judiciales que acrediten irregularidades ni el Gobierno ha reconocido incompatibilidades en la adjudicación.
Con la oficialización de la concesión, el Ejecutivo busca consolidar un nuevo esquema de administración para la principal vía de comercio exterior de la Argentina, una infraestructura clave para la competitividad de las exportaciones y el funcionamiento de la economía nacional, aunque la decisión continúa generando debate político por el proceso mediante el cual fue otorgada.