Nuevo escándalo para el clan Basualdo: préstamos millonarios, denuncias por estafa y fuertes cuestionamientos políticos
El apellido Basualdo vuelve a quedar en el centro de la polémica en Formosa. Mientras el intendente Pablo Basualdo registra deudas por más de 155 millones de pesos en el sistema financiero, el diputado nacional Atilio Basualdo continúa envuelto en una causa por presunta estafa y administración fraudulenta. Créditos millonarios, denuncias judiciales y fuertes cuestionamientos políticos vuelven a golpear al clan libertario.
POLITICA INTERIOR
Por Camila Domínguez
7/2/20264 min read
La política formoseña volvió a sacudirse en las últimas semanas con un nuevo escándalo que golpea de lleno a uno de los apellidos más conocidos de Las Lomitas. El nombre de la familia Basualdo quedó otra vez en el centro de los cuestionamientos públicos luego de conocerse que Pablo Basualdo, actual intendente de la ciudad e hijo del diputado nacional libertario Atilio Basualdo, registra deudas por más de 155 millones de pesos en el sistema financiero, según información oficial publicada por la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La cifra ya resulta impactante por sí sola. Pero el dato que más ruido político generó es otro: la principal deuda financiera atribuida al jefe comunal pasó de aproximadamente 40 millones de pesos a más de 121 millones en apenas un mes. Un salto abrupto que inevitablemente abrió interrogantes políticos, económicos y financieros sobre el origen, el destino y las condiciones de semejante incremento.
Y todo esto ocurre mientras el apellido Basualdo ya venía atravesando semanas complejas por otra polémica aún más delicada: la investigación judicial que involucra al diputado nacional Atilio Basualdo por presunta estafa, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.
Un crecimiento explosivo de la deuda
Los registros públicos del BCRA muestran que Pablo Basualdo mantiene obligaciones financieras distribuidas entre distintas entidades bancarias y crediticias. La principal corresponde al Banco Nación, donde el monto informado habría escalado de unos 40 millones a más de 121 millones de pesos en apenas treinta días.
Aunque la Central de Deudores no especifica el destino de esos fondos ni las condiciones particulares de las operaciones, el crecimiento exponencial del pasivo encendió rápidamente alarmas políticas.
No se trata de un empresario privado completamente ajeno a la función pública. Se trata del intendente de una ciudad importante del interior formoseño y de una figura directamente vinculada a uno de los dirigentes libertarios más conocidos de la provincia.
Por eso el tema rápidamente dejó de ser una simple cuestión financiera para transformarse en un problema político.
Porque cuando un funcionario acumula niveles de endeudamiento tan elevados en tan poco tiempo, inevitablemente aparecen preguntas. ¿Cuál fue el destino de esos fondos? ¿Qué tipo de operaciones se realizaron? ¿Qué garantías se presentaron? ¿Cómo impacta esto sobre la credibilidad institucional de quien administra recursos públicos? Por ahora, muchas de esas preguntas siguen sin respuesta.
El otro frente judicial que golpea al apellido Basualdo
La situación financiera de Pablo Basualdo aparece además en un contexto extremadamente incómodo para la familia. En paralelo, el diputado nacional Atilio Basualdo continúa bajo la lupa judicial por una causa que investiga presuntas maniobras de estafa y otras irregularidades.
En las últimas semanas, el caso volvió a tomar fuerza pública luego de las declaraciones realizadas por la empresaria rosarina Paula Inés Paganti, quien relató en una entrevista radial que entregó 40 mil dólares para participar en una operación vinculada a la compra de un campo en el oeste formoseño.
Según su versión, fue el propio Basualdo quien insistió reiteradamente para convencerla de avanzar con la inversión. También sostuvo que el entonces dirigente municipal se ocupó personalmente de las negociaciones, del contacto con los supuestos vendedores y de buena parte de los trámites relacionados con la operación.
El relato agregó todavía más tensión a una causa que ya venía generando repercusiones políticas y judiciales importantes.
Porque más allá de lo que finalmente determine la Justicia, el problema para La Libertad Avanza empieza a ser el efecto acumulativo de las denuncias, los cuestionamientos y las sospechas que rodean a dirigentes que llegaron al poder prometiendo exactamente lo contrario.
El debate por la continuidad familiar en el municipio
La situación institucional alrededor de Las Lomitas también quedó envuelta en discusiones políticas relacionadas con la continuidad del poder dentro del mismo núcleo familiar. Distintos sectores cuestionaron el mecanismo que permitiría mantener el control del municipio sin necesidad de convocar a una nueva elección anticipada, garantizando así la continuidad política dentro de la familia Basualdo.
La discusión no es menor. Porque mientras desde el discurso nacional libertario se critica permanentemente a las estructuras tradicionales de poder y a las “dinastías políticas”, en la práctica empiezan a aparecer situaciones que se parecen bastante a aquello que dicen combatir.
Y esa contradicción no pasa desapercibida. En la política argentina, el problema muchas veces no es solamente lo que ocurre, sino el contraste entre lo que se decía antes y lo que se termina haciendo después.
Un problema que ya excede a Las Lomitas
Durante mucho tiempo, las polémicas alrededor de la familia Basualdo parecían limitarse al ámbito político local de Las Lomitas. Pero eso cambió.
Hoy el tema empieza a transformarse en un foco de tensión mucho más amplio para La Libertad Avanza en Formosa, justo en un momento donde el oficialismo nacional intenta sostener su discurso de transparencia y renovación política. Las deudas millonarias, las causas judiciales y las denuncias públicas generan inevitablemente un costo político que ya no puede minimizarse como una simple operación partidaria.
Porque los datos financieros existen. Las investigaciones judiciales están abiertas. Y las declaraciones públicas fueron realizadas por protagonistas directos de los hechos.
El desgaste de la credibilidad
Más allá de cualquier resolución judicial futura, hay un elemento que empieza a deteriorarse de manera acelerada: la credibilidad pública. Cuando un espacio político construye su legitimidad alrededor de la idea de honestidad y ruptura con las viejas prácticas, necesita sostener estándares mucho más altos de transparencia.
Y justamente eso es lo que hoy aparece bajo discusión. El caso Basualdo combina varios ingredientes explosivos: endeudamientos millonarios, investigaciones judiciales, denuncias de presuntas estafas y debates institucionales sobre continuidad familiar en el poder. Demasiados frentes abiertos al mismo tiempo para un espacio político que llegó prometiendo una forma completamente distinta de hacer política.
Por eso el problema ya dejó de ser solamente local. La situación de la familia Basualdo empieza a convertirse en un símbolo incómodo de las contradicciones internas que atraviesan a sectores de La Libertad Avanza. Y cada nuevo dato que aparece no hace más que profundizar las dudas alrededor de un relato político que prometía combatir exactamente aquello de lo que hoy muchos empiezan a acusarlos.