Para la SIDE sí, para los abuelos no: otro decreto que desnuda las prioridades reales de Milei

Hay decisiones políticas que no necesitan explicación técnica para entender de qué lado están. Y esta es una de ellas. Mientras el Gobierno repite como mantra que “no hay plata”, mientras ajusta sobre salud, educación, programas sociales y jubilaciones, Javier Milei decidió ampliar por decreto 26 mil millones de pesos extra para la Secretaría de Inteligencia. Sí, otra vez. Ya van cuatro ampliaciones en lo que va del año, llevando el presupuesto total del área por encima de los 100 mil millones de pesos.

En paralelo —el mismo día— el Gobierno confirmó que el bono para los jubilados de la mínima seguirá congelado en 70 mil pesos, una cifra que no alcanza ni de lejos para cubrir alimentos básicos, medicación o alquiler. Una cifra que condena a quienes trabajaron toda su vida a sobrevivir por debajo de la línea de indigencia, porque, según los datos del INDEC, la canasta está muy por encima de los $540 mil. Pero para la SIDE, siempre hay un refuerzo disponible. Para los jubilados, no.

Un gobierno que ajusta para abajo y premia hacia arriba

No es casualidad ni “necesidad de gestión”: es una decisión política. Mientras jubilados enteros hacen malabares para comer, la Secretaría de Inteligencia —un área manejada en los hechos por Santiago Caputo, el verdadero operador en las sombras del Presidente— recibe aumentos millonarios muy por encima de la inflación proyectada.

Hernán Letcher, director del CEPA, lo sintetizó con una comparación que duele por lo simple: si el bono de los jubilados hubiera aumentado en la misma proporción que la SIDE, en diciembre debería ser de $177.485. Pero no, el bono queda quieto en $70.000. La pérdida mensual para quienes cobran la mínima es de $107.485. Una obscenidad.

Aunque el Gobierno insista con el relato de que “las jubilaciones mejoraron”, los datos dicen lo contrario: en el tramo octubre-diciembre de 2025, las jubilaciones con bono serán 16,5% más bajas que las del último trimestre del gobierno anterior. La motosierra, evidentemente, siempre cae sobre los mismos.

Inteligencia sin control, jubilados sin comida

Mientras los jubilados cuentan monedas, la SIDE disfruta de un presupuesto que crece sin parar. Y no sólo eso: una parte enorme del gasto pertenece a fondos reservados, o sea, dinero público que no puede auditarse. Plata que se usa sin control, sin informes y sin obligación de explicar nada. Un cheque en blanco a un área históricamente cuestionada y que, según distintas investigaciones, hoy destina recursos a campañas de redes, trolls pagos y operaciones políticas.

Si la idea es fortalecer la seguridad nacional, nadie discute la necesidad de un organismo de inteligencia activo y profesional. El problema es otro: la desproporción, la falta total de transparencia y la decisión consciente de recortar a los sectores más vulnerables para engordar una estructura manejada entre pocos y sin ningún tipo de rendición de cuentas.

Un país que condena a sus jubilados pierde su humanidad

La indignación es inevitable. Porque esto no es un problema contable: es moral. Es ético. Es humano. Un país que deja a sus jubilados con ingresos por debajo de la indigencia mientras multiplica el presupuesto de inteligencia demuestra, sin disimulo, cuáles son sus prioridades. Las decisiones del Gobierno de Milei son un espejo brutal: para la SIDE siempre hay plata, para la gente que trabajó toda su vida, no.

Mientras los adultos mayores tienen que elegir entre comprar sus medicamentos o poner un plato de comida en la mesa, el Gobierno destina miles de millones a un aparato cuya función real —al menos hoy— es más política que institucional. No está mal invertir en inteligencia; lo que está mal es hacerlo a costa del hambre de quienes más necesitan del Estado, mientras se financian campañas digitales, bots de la India y operaciones en X con plata que debería estar garantizando dignidad.

La verdadera pregunta

¿De qué sirve un Estado que cuida más sus sombras que a su propia gente? ¿Dónde está la “libertad” cuando los jubilados no pueden vivir, cuando un plato de comida es un lujo y cuando el ajuste cae siempre sobre el mismo sector?

El verdadero escándalo no es solo el monto, sino la impunidad con la que se decide quién merece vivir mejor y quién debe seguir ajustándose hasta el límite. El país que se está construyendo es uno donde la inteligencia engorda y la gente mayor se empobrece. Uno donde el poder se protege a sí mismo mientras abandona a quienes deberían ser prioridad.

Porque, al final, lo que este Gobierno está diciendo es simple: para algunos, siempre habrá presupuesto. Para otros, solo queda la motosierra.