Paro nacional docente: docentes de todo el país unificaron el reclamo contra el ajuste
Docentes de todos los niveles y de todas las provincias unificaron su reclamo y realizaron un paro nacional contra el ajuste del gobierno de Javier Milei. Exigen paritarias, la restitución del FONID, más presupuesto para escuelas y universidades y rechazan el intento de convertir a la educación en un mercado. Mientras tanto, el Gobierno respondió con amenazas de sanciones y hasta con la posibilidad de quitarle la personería gremial a CTERA.
POLITICA NACIONAL
Por Julián Pereyra
8/3/20266 min read
La educación argentina dijo basta.
Y esta vez el mensaje fue imposible de ignorar. Docentes de escuelas, institutos, universidades y profesorados de todo el país unificaron su reclamo, pararon y salieron a las calles para denunciar algo que ya dejó de ser una discusión gremial: el desfinanciamiento sistemático de la educación pública, la pérdida salarial, el abandono de las escuelas y universidades y el intento del gobierno de Javier Milei de transformar un derecho en un mercado.
Cuando todos los niveles educativos paran juntos, el problema dejó de ser gremial y pasó a ser nacional. El ajuste llegó a las aulas. Y el conflicto educativo que hoy atraviesa la Argentina es el resultado de una política que decidió retirar al Estado de uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad que aspire a tener futuro.
No se puede declarar esencial a una actividad que se está desfinanciando.
Un paro que une a toda la comunidad educativa
La medida de fuerza convocada por CTERA, Conadu y Conadu Histórica no nació de un capricho ni de una disputa menor. Es la expresión de una comunidad educativa que siente que el Gobierno decidió abandonar la educación pública y que ya no encuentra canales de diálogo para resolver una crisis que se profundiza mes tras mes. Los motivos sobran.
Los docentes reclaman la convocatoria urgente a una paritaria nacional docente y universitaria, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la recuperación de fondos para el funcionamiento de escuelas y universidades, una recomposición salarial, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el oficialismo.
Los docentes no paran por capricho: paran porque el ajuste ya no se puede sostener. La educación pública volvió a convertirse en una variable de ajuste.
La gran contradicción del Gobierno
Hay una contradicción que atraviesa todo este conflicto y que resulta imposible de ocultar. El gobierno de Javier Milei declaró a la educación como actividad esencial y exige que durante las medidas de fuerza se garantice el 75% del servicio.
Pero al mismo tiempo eliminó el FONID, dejó de convocar a paritarias nacionales, redujo drásticamente los fondos educativos, incumple el financiamiento universitario y transfiere menos recursos a las provincias. Para el Gobierno la educación es esencial solamente cuando hay paro. Es esencial para exigir, pero no para financiar.
Hablan del derecho a aprender mientras recortan los recursos para enseñar. No existe educación esencial sin inversión esencial. No alcanza con invocar la palabra “esencial” si después se vacían los presupuestos, se deterioran los salarios y se abandonan las instituciones que sostienen el sistema educativo.
El ajuste tiene nombre y apellido
Detrás de cada recorte hay una escuela que pierde recursos. Detrás de cada ajuste hay un docente que pierde salario. Detrás del equilibrio fiscal aparecen aulas más pobres. Distintos sectores estiman que desde el inicio de la gestión se produjo una reducción cercana al 80% de los fondos destinados a la educación obligatoria.
Ese número no es una estadística fría. Significa menos infraestructura escolar, menos programas educativos, menos computadoras, menos becas, menos recursos pedagógicos y menos capacidad de las universidades para sostener su funcionamiento cotidiano.
La eliminación del FONID representó una reducción directa en los ingresos de miles de docentes. La falta de convocatoria a paritarias nacionales dejó congelada una discusión salarial que debería ser permanente. Y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario profundizó una crisis que las universidades vienen denunciando desde hace meses.
Convertir la escuela en un mercado
El conflicto no se limita al presupuesto. También existe una discusión mucho más profunda sobre el modelo educativo que impulsa el oficialismo. El proyecto de Ley de Libertad Educativa es visto por amplios sectores docentes como un intento de transformar a la educación en una mercancía.
La iniciativa promueve una lógica de vouchers, fortalece el financiamiento de la demanda, reduce el rol del Estado, habilita mayores mecanismos de escolarización desde el hogar y redefine la relación entre las familias y las instituciones educativas.
La escuela deja de ser un derecho para convertirse en un mercado. Las familias pasan a ser clientes. La educación pública deja de ser una prioridad para convertirse en un costo. No es una discusión técnica.
Es una discusión sobre qué tipo de sociedad quiere construir la Argentina.
En lugar de dialogar, el Gobierno amenaza
Lo más grave es que, frente a un reclamo de semejante magnitud, el Gobierno no respondió con una convocatoria al diálogo ni con una propuesta de solución. Respondió con amenazas.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, confirmó que el Gobierno analiza aplicar sanciones contra CTERA y advirtió que, si se registran incumplimientos reiterados, podría avanzar incluso con el retiro de la personería gremial del sindicato.
En lugar de escuchar a los docentes, el Gobierno decidió amenazarlos. Respondieron al reclamo con sanciones. Respondieron al ajuste con más ajuste. Cuando la respuesta frente a un conflicto educativo es disciplinar a los trabajadores, el problema se agrava. La advertencia sobre posibles sanciones y la eventual pérdida de la personería gremial constituye un salto preocupante en la forma de administrar el conflicto.
Porque una cosa es discutir la legalidad de una medida de fuerza. Otra muy distinta es utilizar el aparato estatal para intimidar a las organizaciones que representan a quienes sostienen el sistema educativo.
La legalidad no puede ser selectiva
Resulta llamativo que el Gobierno hable de respetar la ley mientras incumple obligaciones fundamentales vinculadas a la educación.
No convoca a paritarias nacionales. No cumple plenamente con el financiamiento universitario. Reduce partidas presupuestarias destinadas al sistema educativo. Y, sin embargo, exige el cumplimiento estricto de otras normas cuando se trata de limitar el derecho de huelga.
El Gobierno exige el cumplimiento de unas normas mientras ignora otras. La legalidad no puede ser selectiva.
No se puede invocar el derecho a aprender mientras se desfinancia el sistema educativo. La mejor manera de garantizar el derecho a la educación no es amenazar a los docentes. Es asegurar escuelas en condiciones, salarios dignos, infraestructura adecuada, universidades funcionando y políticas públicas sostenidas.
Los docentes defienden mucho más que un salario
Reducir este conflicto a una discusión salarial sería un error. Los maestros y profesores están defendiendo mucho más que un recibo de sueldo. Están denunciando el deterioro del sistema educativo. Están advirtiendo sobre el impacto que el ajuste tiene sobre millones de estudiantes. Están defendiendo el derecho de las próximas generaciones. La educación pública no se sostiene con discursos. Se sostiene con presupuesto, planificación, reconocimiento social y un Estado que asuma su responsabilidad.
Quienes hoy enseñan en escuelas y universidades conocen de primera mano las consecuencias del ajuste: edificios deteriorados, recursos insuficientes, programas suspendidos, salarios que pierden poder adquisitivo y estudiantes que enfrentan cada vez más dificultades para sostener sus trayectorias educativas.
La fuerza de una unidad poco habitual
Hay otro dato que merece ser destacado. La confluencia entre docentes de todos los niveles representa una señal política y social muy fuerte. Durante mucho tiempo, los conflictos de escuelas y universidades transitaron caminos separados.
Hoy la escuela y la universidad marchan juntas. Y cuando eso ocurre, el mensaje es imposible de ignorar. La educación habló con una sola voz.
Esa unidad expresa una preocupación compartida: el desmantelamiento progresivo del sistema educativo público.
Lo que realmente está en juego
La discusión ya dejó de ser solamente salarial. Lo que hoy está en juego es el modelo educativo que tendrá la Argentina durante las próximas décadas. Mientras los docentes de todo el país unifican su reclamo y advierten que la educación pública está siendo desfinanciada, el Gobierno responde con amenazas de sanciones y hasta con la posibilidad de quitar la personería gremial a CTERA.
Declarar esencial a la educación mientras se eliminan fondos, se congelan salarios y se debilitan escuelas y universidades es una contradicción que resulta imposible de ocultar. Porque una educación verdaderamente esencial no se sostiene con discursos sobre disciplina. Se sostiene con presupuesto, diálogo, docentes reconocidos y un Estado comprometido con el derecho a enseñar y aprender.
Y cuando quienes educan a un país entero sienten que fueron abandonados, el problema ya no pertenece solamente a los docentes. Nos pertenece a todos.