Privatización de la Hidrovía: denuncian otra entrega de recursos estratégicos bajo el discurso de la eficiencia
El Gobierno oficializó la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y adjudicó nuevamente el control del principal corredor exportador argentino al consorcio Jan De Nul–Servimagnus. La decisión reavivó críticas por la entrega de recursos estratégicos, las sospechas alrededor del proceso licitatorio y el avance de capitales privados sobre una de las arterias económicas más importantes del país.
POLITICA NACIONAL
Por Julián Pereyra
6/19/20265 min read
El Gobierno de Javier Milei acaba de concretar una de las decisiones económicas y políticas más sensibles de toda su gestión: la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la principal vía navegable de la Argentina. Y no se trata de un trámite administrativo menor ni de una simple adjudicación técnica. Lo que está en discusión es mucho más profundo: quién controla una de las arterias económicas más importantes del país y quién se queda con un negocio multimillonario ligado al comercio exterior argentino.
Porque mientras desde Casa Rosada hablan de “modernización”, “competitividad” y “eficiencia logística”, muchos sectores observan algo completamente distinto: una nueva entrega de recursos estratégicos nacionales en favor de grupos privados y capitales extranjeros.
El Gobierno volvió a entregar un recurso estratégico argentino.
La Hidrovía no es solamente un canal de navegación: es una de las arterias económicas más importantes del país. Por allí circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas. Por ese corredor fluvial salen granos, alimentos, materias primas y miles de millones de dólares vinculados al comercio exterior. Es, literalmente, la principal autopista fluvial de la economía argentina.
Y ahora volverá a quedar bajo control privado durante los próximos 25 años, con posibilidad de extender la concesión hasta 30.
La adjudicación oficializada por el Gobierno dejó nuevamente a la empresa belga Jan De Nul —asociada esta vez con la firma argentina Servimagnus— al frente de la Vía Navegable Troncal. Es decir: la misma empresa que ya opera en la Hidrovía desde hace décadas consolidará todavía más su presencia sobre uno de los puntos más estratégicos del país.
Cuando se privatiza el control de la principal vía exportadora, lo que está en discusión no es solo un contrato: es soberanía.
La licitación había comenzado en diciembre de 2025 bajo el argumento de seleccionar un operador capaz de modernizar, ampliar, mantener y operar la Hidrovía. El discurso oficial insiste con la necesidad de reducir costos logísticos y aumentar la competitividad exportadora. Pero detrás de ese lenguaje técnico aparece inevitablemente una discusión profundamente política.
Porque la pregunta de fondo sigue siendo incómoda: ¿por qué el Estado argentino vuelve a correrse de uno de los negocios más grandes y estratégicos del país? En nombre de la eficiencia, el Estado vuelve a correrse de un negocio multimillonario.
Y multimillonario no es una exageración discursiva. Las propias estimaciones oficiales hablan de una facturación anual cercana a los 628 millones de dólares para la concesionaria. A lo largo de toda la concesión, los ingresos podrían superar ampliamente los 15.000 millones de dólares. La Hidrovía mueve muchísimo más que barcos: mueve poder económico.
El negocio contempla dragado, peajes, mantenimiento, control logístico y administración de una infraestructura absolutamente clave para el comercio exterior argentino. El control de la Hidrovía no es solamente un asunto técnico o de ingeniería naval. Es control económico, político y estratégico.
El comercio exterior argentino depende de esta vía. Por eso la decisión genera tanta polémica. Porque no se trata simplemente de quién hace el dragado del río. El problema es quién controla una de las principales puertas de salida de la riqueza argentina. Y alrededor de esa discusión empezaron a aparecer nuevamente nombres conocidos, vínculos empresariales y sospechas políticas que nunca terminaron de disiparse.
Durante el proceso licitatorio distintos sectores políticos, periodistas y especialistas cuestionaron posibles irregularidades, falta de transparencia y la concentración del negocio en grupos históricamente vinculados al dragado de la Hidrovía.
Las dudas alrededor del proceso nunca terminaron de disiparse.
En las últimas semanas aparecieron además menciones a grupos empresarios cercanos al poder y potenciales subcontrataciones alrededor del gigantesco negocio fluvial. Otra vez los mismos nombres orbitando alrededor de contratos multimillonarios. Otra vez empresarios con vínculos políticos apareciendo en el centro de una de las adjudicaciones más importantes del país.
Cuando siempre aparecen los mismos nombres alrededor de negocios multimillonarios, las sospechas crecen inevitablemente.
Y aunque no existan hasta el momento irregularidades comprobadas judicialmente, la discusión política ya está instalada. Porque el contexto tampoco ayuda. La adjudicación llega en medio de un clima de creciente desconfianza pública hacia el Gobierno, denuncias cruzadas, tensiones internas y múltiples cuestionamientos sobre la relación entre determinados sectores empresariales y funcionarios cercanos al poder. La discusión excede lo técnico y se mete de lleno en el terreno político.
Desde el oficialismo insisten en que el nuevo esquema permitirá reducir costos logísticos y mejorar la competitividad exportadora. Hablan de eficiencia, inversión y modernización. Pero para muchísimos sectores el problema no pasa únicamente por la eficiencia económica.
La discusión sobre la Hidrovía es también una discusión sobre modelo de país. Porque detrás de cada privatización estratégica vuelve a aparecer la misma pregunta: ¿qué rol debe tener el Estado sobre los recursos clave para el desarrollo económico nacional?
El Gobierno sostiene que la iniciativa privada es más eficiente. Que el Estado debe correrse. Que los privados pueden administrar mejor. Pero quienes cuestionan esta decisión plantean algo completamente distinto: que el control logístico también implica control económico y político.
Y que ceder durante décadas el manejo de la principal vía exportadora argentina significa resignar capacidad estratégica sobre el comercio exterior. Cada privatización estratégica vuelve a abrir la discusión sobre soberanía económica.
Además, la Hidrovía no es cualquier infraestructura. Es un corredor sensible para el ingreso y egreso de mercancías, el movimiento de divisas, la competitividad agroexportadora y también el control sobre delitos complejos como el narcotráfico y el contrabando. Por eso muchos consideran que hablar solamente de “costos logísticos” resulta una simplificación peligrosa.
La Argentina vuelve a ceder control mientras unos pocos concentran negocios multimillonarios.
Y el problema político empieza justamente ahí: en la percepción cada vez más extendida de que detrás de ciertos discursos de eficiencia aparecen negocios gigantescos que terminan siempre en manos de pocos actores. Hablan de modernización, pero muchos ven una nueva entrega.
Porque el debate sobre la Hidrovía no se limita a dragas, peajes o licitaciones. Habla de soberanía. Habla de recursos estratégicos. Habla del modelo económico que impulsa el Gobierno y del rol que ocupa el Estado dentro de ese esquema.
Mientras desde Casa Rosada celebran la adjudicación como un avance histórico, crece una incomodidad política difícil de ignorar: la sensación de que el país vuelve a desprenderse del control sobre áreas centrales de su economía.
La privatización de la Hidrovía no es solamente una noticia administrativa ni un cambio de concesión. Es una decisión que impacta directamente sobre el control de una de las principales arterias económicas del país. Y mientras el Gobierno habla de eficiencia y competitividad, crece una pregunta incómoda: cuántas veces más la Argentina seguirá entregando recursos estratégicos en nombre de un modelo que parece beneficiar siempre a los mismos.