Reforma Laboral: más desregulación, menos derechos y un mercado laboral cada vez más frágil

La reforma laboral avanza en el Congreso con un discurso de modernización que suena atractivo en los estudios de televisión pero que se desmorona cuando se lo contrasta con la realidad. El Gobierno la presenta como la herramienta necesaria para “combatir la informalidad” y dinamizar el empleo. Sin embargo, los propios datos oficiales revelan una verdad incómoda: Argentina ya tiene niveles de precarización alarmantes y el proyecto con media sanción no viene a corregir ese problema, sino a convertirlo en regla.

Hoy, el 43,3% de los ocupados es informal. Casi la mitad de las personas que trabajan lo hacen sin derechos básicos, sin aportes jubilatorios, sin cobertura adecuada, sin estabilidad. Entre los asalariados, el 36,7% está sin registrar. Y el dato más brutal golpea a los jóvenes: el 62,5% de los asalariados jóvenes trabaja en la informalidad. Es decir, seis de cada diez arrancan su vida laboral sin derechos, sin protección y sin horizonte.

Lo más grave es que Argentina no está simplemente “mal” en términos absolutos: está peor de lo que debería estar para su nivel de desarrollo. Según la propia Secretaría de Trabajo, y tomando como referencia tendencias internacionales relevadas por la OIT y el Banco Mundial, el país supera en más de cinco puntos porcentuales la tasa de informalidad esperable para su PBI per cápita. Incluso el informe oficial reconoce que Argentina se ubica por encima de la línea de tendencia global. No es un invento opositor: lo dice el propio Estado.

Frente a este cuadro, el Gobierno insiste en que el problema es un “marco laboral rígido” que desalienta la contratación formal. La receta, entonces, sería flexibilizar, desregular, reducir costos laborales y ampliar la discrecionalidad empresaria. Pero la experiencia reciente desmiente esa teoría con crudeza.

Tras la aprobación del capítulo laboral de la llamada Ley Bases en 2024 y más de dos años de gestión libertaria, no se produjo un boom de empleo registrado. Por el contrario, se perdieron más de 270.000 puestos asalariados formales y el poco empleo generado se concentró en modalidades precarias: cuentapropismo y trabajo no registrado. Dos de cada tres nuevos ocupados fueron cuentapropistas; uno de cada tres, asalariados sin registrar. La desregulación no formalizó: precarizó.

En ese contexto, el crecimiento del cuentapropismo no puede leerse como una explosión de espíritu emprendedor. Uno de cada cuatro trabajadores es cuentapropista y casi el 65% de ellos es informal. No es “emprendedurismo”: es autoempleo de subsistencia. Es el rebusque, la changa, la venta ambulante, la supervivencia diaria en una economía que no genera empleo de calidad.

El problema estructural no es un exceso de derechos laborales. Es una economía reprimarizada, con desindustrialización persistente, bajo dinamismo productivo y salarios pulverizados. Es un mercado laboral donde trabajar más no garantiza salir de la pobreza. Donde el pluriempleo crece, la sobreocupación se expande y el ingreso por hora cae. Donde el endeudamiento reemplaza al salario como sostén de los hogares.

En este escenario, discutir “flexibilización” como solución es invertir el diagnóstico. Ampliar la discrecionalidad patronal, facilitar despidos, reducir indemnizaciones y debilitar la capacidad de organización colectiva no moderniza el trabajo: institucionaliza su degradación. Convierte en norma lo que hoy funciona como fraude. Legaliza prácticas que hasta ahora estaban en el margen y consolida un modelo de bajos salarios y alta rotación.

El discurso oficial plantea que hay que elegir entre derechos o empleo. Pero la evidencia muestra que la pérdida de derechos no genera más empleo formal. Genera más vulnerabilidad. Más trabajadores compitiendo a la baja. Más jóvenes aceptando cualquier condición por miedo a quedarse afuera. Más fragmentación sindical y menos capacidad de negociación colectiva.

Si el 43,3% de los ocupados ya es informal con el esquema actual, ¿qué hace pensar que reducir protecciones va a revertir esa tendencia? Si la desregulación aplicada en los últimos dos años no logró mejorar los indicadores, ¿por qué profundizar el mismo camino daría resultados distintos?

La respuesta incómoda es que el objetivo no es formalizar sino abaratar. No es fortalecer el empleo de calidad sino adaptar el mercado laboral a un modelo de salarios bajos y menor poder de los trabajadores. En ese marco, la reforma laboral no corrige la precarización: la consolida como horizonte permanente.

La Argentina enfrenta un drama real: millones de personas que no consiguen trabajo estable, que trabajan sin derechos o que, aun teniendo empleo, no logran cubrir la canasta básica. Pero la solución no puede ser legalizar la fragilidad. No puede ser resignarse a que casi la mitad de la fuerza laboral viva en la informalidad y que eso pase a ser la “nueva normalidad”.

Si la reforma avanza en los términos actuales, no resolverá el problema del empleo. Lo profundizará. Aumentará la desigualdad, debilitará aún más la posición de los trabajadores y dejará a millones en condiciones todavía más vulnerables. En un país donde conseguir trabajo digno ya es cada vez más difícil, institucionalizar la precariedad no es modernizar: es retroceder. Y las consecuencias, lejos de ser técnicas, serán profundamente sociales.