Reforma Laboral: Milei ya firmó la quita de derechos y acelera un ajuste histórico contra los trabajadores

El Gobierno de Javier Milei volvió a cruzar una línea roja. Apenas bajó del avión tras su viaje a Noruega el Presidente decidió avanzar sin freno y firmó el paquete de reforma laboral que busca, ni más ni menos, eliminar derechos que en la Argentina llevan décadas de vigencia. Lejos de mostrar prudencia o voluntad de diálogo, Milei volvió a instalar la idea de que los derechos laborales son un obstáculo y que el país solo puede “modernizarse” recortando conquistas históricas. Y lo hizo con la urgencia de quien sabe que cuanto más se discuta la reforma, más rechazo genera.

Porque eso es exactamente lo que está pasando: la sociedad, la CGT, especialistas laborales, organizaciones sociales y gran parte del arco político rechazan de plano esta avanzada. Sin embargo, el oficialismo se mueve como si nada importara, acelerando un trámite parlamentario que ni los propios aliados terminan de entender. La consigna parece ser una sola: aprobar la reforma sí o sí antes de fin de año, aunque eso implique un debate exprés que afecta derechos básicos de millones de trabajadores.

Un fin de año con doble ofensiva contra la población

Lo que irrita aún más es que la reforma laboral no llega sola. Milei quiere cerrar el año con dos golpes simultáneos:

1. El primer presupuesto libertario, que —según coinciden economistas críticos y dirigentes opositores— implica un ajuste feroz con recortes en áreas claves.

2. La flexibilización laboral, que los propios sindicatos califican como el mayor retroceso en derechos desde la década del ’90.

Ambas iniciativas son vistas por actores políticos y analistas como exigencias externas. Según sectores del peronismo, de la central sindical y de la oposición, el Gobierno estaría respondiendo a presiones directas de Washington y alineándose sin matices a la agenda de Donald Trump. Para estos sectores, Milei, Patricia Bullrich y Luis Caputo actúan más como ejecutores de un pliego extranjero que como representantes de los intereses nacionales.

Un trámite legislativo forzado y acelerado

El apuro es tan desmedido que genera sospechas incluso en espacios que quieren que al Gobierno “le vaya bien”. El oficialismo presiona para armar comisiones en tiempo récord, apurar dictámenes y hasta votar el 19 de diciembre, una fecha cargada de memoria y simbolismo para la Argentina. Pese a que el proyecto completo ni siquiera fue presentado oficialmente, ya circulan lineamientos elaborados por Federico Sturzenegger, que fueron entregados a los legisladores libertarios para evitar improvisaciones.

Para completar el cuadro, se comenta en el Congreso que Patricia Bullrich busca presidir la comisión encargada del debate para acelerar el trámite y minimizar resistencias internas. El objetivo es claro: que el proyecto salga sí o sí, aún si para eso hay que sacrificar deliberación, escuchar poco y pasar por encima de las objeciones técnicas.

Una reforma que no moderniza: precariza

Los especialistas laborales consultados por gremios y legisladores opositores son contundentes: esta reforma no moderniza nada. Al contrario, consideran que:

• Legaliza formas de fraude laboral ya denunciadas en múltiples sectores.

• Facilita despidos, reduciendo costos empresariales y debilitando el poder de negociación del trabajador.

• Recorta aportes que financian obras sociales.

• Desfinancia el sistema jubilatorio, generando agujeros imposibles de sostener a futuro.

• Precariza a trabajadores de plataformas, sin regulaciones mínimas ni protección social.

• Reduce vacaciones, ampliando el margen del empleador.

• Habilita el banco de horas, permitiendo reorganizar jornadas completas sin compensación adecuada.

• Aumenta la jornada laboral de hecho, sin mejoras reales en el salario.

No es casual que la CGT hable de “retroceso civilizatorio” y que laboralistas adviertan que, con este esquema, los despidos podrían dispararse, porque para ciertos sectores críticos de la reforma, sería el propio Estado el que terminaría financiando parte de las indemnizaciones, incentivando un ajuste por la vía del empleo.

Otro punto preocupante es el impacto sobre quienes están fuera del sistema formal. Muchos trabajadores informales votaron a Milei con la esperanza de un cambio que les permitiera ingresar al sistema o mejorar su situación. Pero esta reforma —según advierten sindicatos y especialistas— podría dejarlos aún más expuestos. Reducir regulaciones sin fortalecer las instituciones laborales no genera inclusión: genera abandono.

Un proyecto hecho a medida de los grandes grupos económicos

La sensación generalizada entre sectores críticos es que esta reforma está escrita para un modelo de país donde el trabajador se adapta o se queda afuera, y donde el Estado desaparece de su rol de regulador y garante de derechos.

Para muchos analistas, el Gobierno intenta aprobar a las apuradas, sin debate real y con presión externa, una ley diseñada para satisfacer a grandes empresas y organismos internacionales. Una reforma que:

• No crea empleo.

• No moderniza el mercado laboral.

• No protege a los trabajadores.

• No mejora la productividad.

Lo único que garantiza, según las voces críticas, es menos derechos, más precarización y una desigualdad creciente.

La Argentina no puede seguir siendo un laboratorio improvisado donde se experimenta con la vida de millones bajo el eslogan de la “libertad”. Según denuncian sindicatos, economistas y amplios sectores políticos, el Gobierno avanza a contramano del interés nacional, aprobando una reforma que servirá a unos pocos a costa del deterioro de la mayoría.

No hay futuro posible destruyendo derechos laborales fundamentales.
No hay crecimiento posible precarizando.
No hay soberanía posible si las decisiones económicas más sensibles parecen dictadas desde afuera.

Y, sobre todo, no hay país posible si cada trabajador tiene que pagar el costo de un experimento ideológico que ni siquiera garantiza resultados.