Represión y persecución: el brutal accionar del gobierno de Milei recuerda los peores momentos de la dictadura

Lo que debía ser una pacífica protesta de jubilados frente al Congreso se convirtió en una jornada de violencia institucional y abuso de poder. Bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las fuerzas policiales desataron una represión desmedida y arbitraria, deteniendo a cualquiera que se encontrara en la calle sin justificación alguna. Entre los arrestados se encontraban personas que nada tenían que ver con la manifestación, como un hombre que simplemente estaba comiendo un sándwich y niños que salían de la escuela, muchos de ellos golpeados y privados incluso de ir al baño durante horas.

El operativo, que parecía más una cacería que un procedimiento de seguridad, dejó 114 detenidos sin que se les informara el motivo de su arresto, la hora exacta o el lugar donde fueron capturados. La jueza Karina Andrade, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, dejó constancia de estas irregularidades, subrayando la absoluta falta de garantías y el carácter ilegal de las detenciones. No se trató de un procedimiento legítimo, sino de una demostración de fuerza que violó derechos fundamentales.

Mientras tanto, los medios oficialistas y afines al gobierno de Javier Milei intentaron instalar una narrativa completamente alejada de la realidad. Con titulares alarmistas y desinformación, buscaron presentar a los manifestantes como “terroristas de Estado” y “barrabravas”, justificando así el accionar represivo de las fuerzas de seguridad. Pero la verdad se abrió paso a través de testimonios y documentos judiciales: entre los detenidos había menores de edad, personas mayores y ciudadanos comunes que fueron arrestados sin haber cometido delito alguno.

El colmo de esta situación es la persecución política que el gobierno libertario ha desatado contra la jueza Karina Andrade, quien, al cumplir con la ley y ordenar la liberación de los detenidos injustamente, se convirtió en blanco de ataques oficiales. Desde la administración de Milei, se anunció la intención de impulsar un juicio político en su contra, acusándola de ser cómplice de lo que ellos llaman “terrorismo” cuando, en realidad, solo garantizó el respeto a las garantías constitucionales.

Este accionar autoritario y represivo del gobierno de Milei trae a la memoria los episodios más oscuros de la historia argentina. La arbitrariedad en las detenciones, la violencia ejercida sobre menores y personas inocentes, la falta de información sobre el paradero de los arrestados y la persecución de miembros del Poder Judicial que no se alinean con el discurso oficial recuerdan prácticas propias de la dictadura militar que tanto dolor y horror causó en nuestro país.

Cuando un gobierno silencia la protesta, reprime sin distinción y persigue a quienes defienden los derechos humanos, la democracia misma está en peligro. La Argentina no puede permitirse retroceder a esos tiempos de miedo y violencia. Es momento de alzar la voz, de exigir justicia y de defender las libertades que tanto costaron conquistar.