Santa Fe en Alerta: La Desregulación del Transporte Automotor Genera Rechazo y Preocupación

La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de desregular el transporte automotor de pasajeros de larga y media distancia ha generado un fuerte debate en todo el país. Con la Resolución 57/2024, publicada en el Boletín Oficial, se habilita a cualquier vehículo con seguro y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día para prestar servicio de transporte de pasajeros. La medida, que apunta a reducir la burocracia y a fomentar una mayor competencia, se presenta como un cambio radical en la política de transporte. Sin embargo, la controversia no tardó en surgir, especialmente en provincias como Santa Fe, donde el sector ve en esta desregulación una amenaza al orden establecido y a la seguridad vial.

La medida nacional y su impacto

Desde el gobierno nacional, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ha defendido la decisión, destacando la posibilidad de que cualquier ciudadano o empresa con vehículos adecuados pueda sumarse al transporte de pasajeros. Según Sturzenegger, esta medida busca eliminar trámites burocráticos y acelerar la incorporación de nuevos proveedores al sector, lo cual debería traducirse en mayor oferta y, por ende, en mejores precios y servicios para los pasajeros.

La posibilidad de que autos, combis y utilitarios se sumen a la oferta de transporte parece responder a un intento por flexibilizar un sector tradicionalmente rígido. Los transportistas deberán registrarse de manera online a través de la plataforma "Trámites a Distancia" (TAD), y los registros serán centralizados en el nuevo Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros (RNTAP), lo que promete mayor transparencia y agilidad en los trámites.

No obstante, la medida también plantea preocupaciones sobre la seguridad y la calidad del servicio. Aunque el gobierno asegura que se mantendrán las exigencias de seguridad y los requisitos de RTO, el sistema permite que vehículos pequeños o no necesariamente adaptados para el transporte masivo de personas puedan acceder a este servicio, lo que abre una brecha de incertidumbre en cuanto a la infraestructura y los estándares que realmente se estarán cumpliendo en todo el país.

La postura de Santa Fe: voces en contra

En la provincia de Santa Fe, la reacción frente a la desregulación fue inmediata y contundente. La Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (Atap), a través de su presidente, Leandro Solito, ha expresado su rotundo rechazo a la medida. Según Solito, este cambio radical no solo amenaza con desorganizar un sistema de transporte ya de por sí frágil, sino que podría derivar en una "anarquía total".

La crítica de Atap se basa en que la desregulación podría poner en peligro la estabilidad laboral de los empleados del sector y también afectar la seguridad de los pasajeros. "Nosotros abogamos por un sistema regulado", afirma Solito, quien advierte sobre las consecuencias que tendría la implementación de esta medida, tanto a nivel local como nacional. La desregulación, según él, podría generar una competencia desleal entre empresas y poner en jaque a las que actualmente operan bajo normas estrictas, en beneficio de una apertura que no garantiza la misma calidad de servicio.

Santa Fe, en particular, tiene un sistema de transporte regulado por una ley provincial, y la nueva normativa nacional podría obligar a la provincia a flexibilizar sus propias leyes, lo que según Atap podría generar caos y pérdida de control sobre un sistema que hasta ahora había sido controlado de manera más estricta.

¿Una reforma necesaria o un riesgo innecesario?

El gobierno nacional defiende su reforma como un paso hacia la modernización del sector, buscando eliminar las restricciones y la burocracia que, según sus palabras, "entorpecen" el desarrollo del transporte. Sin embargo, las críticas de Santa Fe y de otros sectores del transporte dejan en evidencia una clara división: mientras algunos ven en la desregulación una oportunidad para mejorar la competitividad y bajar costos, otros la consideran un riesgo que podría tener consecuencias graves en la seguridad, la estabilidad laboral y la calidad del servicio.

En un país donde las normativas y su cumplimiento ya generan constantes debates, la desregulación del transporte plantea la necesidad de un delicado balance entre la apertura del mercado y la preservación de un sistema que asegure no solo la competencia, sino también la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Solo el tiempo dirá si esta medida fue una decisión acertada o si, como advierten los opositores, terminará por desmantelar un sistema que, por más imperfecto que sea, hasta hoy ha funcionado bajo ciertos parámetros de control.

Lo que es indiscutible es que, como en muchos otros aspectos de la política nacional, la desregulación del transporte está marcando un punto de inflexión y está lejos de ser una reforma sin controversias.