Sesión en Diputados: el Gobierno consiguió los votos y avanzó con dos proyectos que generan alarma
El oficialismo consiguió en Diputados la media sanción de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Entre la flexibilización de controles, el blindaje de cargos y una oposición que acompañó las iniciativas económicas, la sesión dejó una fuerte discusión abierta sobre transparencia, controles institucionales y las prioridades del Gobierno.
NACIONAL
Por Camila Domínguez
8/27/20265 min read
El oficialismo consiguió avanzar con la Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Entre controles que se flexibilizan y cargos que se blindan, la jornada dejó más dudas que certezas.
Ayer, en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró lo que se había propuesto. Con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, consiguió la media sanción de la llamada Inocencia Fiscal II. Horas antes, ya había obtenido la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Dos medias sanciones en una misma jornada. Dos proyectos que, leídos con atención, dejan un sabor amargo y una sensación de que, una vez más, se avanza en direcciones que generan más dudas que certezas.
La molestia no nace solo del resultado numérico. Nace de lo que esas cifras esconden y de lo que esas normas habilitan. Porque no se trata únicamente de dos leyes técnicas. Se trata de decisiones que tocan el corazón de la transparencia, del control institucional y de la confianza pública.
Inocencia Fiscal II: menos límites, más preguntas
Empecemos por la Inocencia Fiscal II. El Gobierno la presenta como una herramienta para que los ahorristas saquen los dólares del colchón y los vuelquen al sistema formal. Según el relato oficial, se trata de confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos, de limitar el poder de persecución de ARCA y de sumar recursos a una economía siempre necesitada de divisas. Suena razonable. Hasta que se mira el detalle.
La nueva versión elimina los límites de ingresos y de patrimonio que existían en el régimen anterior. Cualquiera, sin importar cuánto gana ni cuánto tiene, puede declarar recursos sin mayores explicaciones sobre su origen. Se elimina la barrera que, al menos en teoría, restringía el beneficio a ciertos niveles. El resultado es un esquema mucho más amplio, casi sin techo. Y ahí aparece la pregunta que no encuentra respuesta cómoda: ¿cómo se garantiza que no se esté abriendo la puerta a un blanqueo permanente de fondos de dudosa procedencia?
La oposición lo advirtió durante el debate. Habló de riesgos ante los organismos de control del lavado de dinero. Señaló que no se trata de una simplificación tributaria real, sino de un mecanismo que debilita la capacidad fiscalizadora del Estado. El oficialismo respondió que se busca formalidad y que se excluyó a quienes ocuparon cargos públicos en los últimos cinco años. Pero la exclusión no se extendió a familiares. Y la memoria reciente todavía recuerda cómo el primer régimen terminó asociado a una lista de funcionarios y allegados que se acogieron al beneficio. Esa sombra no se borra con un cambio de nombre ni con un ajuste de redacción.
La bronca surge precisamente de ese contraste. Mientras se habla de confianza en el ciudadano común, la letra de la norma parece diseñada para facilitar el ingreso de recursos de quienes operan en escalas mucho mayores. Mientras se sostiene que se limita el poder extorsivo del organismo recaudador, se reduce de manera significativa la capacidad de preguntar y de controlar. El discurso dice una cosa. La norma permite otra.
La reforma del Banco Central y el funcionario atornillado
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central completa el cuadro. El Gobierno explica que busca acercar la economía argentina al modelo peruano: estabilidad monetaria aun en contextos de fragilidad política. La idea de blindar la política monetaria frente a los vaivenes del poder político puede tener argumentos técnicos serios. Nadie discute que la independencia del banco central es un valor importante. Pero lo que genera mayor inquietud es el mecanismo concreto que se eligió para consolidar esa independencia.
Según se desprende del proyecto, la reforma atornilla a un funcionario en el cargo de director de manera tal que su remoción se vuelve notablemente más difícil. No se trata solo de fortalecer la autonomía institucional. Se trata de blindar a una persona específica en una posición de enorme poder. Esa diferencia no es menor. Una institución fuerte no es lo mismo que un funcionario intocable. La primera se sostiene en reglas claras y controles recíprocos. La segunda se sostiene en la imposibilidad práctica de ser removido.
Cuando se combinan ambas medidas, el panorama se vuelve más preocupante. Por un lado, se facilita la declaración de recursos sin mayores controles de origen. Por el otro, se consolida una posición clave en el manejo de la política monetaria de forma que resulta muy costosa de modificar.
Todo esto ocurre en un contexto de fragilidad económica y de creciente malestar social. Y ocurre con el acompañamiento de sectores de la oposición que, cuando se trata de temas económicos de este tipo, encuentran razones para sumar votos, pero que muestran otra predisposición cuando se discuten iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar o a la emergencia en discapacidad.
Para algunas leyes aparecen los votos. Para otras, no
Ese contraste también duele. Ayer se vio con claridad. Mientras las dos iniciativas del oficialismo reunían los números necesarios, el intento de incorporar al temario proyectos que apuntan a aliviar la situación de muchas familias no logró avanzar. La diferencia de actitudes no pasa desapercibida. Genera la sensación de que hay temas en los que el sistema encuentra consenso con relativa facilidad y otros en los que el consenso se volatiliza apenas se toca el bolsillo cotidiano de la mayoría.
Nada de esto implica desconocer que el país necesita más formalidad tributaria ni que la estabilidad monetaria es un objetivo deseable. El problema no está en los enunciados generales. Está en el diseño concreto de las herramientas, en los controles que se debilitan y en los blindajes que se fortalecen. Está en la distancia entre lo que se dice y lo que efectivamente se aprueba.
Todavía falta el Senado
La media sanción no es la última palabra. Ambos proyectos deben pasar por el Senado. Todavía hay margen para el debate, para las modificaciones y para las exigencias de mayores resguardos. Pero lo ocurrido ayer ya dejó una marca. Dejó la sensación de que se avanzó rápido en direcciones que merecían más escrutinio. Dejó la impresión de que la urgencia por mostrar resultados legislativos prevaleció sobre la necesidad de construir normas más sólidas y más transparentes.
La bronca, en este caso, no es un grito descontrolado. Es una molestia profunda ante la reiteración de ciertos patrones. Ante la facilidad con la que se abren puertas a la declaración de recursos sin suficientes preguntas. Ante la decisión de consolidar cargos de alta responsabilidad de un modo que dificulta los contrapesos. Ante la distancia que vuelve a aparecer entre el discurso de la transparencia y las decisiones que se toman en el recinto.
El control institucional y la transparencia no son adornos. Son condiciones básicas para que las reglas del juego generen confianza real. Cuando esas condiciones se erosionan, aunque sea con argumentos técnicos bien presentados, la desconfianza crece. Y esa desconfianza, una vez instalada, cuesta mucho más revertir que cualquier media sanción.
Ayer se dieron dos pasos importantes para el oficialismo. Falta ver si esos pasos fortalecen realmente las instituciones o si, en el fondo, las dejan más expuestas. La respuesta no está en los números de la votación. Está en lo que esas normas permitan a partir de ahora y en la capacidad que conserve la sociedad de seguir preguntando, controlando y exigiendo explicaciones.